En una acción conjunta, los gobernadores de Río Negro y Neuquén notificaron al Estado Nacional respecto de la gestión de concesiones hidroeléctricas en la región. La misiva contiene una férrea defensa de los recursos naturales de las provincias y buscando establecer un claro precedente. En definitiva, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa lo que buscan es ser parte de la discusión junto con Nación de las nuevas concesiones que se hagan en las centrales -donde ya se vencieron las administraciones anteriores-, como El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito.
El mandatario rionegrino envió una carta documento dirigida al Ministerio del Interior, sustentada en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos.
Por su parte, el gobierno de Figueroa envió carta documento al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia.
En proyecto de Ley de Presupuesto para este año que había presentado el Gobierno anterior, se preveía la creación de una empresa estatal para el sector hidroeléctrico. Se trata de Energías Hidroeléctricas S.A.U., una firma que dependerá de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) y, si avanza la iniciativa, se encargará de las represas del Comahue, cuyas concesiones por 30 años vencen en diciembre, lo que dejaba afuera a las provincias de la discusión.
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La misiva de los gobernadores refirió a los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Limay y Neuquén y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron reciente prorrogados. El foco de las intimaciones recae, precisamente, en el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.
Los gobiernos de Río Negro y de Neuquén exigen que el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias. Las notificaciones advierten que cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia. Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales.
Esta acción por parte de las provincias dueñas de los recursos naturales establece un importante precedente en la relación entre el poder central y las provincias en materia de gestión de recursos naturales. Asimismo, evidencia la firme determinación de proteger sus intereses y ejercer su autonomía en este ámbito crucial para su desarrollo y sustentabilidad. Los gobernadores aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con el Gobierno Central que respete los principios constitucionales y las competencias provinciales, en aras de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y promuevan un uso responsable de los recursos naturales en la región.
La prórroga
El entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa había presentado en el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 con una novedad para el sector energético. El artículo 78 del proyecto de ley prevé la creación de una empresa estatal para el sector hidroeléctrico. Se trata de Energías Hidroeléctricas S.A.U., una firma que dependerá de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) y, si avanza la iniciativa, se encargará de las represas del Comahue, cuyas concesiones por 30 años vencen en diciembre.
La energía hidroeléctrica representa entre un 10 y 15 por ciento de la matriz energética del país. La nueva empresa nacional será la encargada de las concesiones de las centrales hidroeléctricas Alicurá, operada por AES Argentina; El Chocón - Arroyito, que la lleva adelante la italiana Enel; Planicie Banderita (Cerros Colorados), concesión de la empresa Orazul Energy; y Piedra del Águila, de la compañía Central Puerto.
Este año vencen más concesiones de represas del país privatizadas en los primeros años de la década del 90, como las hidroeléctricas Nihuil (Mendoza), Agua del Toro (Mendoza) y Río Hondo (Santiago del Estero). En 2025 vencen las concesiones de las centrales Futaleufú (Chubut) y Cabra Corral (Salta). En 2026 culminan los contratos de concesión de Ullum (San Juan) y El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (Tucumán).
En 2029 vence la central Pichi Picún Leufú (Neuquén) y en 2044 (único contrato de concesión de 50 años) termina el plazo de la hidroeléctrica Florentino Ameghino (Chubut). La entonces secretaria de Energía, Flavia Royón, ya había anunciado la voluntad del gobierno de crear una firma estatal para administrar las centrales hidroeléctricas. La novedad es que ahora esa idea está plasmada en el proyecto de Ley de Presupuesto 2024: “La administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por Energías Hidroeléctricas, dependiente de Energía Argentina”, señala el artículo 78 enviado al Congreso por Sergio Massa. La compañía Enarsa “podrá comercializar la energía eléctrica producida”, añadió.
En tanto, de aprobarse, la nueva empresa Energías Hidroeléctricas “tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones” y realizar “actividades complementarias que resulten necesarias tales como estudios, proyectos, construcciones, renovaciones y ampliaciones de los bienes revertidos al Estado Nacional”. El objetivo, aclara el texto, es “asegurar la plena operatividad de las centrales, la continuidad de los servicios y el correcto funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios”.
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