El presidente de la Nación, Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de ley para la eliminación de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO). Según trascendió, este expediente se trataría en sesiones extraordinarias, ya que el año legislativo concluye el 30 de noviembre.
En rigor, el Ejecutivo envió dos expedientes: el primero, (0022/PE/2024) denominado “Reforma para el fortalecimiento electoral”, propone en su primer título "la eliminación del régimen de PASO, a efectos de que la ciudadanía deje de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida y que los partidos políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado nacional".
"El segundo título modifica el régimen de financiamiento de los Partidos Políticos y, a fin de distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido, establece un régimen que elimina el aporte público para campañas electorales y permite un verdadero despliegue del financiamiento por parte de los privados", señaló el proyecto.
Por otra parte, el segundo proyecto (0021/PE/2024) "propone reconfigurar el régimen de reconocimiento de la personalidad jurídica de los partidos políticos, adoptando criterios acordes a los parámetros internacionales en la materia". Según había adelantado el vocero presidencial, Manuel Adorni, esto busca eliminar los "sellos de goma".
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El proyecto denominado “Reforma para el fortalecimiento electoral” propone en su artículo 2, propone: "Derógase el Título II - Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias- y sus respectivos Capítulos de la Ley N° 26.571 y sus modificatorias".
"El fracaso ha sido doble. No solo no se le otorgó un rol central a la ciudadanía a la hora de definir candidaturas, sino que se terminó por desgastar a los votantes mediante el establecimiento de un calendario electoral que puede llegar a prolongarse hasta por el término de seis meses", señaló el proyecto en sus considerandos.
"Todo lo desarrollado en los presentes fundamentos cobra una nueva dimensión, además, cuando se toma en consideración el gasto desproporcionado que representa la celebración de las PASO para las arcas del Estado nacional, es decir, para todos los argentinos", remarcaron.
Y acotaron: "En un contexto en el cual ya se ha explicado de manera reiterada lo indispensable de trabajar por lograr el equilibrio fiscal y lo imperioso de cuidar las cuentas públicas para poder lograr un crecimiento económico sostenido, el gasto que significan las PASO para el Estado nacional no solo luce como un despropósito, sino que, a la luz de todo lo expuesto previamente, deviene injustificado si se tiene en cuenta lo ineficiente que ha sido este mecanismo de primarias para lograr sus objetivos".
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En cuanto a la reforma de la financiación de los partidos, el proyecto señala que el Estado nacional "no tiene otro rol que cumplir con los mandatos establecidos en la Constitución nacional que lo consagran como garante de la actividad partidaria, y generar las condiciones necesarias para que los Partidos Políticos se desenvuelvan con completa libertad dentro los límites establecidos por la ley".
"En ese orden de ideas el presente Proyecto de Ley propone un reordenamiento y un cambio de paradigma en lo que hace al gasto público en materia electoral para que el ESTADO NACIONAL pueda contribuir al sostenimiento económico de las actividades de los Partidos Políticos de un modo que resulte transparente y eficiente para toda la sociedad", señalaron.
Luego, se señala que el expediente "busca habilitar a los Partidos Políticos para que recauden y gasten las sumas que ellos estimen convenientes, pero siempre en un marco de transparencia y de un modo tal que le permita al conjunto de la sociedad tener una noción clara respecto de cómo se obtienen los fondos y cómo se utilizan".
"A esos fines, mediante el mecanismo de control propuesto en este Proyecto de Ley se prohíbe que los Partidos Políticos reciban aportes de personas procesadas por actividades vinculadas con el lavado de activos, el narcotráfico y la financiación del terrorismo, y también se establece una plataforma pública en donde deberán figurar todos los aportes privados que reciben los Partidos Políticos, debiéndose exigir en todos los casos la presentación de una declaración jurada previa a la realización del mismo", se acotó.
Respecto al segundo proyecto, busca "elevar levemente el porcentaje de afiliaciones requerido para constituir un partido político de distrito del CERO COMA CUATRO POR CIENTO (0,4 %) actual al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %), pero aumentando el tope desde UN MILLÓN (1.000.000) a DOS MILLONES (2.000.000) de electores".
"De este modo, el porcentaje efectivamente requerido en los distritos más poblados tenderá a asemejarse a aquel requerido en el resto de los distritos", se indicó.
En el caso de los partidos nacionales, "se proyecta elevar de CINCO (5) a DIEZ (10) el número de distritos necesarios para alcanzar el reconocimiento como tal" y "se incorpora como exigencia el contar con un mínimo del CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1 %) de los afiliados del Registro Nacional de Electores"
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En ese marco, el proyecto busca "recuperar el objetivo" de "reservar la personería jurídica para aquellos partidos políticos que demuestren contar con cierto nivel de representatividad de acuerdo con los votos obtenidos".
En el caso de las alianzas, se proyecta que los partidos que la conformen "deben acordar al momento de su constitución qué proporción de los votos recibidos por la alianza se adjudicará a cada uno de sus integrantes, a los efectos de establecer el cumplimiento del requisito de votos necesarios para evitar la caducidad".
"De igual modo que en la legislación vigente, los partidos integrantes de una alianza acuerdan cómo atribuir los porcentajes de votos obtenidos para la posterior distribución del financiamiento público, así también establecerán cuál es el porcentaje de votos del total recibido por la alianza que corresponde a cada integrante", concluyó.
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