Rosatti, un CEO de la Corte

El CEO no es el dueño de la empresa sino alguien designado por los accionistas para administrarla. Tiene márgenes de acción y decisión, pero su objetivo es garantizar ganancias para los verdaderos dueños. Ayer Horacio Rosatti demostró que es el CEO de la Corte. Dio un discurso ante otros CEOs de empresas de Estados Unidos con negocios en la Argentina y les aseguró que nuestra Constitución tiene como modelo económico el capitalismo (algo que no dice) sin mencionar ninguno de los derechos sociales que incluye e incluso criticó la emisión monetaria. Luego volvió a su despacho en el 4to piso del Palacio de Tribunales y con el mismo ninguneo al texto constitucional suspendió elecciones en dos provincias cinco días antes que se realizaran. La visita a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y los fallos de la Corte tienen más puntos en común de lo que parece.

Rosatti es CEO. No es dueño de la Corte Suprema SA pero sus accionistas, los que tienen poder sobre sus decisiones, confían en él para dirigir el negocio. Es un puesto clave: desde la cúspide del Poder Judicial se conduce el lawfare, que no es una cuestión jurídica sino económica. El lawfare significa la imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos. La táctica son las causas, las condenas, las proscripciones, ahora la suspensión de elecciones para apuntalar a los candidatos del establishment empresarial; la estrategia tiene como beneficiario final a los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan los alimentos, los servicios, las telecomunicaciones, los medicamentos, el alquiler. Esas mismas que lo aplaudieron en AmCham y cuya expresión partidaria son los que festejaron enseguida la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan porque se preveía un triunfo del peronismo en ambas.

La Corte Suprema SA, que preside Rosatti, tiene otros dos miembros que celebran públicamente el statu quo económico: Carlos Rosenkrantz, que asegura que su rol es ponerle un freno al populismo (es decir, al peronismo) y que detrás de cada necesidad no hay un derecho; y Ricardo Lorenzetti, durante años titiritero del lawfare mientras se reunía con empresarios para tranquilizarlos, entre otras cosas, respecto a la jurisprudencia del tribunal sobre los empleados que tengan tercerizados. Juan Carlos Maqueda, designado en 2002 por el senador en ejercicio de la presidencia Eduardo Duhalde, no habla en público.

Ante los empresarios, Rosatti argumentó que la Constitución tiene un programa económico que es el capitalismo. Esa palabra, vale aclarar, no figura en la carta magna, que habla más bien de progreso económico con justicia social. El CEO de la Corte agregó que “capitalismo significa 3 cosas, como todos sabemos: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia”. Y detalló que esos elementos están en la Constitución en los artículos 14, 19 y 42, sumado a otros como el 75 inciso 23 que dice que la competencia tiene que ser en base a igualdad de oportunidades y el 17 que habla de la expropiación cuando es fundada en una ley.

Lo notable es que en su enumeración de artículos constitucionales en AmCham el presidente de la Corte omitió deliberadamente el 14 bis, que dice: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. No era eso lo que querían escuchar los empresarios, y menos los de AmCham, que lejos están de participar a los trabajadores en su rentabilidad extraordinaria y reclaman reformas laborales que incluyan la libertad de despedir, entre otras cuestiones.

En las elecciones se ponen en juego dos posiciones económico-políticas: las que se limitan al artículo 14 de la Constitución, fundamental ya que establece que todos los habitantes tienen derecho de “trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”. Y los que al artículo 14 le suman el 14 bis, tan constitucional como el otro pero que lo completa: el artículo 14 habla de propiedad privada, comercio, prensa e industria, el 14 bis de derechos laborales. Es evidente en qué bando milita Rosatti. Ayer se lo dejó claro a los empresarios con un discurso y a Juntos por el Cambio con dos fallos que los benefician electoralmente en Tucumán y San Juan, todos accionistas de la Corte Suprema SA.

La suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan no fue una cuestión jurídica sino de campaña electoral opositora, del bando que omite el 14 bis. La Corte eligió el momento como resorte opositor. En primer lugar, tal como explicó Graciana Peñafort, porque la Corte no podía tomar ambos casos ya que no tenían sentencia firme en sus provincias. En el caso de Tucumán menos, ya que uno de los perjudicados, Osvaldo Jaldo, figura entre los firmantes del juicio político a la Corte, lo que es motivo de excusación de los jueces ya que existe una enemistad manifiesta. Peñafort explicó que “en los dos casos las causas llevan un mes en la Corte, y en lugar de resolver el caso y dar certidumbre, considerando que son cuestiones de puro derecho y que no requieren producción de prueba alguna, o sea que no se necesita más plazo”, decidieron conceder una medida cautelar para luego ver qué resuelven. “Deberían haber resuelto el fondo del asunto y no hacer lugar a una cautelar. Se me ocurren pocas cosas más graves y menos republicanas que suspender las elecciones”, sintetizó Peñafort.

De nuevo la cuestión de las elecciones en Tucumán y San Juan y la presentación de Rosatti ante los empresarios se tocan: hay pocas cosas menos republicanas que un presidente de la Corte que hable de política monetaria como hizo en AmCham. “La Constitución manda a defender el valor de la moneda lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar el mandato de la Constitución que está por encima de todos nosotros”, dijo Rosatti.

La Constitución no dice que no se puede emitir. Lo que dice en el artículo 75 inciso 19 que cita Rosatti es que corresponde al Congreso proveer lo conducente "al progreso económico con justicia social" (no al capitalismo) y a "la defensa del valor de la moneda". Es el parlamento el que modificó la Carta Orgánica del Banco Central, que en su artículo 2 dice que "el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social". No hay mención a que la emisión sea la causa de todos los males; ese es el discurso de Juntos por el Cambio, accionista de la Corte Suprema SA. Lo que también se olvidó Rosatti es que el inciso 4 de ese mismo artículo dice que las toma de deuda la tiene que autorizar el Congreso, algo que no pasó con el préstamo del FMI. Otra vez coincide con Juntos por el Cambio.

El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Miguel Nathan Licht explicó que “la Constitución no establece la obligación de emitir moneda con respaldo en oro”, que “un gobierno puede decidir emitir moneda para devaluarla respecto de otras y hacer más competitivas sus exportaciones”, que “lo único que manda la Constitución es proteger la propiedad. No prohíbe dolarizar, emitir, ni inclusive provocar inflación para promover como medida de licuación del déficit fiscal. Eso lo decide la gente con su voto”. Además recordó que “el mismo que se sube a un escenario y dice que es obligación defender el valor de la moneda sostiene en sus fallos que prohibir la indexación es una decisión no justiciable”.

La situación la resumió a la perfección el economista Ricardo Aronskind: “Después de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, la Corte demuestra que el problema que tiene no es con la emisión monetaria sino con la emisión del voto”. No usan la Constitución sino el calendario electoral.

Que la decisión de la Corte sobre un tema clave para las provincias llegara el mismo día que Rosatti estaba en AmCham es otro mensaje. Esta entidad de lobby de las empresas estadounidenses que operan en Argentina emitió en los últimos meses dos comunicados de apoyo explícito a la Corte. El primero está vinculado a su fallo en el caso por la Coparticipación de CABA, que implicaría que el Estado Nacional le quitara fondos a las provincias para dárselos a Horacio Rodríguez Larreta en año electoral. AmCham, sin estar involucrada, dijo que los fallos de la Corte tienen que cumplirse. El problema de ese fallo es que, como explicó el Gobierno, es de cumplimiento imposible, ya que hacerlo violaría la Ley de Presupuesto que ya estableció el destino de los fondos que quieren regalarle a Larreta. Ayer Rosatti volvió a atentar contra el federalismo con la espalda de los empresarios.

La relación Rosatti-Empresarios es clara: en febrero, cuando el Congreso inició el proceso de juicio político a la Corte Suprema (eso sí previsto por la Constitución) desde Amcham publicaron un comunicado de una carilla donde criticaron la situación económica, sacaron a pasear las frases hechas sobre “el respeto a las instituciones y la seguridad jurídica” (¿qué respeto tienen las empresas de EEUU que se meten en política interna?) y acusaron al Parlamento argentino de estar “paralizado por la iniciativa del juicio político a la Corte”, algo falso en un contexto donde la oposición se negaba, por ejemplo, a discutir hasta una moratoria previsional que impactaba sobre 800.000 personas que estaban por quedar sin jubilación. Pero la clave de ese comunicado fue que el juicio político a la Corte generaba, según Amcham, “una situación que sin dudas afecta también a las oportunidades de negocios que Argentina demanda”. ¿Qué negocios les garantiza esta Corte? Nadie les preguntó.

Es la Corte que hoy preside Rosatti la que hizo la vista gorda de numerosos fallos de instancias inferiores que se involucraron en política económica (cautelares para habilitar dólares, por ejemplo), que cercenaron derechos laborales, que rapiñaron los bolsillos de millones con cautelares que permiten el cobro astronómico de los servicios de internet, cable y celular, entre otros. No fue casual: la Corte hace rato que opera como escribanía empresarial y sus decisiones se asientan en los estados contables de los financistas y promotores de Juntos por el Cambio.

“Celebro que podamos estar hablando de economía, de negocios, vinculados a instituciones, a la Constitución, a estabilidad jurídica, a sustentabilidad”, dijo ayer Rosatti en el evento de Amcham. Se quejó de la cantidad de causas que llegan a la Corte, dijo que el máximo tribunal dejó de ser solo para control de constitucionalidad y que termina siendo una instancia revisora de miles de causas, todo lo cual es cierto. Tan cierto como que nunca plantearon modificarlo y que han frenado cualquier instancia de reforma judicial.

A tono con la apertura del evento, a cargo del presidente del JP Morgan Facundo Gómez Minujin, Rosatti criticó exclusivamente al Estado. Para el banquero, que siempre se olvida de que su empresa fue una de las principales autopistas de fuga de dólares del país, el Estado creció desmedidamente y hay que reducir siempre el gasto. Para el presidente de la Corte su problema es que muchas de las causas que le llegan son de organismos del Estado, “que apelan para ganar tiempo aun sabiendo el resultado”. ¿Se refiere, por ejemplo, a que el Estado apeló las medidas cautelares por las que el Grupo Clarín cobra lo que quiere por el servicio de cable, internet y celular y que la Corte mantuvo? Si tienen tantas causas, ¿por qué la Corte tomó los casos de Tucumán y San Juan pese a que no le correspondían? Parece que el problema no es la cantidad de causas sino en cuáles le interesa meter la cuchara.

Rosatti le dedicó buena parte de su discurso en Amcham a la “sustentabilidad jurídica”. Dijo: “En los últimos años hemos tomado decisiones que no han agradado al poder de turno. A este, al anterior y al que venga. No venimos a hacer amistades. Venimos a hacer cumplir la Constitución, a garantizar una sustentabilidad jurídica”. Difícil explicar la sustentabilidad jurídica de aceptar ser designado en la Corte por decreto, firmar un 2x1 para genocidas o tomar por asalto el Consejo de la Magistratura en base a una ley derogada por el Congreso. Y, obviamente, la sustentabilidad jurídica de suspender elecciones de dos provincias a cinco días de los comicios.

Dejó un notable furcio cuando afirmó: “Sustentabilidad jurídica es que no se cambien los criterios porque sí, conforme a la cara del cliente”. ¿Se refería a los ex clientes de Carlos Rosenkrantz, que interviene en sus causas con el aval de Rosatti pero sin el aval de la ley, muchos de los cuales estaban sentados entre el público?

No es la primera vez que Rosatti dice estas cosas. Suele hacerlo en contextos empresariales donde suelta la lengua cómodo. En un evento de Clarín, uno de sus sponsors principales, dijo que "conjugar mercado y Estado es muy importante. Después, un Gobierno será más neoliberal, más neointervencionista, pero lo más importante es erradicar algunos temas que se ven como malas palabras", en alusión al progreso (eufemismo de enriquecimiento) y a la teoría del derrame.

Parece que es una charla que tiene preparada, ya que en Clarín dijo algo similar a lo que llevó a la AmCham: “Todo está en la Constitución. La Constitución argentina tiene un modelo no solamente de convivencia sino un modelo económico, que es el capitalismo humanizado. Propiedad privada (artículo 14), iniciativa particular (artículo 19), competencia (artículo 42). Este es el modelo, que además no plantea la lucha de clases (artículo 14) sino una relación amigable entre capital y trabajo con las tensiones propias de esos actores”. En Clarín, al igual que en AmCham, omitió el artículo 14 bis.

En ese evento de Clarín Rosatti agregó que “la Constitución utiliza la palabra progreso. El progreso no es una mala palabra. Acá hay una costumbre de castigar al que progresa. Castigar a aquel que le va bien. Es una cuestión cultural, es absurdo. No hay nada para distribuir si previamente no se acumuló”. Un canto a la teoría del derrame que no está prevista en la carta magna. De hecho, cuando menciona progreso, la Constitución dice “progreso económico con justicia social”. Otro conveniente olvido.

“Acá hay que acatar los fallos de la Corte, porque es la última instancia y es donde confía la gente de que sus derechos van a estar protegidos”, insistió Rosatti en el evento de Clarín, a pocos días de tomar por asalto el Consejo de la Magistratura y autoproclamarse su presidente, con el mismo desparpajo que se autovotó para presidir la Corte. La cuestión se repitió con el fallo que le regaló fondos extra a Horacio Rodríguez Larreta, candidato de buena parte del establishment de AmCham. No fue casualidad que AmCham también emitiera un comunicado donde manifestó “su preocupación ante la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo Nacional de incumplir” justo ese fallo por la coparticipación de CABA. Ayer la cuestión se reeditó, solo que ahora quienes tienen que decidir su acatan esta intromisión cortesana son las provincias.

Rosatti es un CEO con una tarea: contribuir a la demolición política del gobierno. ¿Tendrá un bono por resultados?