El presidente Alberto Fernández encabezará este jueves la presentación de un plan para promocionar el trabajo registrado en el sector agropecuario y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales. El beneficio alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios que representan a un tercio del total de los trabajadores asalariados en uno de los rubros con mayores niveles de informalidad.
El objetivo de la medida oficial será compatibilizar la percepción de distintos planes y programas sociales o de empleo con el trabajo registrado. El anuncio está previsto para las 10.30 en Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
Desde el gobierno explicaron a El Destape que se trata de una herramienta para combatir el mito de que de los trabajadores rurales prefieren trabajar en la informalidad para no perder su derecho a programas como la Asignación Universa por Hijo (AUH). Se supone que con esta iniciativa, pensada desde la seguridad social, mejorarían las condiciones laborales de miles de trabajadores y, al mismo tiempo, los empleadores ya no tendrían excusas para no ofrecer empleos formales bajo convenio.
Según un relevamiento realizado en 2019, previo a la llegada de la pandemia, por el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) la informalidad en el sector llegaba al 83%. Es uno de los sectores más afectados por la falta de derechos laborales junto al de trabajadoras de casas particulares.
A partir de ahora, por decisión del gobierno nacional, se establecerá una garantía para que los titulares de asignaciones universales que sean contratados “en blanco” puedan mantener los beneficios no contributivos que les correspondan, y se les asegurará como mínimo el monto equivalente al 100 por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social, según informaron.
Además del mejoramiento de las condiciones de protección social de los trabajadores, la medida apunta también a fortalecer el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales, sector que emplea el 70% de la mano de obra rural.
Los empresarios agropecuarios también solicitaban una medida de estas características con el argumento de que la asistencia social desincentiva a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado.
Por otra parte, en los últimos días de julio los trabajadores rurales lograron un aumento salarial por encima del 48 por ciento, en un acuerdo alcanzado con los empresarios en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Desde el 1 de agosto, el salario del peón general de campo llega a los $51.660 y alcanzará los $59.450 desde octubre.
El secretario General de la UATRE, José Voytenco, destacó en un comunicado que el aumento por encima de la pauta que rige las discusiones salariales de este año “es un avance en el camino que hemos emprendido de recuperación del salario de nuestros trabajadores y trabajadoras, que son considerados esenciales a la hora de producir los alimentos y las divisas que el país necesita, pero que merecen el reconocimiento en sus ingresos a partir de la bonanza del sector, el cual no ha parado de trabajar y producir durante todo este tiempo de pandemia".