El escándalo protagonizado por Franco Rinaldi, primer precandidato a legislador porteño en la lista de Jorge Macri, podría culminar con un acto de buena voluntad o por vía judicial. Por varios factores, no hay posición intermedia. Por ahora, el camino que se eligió fue el de intentar arribar a la primera salida, sin problemas ni chispazos dentro de Juntos por el Cambio en la Ciudad. Con el reloj sobre la cabeza, la situación se planteó compleja.
El radicalismo porteño, en cabeza de su presidenta y candidata a diputada nacional Mariela Coletta, presentó un escrito ante el organismo electoral competente de la alianza – la Junta – para solicitarle a la lista de Jorge Macri que deponga de la postulación de Rinaldi. La situación fue completamente inédita para la coalición que se vio, en su órgano competente, inhabilitada a definir si un aspirante puede o no mantener ese carácter.
La presentación, en todo caso, debió haberse hecho ante la Justicia Electoral de la CABA y no ante la Junta de la alianza que no encontró un plazo para resolver, que no cuenta con unanimidad para decidir sobre la cuestión y que jurídicamente no se vio a sí misma como competente para tomar una definición semejante. En todo caso, las autoridades máximas de la alianza podrían juntarse para conversar el asunto pero el canal apropiado para impulsarlo son los Tribunales.
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Hasta las 19 del martes, Rinaldi - o la lista de Macri - tuvo tiempo para presentar sus consideraciones frente al asunto en caso de creerlo necesario, una mera formalidad. Más allá de eso, la Junta no se halló con facultades mayores a la de ser una administradora de los recursos, con las consiguientes comunicaciones entre los distintos protagonistas pero sin la capacidad de bajar ningún nombre de ninguna lista.
Las alianzas, como unidades transitorias, tienen presidentes de partidos políticos miembros, apoderados y personas con espalda jurídica y política como para integrar, en este caso, la Junta. La de Juntos por el Cambio está compuesta por tres titulares y tres suplentes, dos por cada uno de las tres fuerzas políticas fundadoras. Y las resoluciones deben darse, según el reglamento, por unanimidad. Primer problema. Por descarte, el PRO no votaría en contra de sí mismo. Por lo tanto, el órgano jamás daría una respuesta favorable al apartamiento de Rinaldi en caso de poder hacerlo.
En este caso, la “mal llamada impugnación” no podría darse en el marco de la Junta porque venció el plazo para que el organismo avalara o rechazara postulaciones. De hecho, ya le dio el visto bueno a la de Rinaldi que, luego, pasó a la Justicia que también le mostró el pulgar para arriba. Por lo tanto, no sólo no debería expedirse sino que, se entendió, no tiene atribuciones para hacerlo.
Al haber sido oficializadas por la Justicia Electoral, la única forma de modificar una lista debería ser mediante una presentación ante la Justicia Electoral. Por lo tanto, se encontró que el trámite fue mal planteado desde un inicio y fue algo que se debatió cuando ingresó el pedido formal el viernes.
Sin embargo, la UCR buscó apelar a la buena voluntad del postulante y la lista que lo contiene. Ese fue el espíritu de la presentación. Una suerte de presión moral desde las entrañas de la alianza. De hecho, en las últimas horas Coletta reiteró su “llamado a la reflexión y la revisión de la candidatura de Franco Rinaldi” porque “queremos una ciudad mejor en la que podamos pensar soluciones con empatía, poniéndonos en el lugar del otro”.
La vía judicial de momento quedó descartada. Pero como el proceso se mostró extraño para unos y para otros, todo podría pasar y los próximos movimientos aún son parte de la especulación política. Para un sector, el extraño pedido de disculpas por parte de Rinaldi mostró una suerte de madurez y de comprensión histórica que lo habilitaría a mantenerse en el codiciado primer puesto de una lista interna para ingresar a la Legislatura
Ahora bien, el camino judicial ya mostró ser eficiente a la hora de bajar candidatos envueltos en polémicas. Hubo, en los últimos años, dos ejemplos emblemáticos en la alianza de Juntos por el Cambio que terminaron, por un lado, con la renuncia de uno de los postulantes taquilleros de la coalición y, en otro caso, con un escándalo jurídico y de palacio.
En 2015, durante la campaña presidencial que llevaría a Mauricio Macri a lo más alto de la jefatura del Estado argentino, el primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, el periodista Fernando Niembro, tuvo que abandonar su postulación tres meses después de hacerla oficial. Esto demuestra que es posible modificar las listas en pleno proceso electoral.
En ese entonces, el diario Tiempo Argentino reveló que el gobierno porteño de Macri le dio casi 200 contratos, de manera directa, a La Usina Producciones S.A.. Fue entre 2012 y 2014 por un total de 23 millones de pesos para varios servicios. Hubo denuncias por parte de la dirigencia política y también de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos contra el periodista y varios funcionarios de la CABA.
Por ese entonces, Macri aseguró que todo era “legal” y “transparente” pero a los pocos días tuvo que admitir la renuncia de Niembro a su candidatura luego que éste publicara una carta abierta en la que dijo correrse para no ser usado. En 2017 fue sobreseído, el fiscal apeló, la Cámara del Crimen ordenó profundizar la investigación que se reabrió. En 2020 fue sobreseído nuevamente pero esta vez la fiscalía no apeló.
El otro caso emblemático fue el de Joanna Picetti, octava en la lista de diputados nacionales por la CABA, impugnada por los partidos miembro e impedida de asumir, una vez más, por la Justicia. El hecho fue reflotado hace pocos meses por Elisa Carrió que recordó a la “amante de (Rogelio) Frigerio” en Aysa (en referencia a la legisladora nunca asumida) para el manejo de la caja. Y cómo la líder de la Coalición Cívica pidió correrla, lo que motivó la lluvia de oposiciones dentro de la propia coalición.
Con el argumento de que su ex marido la había denunciado por presunto maltrato a sus hijos, Carrió pidió el apartamiento. El macrismo había argumentado que Picetti había sido sobreseída en la causa pero no alcanzó porque se hicieron dos impugnaciones ante la Cámara de Diputados y ante la Justicia electoral. Dos semanas más tarde, su candidatura fue bajada desde los Tribunales.
Curiosamente, Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Seguridad de la CABA, tuvo una vinculación con este caso. El 19 de septiembre de 2017, según consta en los chats que se difundieron el año pasado, le pidió información sobre dos líneas al ex fiscal Juan Ignacio Bidone. Muy similares a los que este le hizo al falso abogado Marcelo D'Alessio para sus extorsiones. Esas cuentas telefónicas pertenecían a "Maru Martinez" y "David Gastón Bibulich".
Bubilich era el ex de Picetti y Mariana Martínez su nueva pareja. Él fue el protagonista de un reportaje en Crónica TV en 2014 donde contó sus años de lucha para recuperar la tenencia de los hijos que tuvo con la diputada nunca asumida. Llamativamente, tres años más tarde y con la causa cerrada, el video reapareció tras el cierre de listas de 2017 junto a la denuncia de Carrió.
Una vez que María Romilda Servini falló en su contra, Picetti peló la resolución ante la Cámara Nacional Electoral, sin éxito, e incluso quiso jurar su cargo el 10 de diciembre de 2017. También sin éxito. Quien asumió en su lugar fue Jorge Enríquez, un hombre de D'Alessandro.
En 2019, durante la última apertura de sesiones ordinarias de Macri como presidente, Picetti se hizo aún más famosa porque irrumpió en el recinto y pidieron desalojarla.
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