El pico de casos de coronavirus y el aumento exponencial de las muertes se convirtieron en una de las principales preocupaciones, sobre todo ante la posibilidad de un colapso del sistema sanitario, variable que incluye camas disponibles pero también la situación de estrés y condiciones de trabajo de los profesionales de la salud.
Según una encuesta de Analogías, más del 61% de los argentinos está de acuerdo con endurecer la cuarentena si la capacidad de los sistemas de atención llegara a un tope. El problema radica en que no sería necesario esperar a que eso ocurra para volver a aumentar las restricciones, dado que sería una situación límite. El dato es alarmante ya que el 68,4% considera que ese escenario está próximo y es la principal preocupación de los argentinos, por encima del desempleo o la inflación.
Uno de los datos más llamativos a la hora de analizar las flexibilizaciones, fiestas clandestinas o reuniones sociales, es que casi la mitad de los encuestados considera que no se va a infectar, ni ellos ni sus familiares. El 43,4% aseguró que las chances de que eso ocurra son pocas o nulas, algo que no se condice con la percepción respecto al aumento de casos.
El 73,9% considera que las infecciones de coronavirus aumentarán "mucho" o "bastante" en los próximos días. Al cruzar este dato con la respuesta anterior (que ellos no tienen chance de contagiarse), se entiende que el resto de la sociedad contraerá el virus pero no los encuestados o sus familiares.
Esos porcentajes pueden explicar la aceptación y uso de las flexibilizaciones (o violación de las restricciones aún vigentes). Una acción validada por los funcionarios aperturistas y ciertos medios de comunicación, que no son tan bien vistos por la sociedad. La grieta se manifestó en la percepción que tiene la sociedad sobre los programas informativos. Si bien la mitad consideró que informan con responsabilidad, más del 42% entendió todo lo contrario dado que muchos difundieron un mensaje vacío de responsabilidad.
Fuerte aceptación al Gobierno
Más allá de las operaciones anticuarentena y antiGobierno, la gestión de Alberto Fernández mantiene una alta aceptación al igual que las medidas sanitarias adoptadas para hacer frente al coronavirus y ayudar económicamente a la ciudadanía.
Dos de los temas que generaron rechazo en la oposición fueron el proyecto de ley para gravar por única vez a las grandes riquezas, denominado aporte solidario extraordinario, y el DNU que declaró servicios públicos a la televisión por cable, Internet y telefonía celular. Pese a los esfuerzos de los medios hegemónicos y dirigentes políticos, la sociedad aceptó ampliamente ambas medidas.
Según esta encuesta, el 64,1% está de acuerdo con el impuesto a las grandes riquezas y el 59,7% consideró que debería ser anual y no sólo extraordinario, como plantea la iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados.
En cuanto a los servicios de telefonía celular, Internet y televisión por cable, para el 76% de los encuestados son servicios esenciales y entre el 75% y 80% analizó como apropiada su declaración como servicio público y el congelamiento de tarifas.
Cerrar sesión