La ministra de las Mujeres Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, alertó sobre la situación de las mujeres mapuches detenidas en un desalojo en Villa Mascardi, realizado por Gendarmería y Policía Federal.
"La situación es sumamente preocupante", señaló la Ministra hoy en diálogo con AM750, y contó que habían detenido a siete mujeres indígenas, de las cuáles una era líder espiritual de la comunidad. Además, dos de ellas estaban con sus hijos, de un mes y de cuatro mientras -agregó- otra de ellas mujeres está embarazada de 40 semanas y con presión alta.
En ese marco, afirmó que desde su cartera presentaron el miércoles "un escrito judicial en la causa, haciendo saber el riesgo de vida que corría esta mujer embarazada, que se llama Romina, y la preocupación que eso conlleva"
“Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho", lanzó, en referencia a la jueza federal Silvina Domínguez.
En ese marco, la funcionaria cuestionó el traslado de cuatro mujeres, dictaminado por la jueza, a la cárcel de Ezeiza porque en teoría no había cárcel de mujeres en la zona de Villa Mascardi. "Es un hecho gravísimo porque las enviaron a 1.500km de donde viven, sin haber tenido contacto con un abogado, una abogada, sin haber tenido contacto con nadie", dijo y agregó: "Y lo más grave es que aún hoy no se sabe qué es lo que se les imputa", protestó.
En ese marco, Gómez Alcorta explicó que la coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) del Ministerio "fue ayer a la noche al hospital para explicar que una jueza no puede disponer sobre una Ley vigente, la de parto respetado, para no dejar entrar a la partera. Imaginen la situación y lo que estará viviendo esa mujer”
Fue así que la funcionaria, explicó que el Ministerio no es "parte del expediente judicial" ni "del proceso", sino que la función de la cartera "es resguardar a todas las mujeres, y en este marco, nos preocupamos particularmente por las mujeres que viven en nuestro país y que padecen violaciones a sus derechos humanos, y estamos ante un caso de esas características".
Según se indicó desde el Ministerio, la cartera tenía estipulado presentar un nuevo escrito judicial en el que se manifestará la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trasladadas a Ezeiza y de sus familiares en virtud de lo sostenido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “López contra el Estado argentino” del 25/11/2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia donde residen.
Trasladaron a cuatro mujeres mapuche al penal de Ezeiza y denuncian arbitrariedades
Tras el operativo de desalojo en Villa Mascardi, Río Negro, siete mujeres de la comunidad mapuche fueron detenidas junto a sus hijos y llevadas a una dependencia de la la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Bariloche. Este miércoles por la noche, la jueza federal Silvina Domínguez ordenó el traslado de cuatro de ellas al penal de Ezeiza. Las otras detenidas permanecen alojadas en instalaciones de la PSA por ser lactantes. En tanto que una de ellas, que se encontraba transitando un embarazo de 40 semanas, fue internada en las últimas horas.
Organizaciones sociales denuncian violación a los derechos humanos. El Destape se intentó comunicar con el Ministerio de Justicia, pero no obtuvo respuestas. Más temprano, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había dicho que el operativo de desalojo se preparó una semana antes para "poder resolver el tema de la usurpación sin armas letales", en tanto que resaltó que las detenciones fueron definidas por la Justicia.
"Hay una deuda del Estado en general, en primero lugar por la inexistencia de una política integral para atender los reclamos históricos y en muchos casos centenarios de las comunidades indígenas aún cuando muchos de estos reclamos fueron recogidos por la propia constitución nacional y leyes que se dictaron en los últimos 30 años y no vienen siendo cumplidos. Ahí hay un primer problema y es el núcleo porque es el propio Estado que no cumple con las normas que se pone", sostuvo el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Manuel Trufó.
Enfatizó que puntualmente la responsabilidad que le compete al ministerio de Seguridad tiene que ver con el abandono de una política de generar mesas de diálogo para resolver estos conflictos con los pueblos indígenas. "Esas mesas habían generado una situación de desescalamiento de la violencia y en cuanto se descontinuó esa política volvió a escalar la violencia", remarcó.
Según el documento del juzgado federal de Bariloche, el traslado de las últimas horas estuvo a cargo de una comisión conformada por personal de la Policía Federal y alegó que “no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres” en Río Negro. Se trata de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera. Por una apelación de la defensa, Betiana Ayelén Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil continuarán en la provincia rionegrina. Dos de ellas son lactantes. Las mujeres se encuentran con sus tres niñes de entre 4 a un mes y un recién nacido.
En tanto, Romina Rosas, la mujer que se encuentra transitando un embarazo de 40 semanas, se encontraba asistida hasta la noche del miércoles en Río Negro. Según supo El Destape, la joven está a punto de dar a luz.
La detención de las mujeres mapuche fue tras el operativo policial, con un despliegue de cuatro fuerzas de seguridad, que se realizó en Villa Mascardi, donde se encuentra instalada la Comunidad Lafken Winkul Mapu.
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