El énfasis que le pone Javier Milei a explicar su proyecto de dolarización quizás no tenga nada que ver con las posibilidades prácticas de llevarlo adelante. Uno de sus principales alfiles, Ramiro Marra, sostuvo que puede existir la posibilidad de que tal iniciativa ni siquiera se concrete en un eventual mandato del libertario. A medida que arrancan con sus explicaciones y se acerca la fecha de la elección general, la Libertad Avanza va cayendo en sus propias contradicciones.
“Discutimos mucho el proceso de dolarización. No sé si lo podremos hacer en el primer mandato de gobierno (de Milei), o si lo tendrá que hacer otro gobierno”, sostuvo Marra durante una entrevista televisiva en A24.
La dolarización que propone Milei es muy difícil de realizar y tendría un costo altísimo en diversos planos de la economía. Sin embargo, tanto o más complicado sería salir eventualmente de ella, dado que implicaría una ruptura generalizada de los contratos vigentes, quiebras masivas, una nueva moneda sin reserva de valor y, probablemente, una alta inflación. Sería un camino sin retorno, con un perjuicio permanente para el entramado industrial del país.
Otro de los proyectos que parecería de imposible practicidad sería ponerle fin a la coparticipación, una norma que posee mandato constitucional. El desfinanciamiento de las provincias forma parte del libreto liberal.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias (coparticipación más otros impuestos) representan una buena parte de los ingresos locales. En promedio, alcanzarían al 70,3% del total del presupuesto de cada jurisdicción. Sin coparticipación ni Ingresos Brutos, el plan de Milei empujaría a las provincias a constituirse en sociedades anónimas.
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La Coparticipación Federal es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido por los tributos establecidos por el Estado, a partir de una delegación efectuada por las provincias a la Nación. En la reforma constitucional de 1994, Pacto de Olivos mediante entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, se encomendó al Congreso a sancionar una nueva ley para actualizar los porcentajes correspondientes a cada provincia, en función de su densidad demográfica.
Dicha reforma nunca pudo concretarse. Según lo establecido en la propia Carta Magna, para avanzar con otra Ley de Coparticipación Federal se necesitaría el consenso de todas las provincias. Es decir, el voto positivo de todos los diputados y senadores.
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