En los últimos años Argentina ha experimentado una serie de acontecimientos políticos y económicos difíciles con consecuencias negativas sobre la vida de las personas y la proyección del futuro. A los cuatro años de políticas regresivas del gobierno de Mauricio Macri y la deuda contraída por el Estado argentino con el FMI, se acopló la aparición intempestiva de la pandemia del coronavirus con sus devastadores efectos sobre la economía y los niveles de pobreza. Y si algo faltaba, se suman los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha producido niveles inéditos de inflación a nivel global que en Argentina impactan principalmente en los precios de los alimentos y la energía.
Si bien cada una de estas problemáticas responde a múltiples causas y atraviesan diferentes dimensiones sociales, se puede observar que tienen un punto en común que las convierte en un contexto perfecto para que los sectores concentrados obtengan ganancias. Justamente fue el economista y pensador liberal Milton Friedman, fundador de la Escuela de Chicago, quien describió esta característica del capitalismo contemporáneo: “Solo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo depende de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”.
La periodista canadiense Naomi Klein, en su obra “La Doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre” (2007) analiza cómo las experiencias traumáticas o fuertemente disruptivas son históricamente aprovechadas para instalar en el sentido común y en el plano de las ideas una necesidad de aplicar doctrinas de ajuste, la reducción del presupuesto en áreas sociales, el achicamiento del Estado, y la eliminación de derechos sociales y económicos recientemente adquiridos. En el llamado “capitalismo del desastre”, cada tragedia o crisis económica social es considerada una oportunidad para implementar reformas económicas y sociales regresivas de carácter urgente.
La situación que atraviesa la Argentina, si bien no se asemeja a lo ocurrido en 2001 en términos institucionales, despierta un cierto espíritu antipolítico alimentado por el fogoneo constante de los medios de comunicación y una oposición irresponsable. La semana pasada la presidenta del PRO Patricia Bullrich participó de un acto político en el Centro de Convenciones del Hotel Amerian de Puerto Iguazú, Misiones, junto a las figuras de la oposición provincial. En dicho contexto dijo: “Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos volvió a dar la Argentina” y exigió “un proyecto de cambio, fuerte, convincente, valiente, con coraje”. Además planteó la aplicación de “doctrina de shock” con “fuertes primeras medidas” que, sin embargo, nunca detalló.
Esto se potencia en el marco de una fuerte crisis de representación que afecta a los partidos políticos tradicionales, a las instituciones en general, y al rol del Estado como ordenador pleno de la dinámica social de una país. Una de las principales consecuencias es la pérdida de poder y eficacia para generar consensos, sostener el liderazgo presidencial y en general administrar el poder político.
El relato que se ha consolidado como hegemónico sobre el clima de época hace foco en la necesidad de las personas de un cambio radical, un cambio profundo en el rumbo del país, o la bandera del famoso “volantazo para enderezar” la economía. Sobre estas imágenes se desarrolla la última encuesta de la consultora Zuban Córdoba, que fue realizada entre el 27 y 29 de junio a 1600 personas mayores de 16 años a través de un cuestionario online. El estudio analiza la percepción de lxs argentinos sobre la realidad política nacional, teniendo en cuenta las particularidades y complejidades de nuestro país.
“No es ningún secreto que gran parte de la política está pensando en un shock de estabilización para ordenar la macroeconomía – dice el documento de la consultora- A partir de nuestro estudio, se hace evidente que gran parte de la sociedad piensa en esa misma dirección, pero empieza a dudar cuando es confrontada con la posibilidad de que ese shock la afecte directamente. Posiblemente, estemos ante la evidencia de una ausencia de paciencia como nunca antes en la historia”. Las cifras sobre este punto son llamativas: el 64,7% de lxs encuestados afirmó que el próximo gobierno debería aplicar medidas de shock para toda la sociedad; mientras que el 24,1% eligió medidas gradualistas consensuadas con toda la sociedad.
Sin embargo surgen contradicciones cuando se pregunta sobre adónde deberían apuntar esas políticas. “Aunque un 64% afirma que el próximo gobierno debería aplicar medidas de shock, ese porcentaje disminuye drásticamente cuando se les pregunta si ese shock implica que deberían sufrir un recorte en sus ingresos, un aumento en sus impuestos o una pérdida de derechos laborales. En Argentina, el ajuste debería recaer siempre en el otro”, señala el texto de la consultora.
En términos cuantitativos el 63,5% respondió que no estaría de acuerdo con que el shock implicara el aumento del impuesto a las ganancias; el 82,9% aseguró estar disconforme con la posibilidad de un recorte en los ingresos; el 88,4% de lxs encuestados dijo estar muy en disconformidad con el recorte de jubilaciones; por otro lado 52,4% de las personas se mostraron en contra de una reforma laboral que facilite los despidos; el 67,7% indicó estar disconforme con que se suspendan las indemnizaciones o los beneficios como el aguinaldo; y el 54,5% se mostró en desacuerdo con el aumento de tarifas de gas y luz. La pregunta es entonces “¿Qué tan dispuestos están lxs argentinos a que un shock impacte en sus vidas?”.
La tendencia cambia cuando se pregunta por políticas de shock que afecten a los extremos de la pirámide social: el 47,1 % dijo estar muy conforme con la idea que se reduzcan drásticamente los planes sociales; y el 56,8% apoyó la iniciativa de reducir los subsidios a las grandes empresas privadas. Esto podría estar relacionado con el componente identitario de pertenencia a la clase media que está conformado por categorías de pensamiento, aspiraciones y estilos de vida, y no solamente por el tipo de empleo, niveles de ingresos, o pertenencia partidaria. El humor social de este sector funciona como el termómetro social de la opinión pública y mide el efecto de los cimbronazos de la economía.
Paradójicamente, si bien parece estar instalada y hasta naturalizada la necesidad de políticas de shock económico, la mayoría de lxs encuestados asegura que el Estado debe mantener o aumentar la inversión en áreas que el neoliberalismo tiende a desjerarquizar y/o privatizar. A la pregunta por cómo se debería distribuir el gasto contestaron lo siguiente: un 25,2% debería ir educación; 21,3% a salud; 20,6% para jubilaciones; 14,8% en obra pública; 13,5 para ciencia y tecnología; y 4,6 % para planes sociales.
Lo que queda en evidencia es que se ha instalado la doctrina del shock como salida posible a la crisis actual, pero pareciera no existir un significado compartido o una idea única de lo que eso implica en términos reales y cuáles son los efectos sobre la vida de las personas. Por el contrario, la mayoría de lxs argentinos sostienen como necesarias políticas públicas inclusivas y políticas públicas volcados a garantizar los derechos básicos de las personas.
El estudio también hace un sondeo de la "potencialidad de voto" y consulta la posibilidad de, ante una elección, elegir entre una serie de referentes. Llamativamente Patricia Bullrich acumula una potencialidad de 44,4% y se erige como la dirigente opositora con mayor intención de voto de Argentina. En segundo lugar aparece Horario Rodríguez Larreta con 39,9%. Del oficialismo quien encabeza la potencialidad es Cristina Fernández de Kirchner con 37%.
A un año de las elecciones, no cabe duda que el Gobierno nacional debería tomar nota y recoger el guante de las consecuencias de la indecisión política. Sobre todo teniendo en cuenta que las fuerzas de derecha se van enfocar en explotar los efectos de la crisis y la idea de la necesidad de un cambio drástico. Cabe preguntarse si, ante el espíritu de incertidumbre generalizado, el Gobierno podrá articular un programa de gobierno tranquilizador y favorable a las mayorías, y una estrategia de comunicación que exponga las falacias y promesas de cambio de la revolución de la alegría que más que corregir lo malo y mantener lo bueno, buscará destruir las bases sociales para condicionar a los próximos gobiernos.
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