Fumigaciones: la Corte dejó sin defensa a más de mil escuelas rurales en Entre Ríos

Más de mil escuelas rurales entrerrianas han quedado desprotegidas de los nocivos efectos de las fumigaciones en los campos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidió rechazar un amparo presentado por dos entidades ambientales de la provincia para establecer una zona de no vaporización de al menos mil metros para el rociado terrestre y de 3 mil metros para el rociado aéreo. Con la decisión del máximo organismo judicial del país, ahora la línea de cobertura será de apenas 150 metros.

Como si fuera poco, los privilegios de la Corte Suprema se ponen nuevamente de manifiesto en este fallo. Como todo órgano que se maneja discrecionalmente y con actitud monárquica, no sólo se tomó cuatro años para dormir el amparo, sino que además decidió darlo de baja poniendo como argumento el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que reza: "La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia". Es decir, lo rechazó porque sí, sin intenciones de explicar por qué.

El debate en torno a los agroquímicos y su aplicación en zonas rurales cercanas a establecimientos escolares entrerrianos no es nuevo. Hace varios años que el Foro Ecologista y un grupo de docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer- vienen luchando para que se establezcan perímetros más amplios. No es una cuestión caprichosa: en más de una ocasión comunidades educativas enteras han sido literalmente fumigadas por aviones que sobrevuelan la zona tirando productos químicos. El más habitual, el glifosato. Esa batalla llevó a un recurso presentado en la Justicia, que tuvo eco en un juez de primera instancia que reglamentó los mil metros terrestres y los 3 mil aéreos. Las apelaciones de la Mesa de Enlace llevaron a que tuviera que expedirse el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que decidió en 2018 no quedar mal con nadie, como suele suceder cuando hay tantos intereses en juego: le dio lugar al pedido, pero le tiró la pelota al Poder Ejecutivo, para que reglamentara las distancias. En medio de un fuerte lobby de dirigentes rurales presionando con tractorazos y manifestaciones frente a la Casa Gris, el gobierno elaboró el Decreto 2.239, que puso como coto los 150 metros. Naturalmente la lucha judicial tuvo su curso hasta la Corte Suprema, que más de 1.200 días después decidió rechazar de plano lo solicitado, no dar explicaciones y dejar sin resguardo a estudiantes y docentes.

En el medio, se elaboraron y naufragaron diversos proyectos de ley para reemplazar una vieja normativa que regula el uso de fitosanitarios en la provincia. La iniciativa, impulsada en reiteradas ocasiones por el propio gobernador Gustavo Bordet, nunca tuvo unanimidad adentro de la Legislatura, ya sea por diferencias adentro del oficialismo como por la falta de acuerdo con referentes de la oposición, algunos de ellos encolumnados detrás del discurso que promueve el "uso responsable" de los químicos.

“En el fondo pensé que hasta último momento que iba a ser positivo, pero no fue así. Tuvieron tanto tiempo para decidir y en cinco líneas pusieron que no era importante. Hay un trasfondo, pero no sé cuál es. Si es que no les interesa la salud de los nenes o el agronegocio llegó hasta ahí”, indicó a El Destape Estela Lemes, docente de la Escuela “Bartolito Mitre” de Costa Uruguay –departamento Gualeguaychú- y una de las principales referencias en esta cruzada. Ella, luego de una larga batalla judicial, logró que el Estado le reconociera un tratamiento médico para cubrir las consecuencias en su cuerpo de haber sido rociada con agroquímicos. Le encontraron, en la sangre, un herbicida y un insecticida. Todo sucedió en 2006, pero en 2014 terminó detectándose una grave enfermedad por la exposición a los productos que se arrojan en los campos. Casi 10 años después, llamaba todas las semanas a la Corte Suprema para conocer si había novedades del fallo: “Me atendían en Secretaría, me decían que estaba para tratamiento, pero nada más. De repente, de un día, para el otro, salió ese fallo. Que es nada, un telegrama es más largo”. 

Pese a la decepción provocada por la sentencia de la CSJ, Lemes no bajará los brazos: “Lo que nos queda es ir a una corte internacional. Desde nuestro lugar esperábamos un fallo favorable. Hemos acudido a distintas instancias y vamos rebotando de juez en juez. No creo que sea tan difícil entender que no es bueno tirarles veneno a los niños de las escuelas. O son inescrupulosos o están del lado del lobby. Da mucha impotencia, porque en realidad me gustaría que se pongan en el lugar de quienes estamos a la buena de Dios en estas circunstancias”.  

Para el Foro Ecologista y Agmer la decisión del Poder Ejecutivo, plasmada en el decreto que establece 150 metros como distancias, no tiene un soporte científico. Aseguran, además, que la intención no es perjudicar el derecho al trabajo de los ruralistas ni prohibir las fumigaciones, pero sí establecer un marco normativo que cuide la salud de niños y adultos. Como si fuera poco, horas después del fallo arbitrario y sin argumentos de la Corte Suprema, se supo que la Escuela N° 51 "Sofía Clotilde Fernández" del Octavo Distrito en Gualeguay había sido rociada con agrotóxicos, lo cual obligó a que se suspendiera el inicio de clases. Aseguran que el aire estaba irrespirable. Luego de la noticia -publicada por el portal ERA Verde - un fiscal del Ministerio Público de ese departamento abrió una causa donde se investiga una posible violación del artículo 212 del Código Procesal Penal, que castiga los actos de violencia colectiva contra personas o instituciones. Un caso testigo más de algo que es, lamentablemente, casi habitual. “Hay una idea instalada, desde este fallo de la Corte, de que ahora sí se puede hacer lo que uno quiera. Y ahí están las consecuencias. Ciento cincuenta metros son nada. Un poco de viento y estás respirando veneno. Eso está pasando hoy, acá. Es increíble”, finalizó Lemes.

No fueron pocas las voces que se alzaron contra lo decidido por los supremos. La Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos "Basta es Basta" emitió un duro comunicado rechazando la decisión judicial. "Estamos ante derechos humanos y ante niñas y niños que deambulaban por pasillos de hospitales públicos para paliar sus cánceres y leucemias, niños y niñas a los que les pesan sus dolores y sufrimientos por el hecho de haber sido expuestos a sustancias químicas cuando acudían a la escuela a educarse, a jugar, a merendar, a socializar, a cantar, a correr, a pintar, hasta a soñar. Esos intereses superiores de niños silenciados no merecieron, ni siquiera la premura de esta CSJN para, al menos, dictar esa sentencia de formulario en días, en meses. No, se merecieron la espera de años”, indicaron.

En otro apartado, agregaron: "Esos cuatro años en los que la causa se alojó en alegóricos escritorios con mucho aire acondicionado, calefacción y buenos perfumes, implicaron que los niños que fueron analizados y a los que se les encontró atrazina, glifosato, endosulfán en su sangre, deban seguir expuestos a las mismas sustancias y que su daño genético sea mayor y no sea detenido para evitar su avance o enfermedades cancerígenas".  Para cerrar, desde la ONG advirtieron: "No claudicamos, reflorecemos".

En pocas palabras, como tuvieron ganas y no le parece relevante el tema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti rechazaron lo solicitado por las ONG que defienden la salud de alumnos y docentes rurales. Dieron así lugar -como es habitual- al agronegocio fumigador que devora hectáreas sin importarle nada. Lo que hasta ahora funcionaba como una barrera para que ruralistas no se excedieran en sus tareas, ha quedado reducido a una cuadra y media de distancia entre la vida y, en casos, convivir con una posible muerte. Todo más paradójico incluso si se agrega que el propio Lorenzetti se jacta de haber escrito libros ambientalistas y que hace días nada más, en el marco de un encuentro organizado por la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) que tuvo como consigna "El rol de las mujeres en la defensa del ambiente", arengó a las magistradas con un discurso donde aseguró ser un "luchador" contra la "concepción estrecha de lo ambiental" y donde llamó a pensar en un cambio de sistema político, económico y social. "Estamos ante un fin de ciclo. El modelo de desarrollo desde la Revolución industrial hasta ahora llego a un límite", subrayó. En la práctica, su acción dice otra cosa.

El Destape intentó comunicarse con la titular de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos para conocer su mirada sobre la problemática. La funcionaria señaló que no es un tema que maneje en profundidad y prefirió el silencio al respecto.