Escándalo: Bordet le entregó la matrícula a médico condenado por interrumpir un aborto legal

El ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos le concedió la matrícula para ejercer al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra. El doctor había forzado a gestar y a parir a una joven que había acudido al hospital público donde era jefe de servicio. A raíz de este hecho 80 organizaciones sociales y políticas le reclamaron al gobernador Gustavo Bordet y a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que de marcha atrás con la medida adoptada. 

Rodríguez Lastra está condenado a dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer la profesión en cargos públicos. La sentencia llevada adelante por la Justicia de Rio Negro fue confirmada, además, en marzo del 2020 por el Tribunal de Impugnación. En este mismo sentido, el propio ginecólogo también tiene un año y dos meses de prisión en suspenso. 

Con todos estos antecedentes detrás, el ginecólogo logró obtener la  matrícula N° 12.642, que le fue otorgada a Rodríguez Lastra por la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia. La matrícula, según se supo, tiene vigencia desde el desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025.   Rodríguez Lastra fue condenado a dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos luego de haber sido hallado culpable por impedir la práctica de un aborto legal en curso y obligar a gestar a una chica de 19 años que había sido víctima de una violación. 

Ante esta situación, más de ochenta organizaciones sociales se manifestaron contra el gobernador Bordet y contra el Ministerio de Salud de la Provincia. En la misiva se puede ver a ocho decenas de organizaciones feministas 80 organizaciones feministas, sociales, políticas, culturales y de Derechos Humanos de Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro que exigen al Gobernador y a las autoridades del Colegio Médico de Gualeguaychú  que “no se apruebe la afiliación del médico tocoginecólogo Leandro Javier Rodríguez Lastra”.

La noticia, que fue dada a conocer por el portal Entre Ríos Ahora, también sostienen que las organizaciones reclaman que  "el Estado entrerriano obre en consecuencia a las normativas a las que adhiere en materia de política pública- como la adhesión al protocolo ILE-".