"No tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral, lo que no queremos es la destrucción de los gremios", planteó el integrante de la mesa chica de la CGT y secretario de los estatales Andrés Rodríguez en la reunión anual de la AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Junto al co-secretario general Héctor Daer, los jefes sindicales se preocuparon en mostrar una cara amable ante los empresarios, pero subrayaron su posición contraria a la supremacía de los convenios por empresa que propuso el presidente Javier Milei en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias. Si bien se quejaron de que desde el Ejecutivo se pusiera un techo a las negociaciones paritarias, parecieron distantes de la propuesta del otro co-secretario general, Pablo Moyano, quien viene insistiendo en convocar a un nuevo paro general en abril. "Creemos en la construcción de consensos", remarcó Daer. Las medidas de fuerza, por ahora, son sectoriales.
En el primer tramo de la gestión libertaria a la CGT le correspondió un rol preponderante de resistencia, principalmente por la reforma laboral incluida en el mega DNU. Hubo una marcha a Tribunales, seguida por un contundente paro general y movilización el 24 de enero. En paralelo, las cautelares presentadas en el fuero laboral resultaron exitosas y consiguieron que la Justicia declarara nula la reforma improvisada en el decreto. Rodríguez reveló el martes que la central había mantenido a poco de iniciado el gobierno una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien se había salido del encuentro con una reforma laboral consensuada en un 90%. "Pero en el DNU apareció otro texto. A partir de ahí, no nos llamó nadie más", confesó.
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Para una conducción sindical acostumbrada negociar con todo tipo de gestiones, la ausencia de interlocución llevó a que hasta los más dialoguistas se pintaran la cara con la administración libertaria. El paro de enero tuvo un consenso general, pero luego hubo diferencias en cuanto a la velocidad que debía imprimirsele a la protesta. Por un lado, porque la reforma laboral contenida en el decreto había sido desbaratada por la Justicia. Por el otro, porque la política desreguladora del Ejecutivo en materia de salud finalmente no resultó tan perjudicial para las obras sociales como imaginaron en un primer momento.
Además, hay mayoría de la mesa chica cegetista - en sintonía con lo que piensan Cristina Kirchner y Sergio Massa- que creen que el Gobierno todavía cuenta con un cuota importante de respaldo por lo que deben dosificarse las medidas y esperan que el clima social se agriete durante marzo y abril. Otros creen que hay que acelerar. "Ya lo dije, en abril tiene que haber alguna medida contundente", insistió Moyano en diálogo con El Destape Radio. Planteó que si no era un paro general, debería hacerse una movilización en todas las plazas del país.
Aunque enarbolaron la bandera blanca del diálogo, Daer y Rodríguez criticaron la política antisindical del Gobierno. "No somos enemigos de los empresarios, todo lo contrario", aseguró Rodríguez. Replicaron dos puntos medulares del mensaje de Milei del 1 de marzo. Uno, lo que dijo respecto a que los convenios por empresa estarán por encima de los convenios colectivos del sector. El secretario de UPCN buscó persuadir a los empresarios de lo contrario al sostener que los convenios por empresas eran más fáciles de ser "copados ideológicamente" y que les resultaría mucho más sencillo llegar a un acuerdo con las negociaciones por sindicato, como hasta ahora.
Segundo, el planteo de Milei respecto a que las autoridades sindicales se voten periódicamente y con supervisión de la justicia electoral. Los representantes de la central obrera detallaron las diferentes instancias electivas que tienen en cada gremio, más que en otros sectores de la vida social. Por ejemplo, con la elección de delegados cada dos años. "Estamos amparados por la ley", detallaron.
Más allá de estas claras diferencias con la línea antisindical que sostiene el Ejecutivo, aseguraron estar dispuestos a sentarse a discutir una reforma laboral pero que nos busque la destrucción de los gremios. Es decir, se mostraron abiertos a un canal de diálogo más allá de la intransigencia oficial. Milei despidió por televisión al secretario de Empleo, Omar Yasin, que buscaba funcionar como vínculo entre el Ejecutivo y los sindicatos. En su lugar designaron a Julio Cordero, un abogado laboralista del Grupo Techint y la UIA, que obviamente llevará a la cartera la mirada de los empresarios.
Mientras esperan que la paciencia de la gente con el Gobierno se agriete, buscarán exhibirse abiertos a las propuestas de estos tiempos de repliegue. En paralelo, irán acompañando a los sectores directamente afectados por las políticas libertarias. La UOM comunicó que habrá paro este miércoles y jueves tras un nuevo fracaso de la reunión paritaria. "Desde el mes de diciembre pasado el sector empresario se niega a reconocer incrementos salariales que acompañen el índice de inflación”, comunicó el sindicato que encabeza Abel Furlán.
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