Argentina está de cara a un balotaje donde se juegan dos modelos de país y de educación. Uno que propone volver a una lógica del mercado, el otro que promete más presencia del Estado y mayor inversión con un proyecto de Ley de Financiamiento educativo. Frente a los planes de la ultraderecha, la respuesta desde el campo social y los que luchamos por el derecho a la educación siempre será la misma: el Estado es el único que puede garantizar que este derecho llegue a cada una de las personas, como pilar fundamental de la condición humana y de nuestra sociedad.
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El proyecto de ley sobre financiamiento educativo en Argentina es una iniciativa integral que busca aumentar la inversión en educación durante un período de siete años, con el objetivo de alcanzar un 8% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2030. El texto propone destinar el 6,5% del PBI para la educación obligatoria, desde la cobertura de la educación de 45 días a 3 años hasta la educación superior de formación docente, y el 1,5% restante para la educación universitaria.
Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) vamos a acompañar este proyecto de ley que nos acerca a cumplir con la agenda 2030 y con el modelo de país que queremos. En ese sentido, según el informe que realizamos en 2021 el Estado aumentó un 19% la inversión en educación, para dar respuesta a la crisis producto de la pandemia de la COVID-19. Esa decisión obtuvo resultados tangibles, la matrícula aumentó en todos los niveles (llegando a casi el 100% en primario, 94% en secundario y 48% universitario), en el secundario cada día repiten menos estudiantes (en 2021 el 86% pasó de año) y un número mayor de la población estudiantil egresa del nivel secundario (en 2020 egresó el 73%).
En gran medida esa inversión pudo hacerse por lo que recaudó Aporte solidario y extraordinario, política fiscal que logró recaudar $240 mil millones en 2021 con el impuesto de 2 por ciento de los patrimonios de las personas físicas que habían declarado, hasta la fecha de la promulgación de la ley, una fortuna de más de 200 millones de pesos.
Pero para que la promesa de mayor presencia y mayor inversión en educación sea una realidad es fundamental modificar la estructura tributaria argentina que muestra una matriz sumamente regresiva. Desde Fundación SES y CADE realizamos investigaciones respecto a cuántos recursos son necesarios para que el derecho a la educación sea efectivo y cómo recaudarlos.
No es con recortes presupuestarios y con la lógica del sálvese quien pueda que vamos a tener un país con crecimiento y futuro para todos/as, sino con un Estado fuerte y presente que avance hacia las reformas estructurales que nos permita tener un país más justo y equitativo.
*Secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
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