La consultora Zubán - Córdoba publicó la primera encuesta tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Según el trabajo de opinión pública, en aras de un shock económico estabilizadador, los encuestados rechazaron un ajuste en prestaciones sociales y se expresaron a favor del castigo a la evasión fiscal, la reducción de los subsidios a las grandes empresas y la reducción de los planes sociales.
El trabajo de opinión pública, realizado en junio a nivel nacional, inquirió sobre cuál sería la conformidad respecto a posibles medidas qué debe implicar un eventual shock económico para estabilizar la situación económica. Los consultados se manifestaron en un 63% muy disconformes en pagar un cien por ciento más de impuesto a las ganancias. Del mismo modo, se expresaron por la negativa en un 82,9% respecto a un recorte del 20 o 30% del salario o ingresos mensuales.
Mas rechazo hubo ante la posibilidad de que se recorten jubilaciones (88,4%) y se reduzca el acceso a la salud pública (73,2%) y, en menor medida, subas en las tarifas de energía del 200%. Esta última opción cosechó un 54,5% y tuvo como contraparte un respaldo a la respuesta "algo conforme" del 22,6% de los encuestados.
También recibieron la respuesta "muy disconforme" la posibilidad de una reforma laboral que facilite el despido de empleados en relación de dependencia (52,4%) o se suspendan por un tiempo las indemnizaciones o beneficios como el aguinaldo (67,7%). Ambas opciones son mencionadas por dirigentes de Juntos por el Cambio, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.
Por el contrario, los encuestados se expresaron por la opción "muy conforme" si el shock económico implica que se castigue drásticamente la evasión fiscal de las grandes empresas (75,7%), se reduzcan los subisidios a las grandes empresas privadas (56,8%) y se recorten drásticamente los planes sociales (47,1%).
Según explicaron desde Zubán - Córdoba, afirmaron que se propusieron en el informe de julio "volver a revisar lo que en un informe anterior llamamos 'las contradicciones argentinas', vinculadas sobre todo a cuestiones económicas e ideológicas. Ya en ese momento veíamos que, aunque una mayoría parecía aceptar la idea de posibles políticas de shock económico, esa misma mayoría prefería luego que el Estado mantenga o incluso aumente su nivel de gasto en la mayor parte de las áreas de gobierno".
"Aunque un 64% afirma que el próximo gobierno debería aplicar medidas de shock, ese porcentaje disminuye drásticamente cuando se les pregunta si ese shock implica que deberían sufrir un recorte en sus ingresos, un aumento en sus impuestos o una pérdida de derechos laborales. En Argentina, el ajuste debería recaer siempre en el otro", explicaron.
En cuanto a los items en los que hubo consenso, (la reducción de los planes sociales, la reducción de los subsidios a las grandes empresas y el castigo a la evasión fiscal), señalaron que es "un punto crítico sobre el que quizás la política debería reflexionar: ¿Por qué hablamos tanto del gasto social y no sobre el gasto del estado que va a las grandes empresas?. Hay debates ideológicos al respecto que deberían ser abordados", concluyeron.
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