La guerra entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no tiene fin ni fronteras. Así como decidieron tirarse con dardos mediáticos para medir el nivel de coraje de cada uno, también tuvieron sus batallas institucionales mediante la puesta y el corrimiento de interventores partidarios en las provincias y, ahora, un nuevo episodio que también escaló a la Justicia: el rechazo – y la apelación – de la conformación de la lista halcona para las elecciones 2023 en un territorio céntrico de la Argentina.
En Santiago del Estero, la Justicia Electoral decidió no oficializar la nómina bullrichista de diputados nacionales y representantes del Parlasur por considerar que hubo inconvenientes con los avales presentados, dentro de los cuales, según el dictamen del fiscal, había personas fallecidas y firmas truchas. La determinación fue apelada ante el Juzgado Federal con competencia Electoral local por los apoderados halcones en esa provincia, que se reservaron la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema.
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Según el bullrichismo, sus adversarios de interna monopolizaron el manejo del órgano partidario encargado de avalar o no las nóminas de candidatos y, pese a haber corregido observaciones hechas a los avales, nunca fueron notificados del avance en paralelo del Poder Judicial que, hasta el momento, los dejó afuera. De hecho, una alta fuente de “La fuerza del Cambio” pensó que el problema había quedado solucionado con la adenda dentro del ámbito de la Junta Electoral de la coalición pero el escollo escaló y recién tuvieron noticias de ello hace pocas horas.
El 28 de junio, cuatro días después de presentadas las listas de los candidatos, se corrió vistas a una resolución de la Junta Electoral de Juntos por el Cambio en la que se resolvió rechazar la lista de Patricia Bullrich en la provincia de Santiago del Estero “por irregularidades en la presentación de los avales exigidos” para tal fin. Esto alcanzó las categorías de diputados nacionales y de representantes, por esa provincia, para el Parlasur.
Según consta en el dictamen del fiscal federal Pedro Eugenio Simón, en la resolución de impugnación se hizo referencia a “la existencia de avales de personas fallecidas y avales de personas que no lo hicieron, siendo falsificada su firma y aval”. Básicamente, acompañamientos truchos, sin consentimiento, lo cual, se manifestó, “podrían configurar el delito” de “falsificación de documentos electorales” previsto en el Código Nacional Electoral.
Ante esta situación, el funcionario judicial manifestó la necesidad de abrir “una investigación penal preparatoria a los fines de indagar sobre los hechos denunciados” y la Fiscalía extrajo copias de las actuaciones para iniciar dicha pesquisa preliminar para constatar los actos denunciados y avanzar, de corresponder, en la formulación de imputaciones.
Un día más tarde, el Juzgado Federal Nº 1 de la provincia le informó a la alianza la resolución de la Secretaría Nacional Electoral del distrito de Santiago del Estero por el cual rechazó la conformación de la lista “La fuerza del Cambio”, de Patricia Bullrich, pero reconoció la de “El Cambio de nuestras Vidas”, de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde el armado bullrichista, ante la consulta de El Destape, anticiparon que saldrán a dar las explicaciones correspondientes una vez que la Justicia Nacional Electoral de la provincia resuelva los recursos presentados por este sector pero, en principio, se negó que haya habido un conflicto con los avales.
Hasta tanto se resuelvan los recursos presentados por el bullrichismo, la decisión judicial será la de rechazar la conformación de la lista de diputados nacionales y de postulantes al Parlasur. Según la normativa, las nóminas de precandidatos deben presentarse ante la Junta Electoral de cada agrupación hasta cincuenta días antes de la PASO para su oficialización, cumpliendo con determinados requisitos legales.
Una vez pasado el plazo, ese órgano partidario tiene a su cargo la verificación del cumplimiento de esos requisitos y, dentro de las 48 horas de presentadas las solicitudes de oficialización, la Junta debe aprobar o rechazar. Una vez firmes, comunicarlas, en no más de 24 horas, al Juzgado Federal Electoral correspondiente. En este caso, santiagueño.
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En ese marco, el Juzgado, en base al informe de la Secretaría Electoral, dispuso que la alianza de Juntos por el Cambio presentó “en tiempo y forma” la resolución y la documentación pertinente para la lista del larretismo y ésta quedó oficializada. No así la del bullrichismo, que se tuvo como no presentada y/o no oficializada. Esto es lo que se apeló. Para La fuerza del Cambio, las razones del impedimento fueron completamente diferentes a las esgrimidas en torno a los avales.
En el escrito, donde se pidió dejar sin efecto la resolución que impidió la oficialización de las candidaturas, se estipuló que los apoderados del armado bullrichista presentaron la documentación necesaria ante la Junta Electoral de la alianza de la cual, se manifestó, resultan “totalmente ajenos” puesto que está “manejada de manera sectaria y parcial” por el larretismo. Por lo tanto, se dejó asentado, el sector de Patricia Bullrich nunca fue notificado de las sentencias impugnadas judicialmente.
Dos días después, según el relato cronológico, casi al finalizar el 26 de junio y después de haber presentado los papeles el 24, como marca la ley, La fuerza del Cambio recibió un mail con el rechazo de la oficialización de la lista. Hubo un pedido de revocatoria a tal decisión, y se les requirió la subsanación de algunos documentos en un plazo de 24 horas. Según dejaron asentado en presentación judicial, estos se presentaron y el 29 de junio, en una resolución interna de la Junta de la alianza, se aprobó la conformación de la nómina.
Ese mismo día, y sin haber sido notificados, el juzgado notificó la resolución de la secretaría mencionada previamente, donde se rechazó la conformación de la lista. Recién el 4 de julio, según el documento de apelación, la nómina de “La fuerza del Cambio” se enteró de esa decisión al leer notas en medios periodísticos. Por lo tanto, no sólo se pidió la nulidad de la resolución sino también la ampliación del decreto que oficializó las listas a competir en las PASO.
La interna en versión santiagueña
En Santiago del Estero, como en casi todo el país, JxC no pudo lograr una nómina de unidad a nivel nacional y los dos precandidatos presidenciales buscaron presentar armados propios en todos los distritos salvo en Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Chaco y Chubut, las únicas cinco localidades en las que se consiguió la síntesis.
El larretismo cerró la nómina para diputados nacionales con Natalia Neme, Gabriel Santillán, Evelina Rodrigo, Facundo Quiroga. Por el lado de postulantes a parlamentarios del Mercosur por dicha provincia, Luciana Rached. En el caso del bullrichismo, la lista para diputados nacionales quedó conformada por Rodrigo Posse; Marilo Gau, Orlando Mdalel, Sandra Medina. Mientras que para el Parlasur la titular fue Patricia Núñez.
El apoyo de Patricia Bullrich a Posse no es nuevo. El año pasado, en septiembre, el dirigente santiagueño estuvo detenido tres días por una causa abierta nueve años antes, en 2013, por presunta asociación ilícita para, según se informó, desapoderar a campesinos de 250 mil hectáreas en una zona cercana a Los Juríes, donde la familia empresaria Masoni prosee una gran cantidad de tierras.
Unos años antes de esa causa, Posse representó a la familia Masoni en una denuncia similar pero en espejo, por usurpación de sus tierras. Esto no prosperó y tres años después surgió la contradenuncia. Bullrich, cuando Posse fue detenido, condenó “enérgicamente la arbitraria y extemporánea detención” y reclamó que “se respeten los derechos civiles y procesales de nuestro dirigente, como los de cualquier otro ciudadano de la República".
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