A 14 meses de las elecciones PASO 2023, el Movimiento Evita avanza en la conformación de un nuevo partido político para competir en los próximos comicios. La decisión trasciende en medio de la discusión por el rol de las organizaciones en lo que Cristina Kirchner llamó "tercerización" de los planes sociales, en sintonía con el reclamo de algunos gobernadores e intendentes peronistas.
Fuentes de ese espacio confirmaron a El Destape la intención de la agrupación que conducen Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, hoy funcionarios nacionales del gobierno de Alberto Fernández. Aunque aclaran que es "una decisión que se viene trabajando hace un tiempo, no es de ahora, ni mucho menos por este tema", en referencia al conflicto por el futuro de los planes sociales, planteado por la vicepresidenta en el último plenario de la CTA y que motivó la respuesta de algunas de las organizaciones y el apoyo explícito del Presidente en un acto.
Desde el Evita agregaron: "Apoyamos que haya PASO porque es un mecanismo que oxigena la democracia y permite que entren otros sectores en la disputa política". El partido no tiene nombre definido, aun, y remarcan que la idea "no es que sea el partido del Evita nada más, si no de las organizaciones populares" para competir dentro de una eventual interna del Frente de Todos.
En 2017, el Movimiento Evita jugó políticamente y apoyó la candidatura a senador nacional del ex ministro de Transporte Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Con el frente Cumplir, obtuvo el cuarto lugar con el 5,29% de los votos, detrás de Esteban Bullrich con el 41,3%, Cristina Kirchner con el 37,3% y Sergio Massa con el 11,3%. Todo el espacio panperonista se unificó dos años más tarde, bajo el paraguas del Frente de Todos.
Planes sociales, el conflicto
Gobernadores e intendentes apoyan un cambio en la administración de los planes sociales. Según contó El Destape recientemente, impulsan una reforma que incluya quitarle la administración a las organizaciones sociales y que sea manejada por el Estado, a través de un organismo compuesto por el Estado nacional, las provincias y los municipios.
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En paralelo, diputados del Frente Patria Grande impulsan en el Congreso un proyecto de Salario Básico Universal, una suerte de IFE permanente que sea equivalente a la canasta básica alimentaria y que esté destinada al mismo universo de personas que hoy pudieron anotarse para recibir el refuerzo de ingresos de 18 mil pesos. El mismo, de acuerdo al proyecto, sería abonado a través de la ANSES. Recientemente, fue presentado en compañía de Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y uno de los referentes de La Cámpora.
Orgas sí, orgas no
El debate por los planes sociales y su administración quedó planteado públicamente luego del acto de la CTA el último lunes, en el cual la vicepresidenta dio un discurso y apuntó contra la "tercerización" de los mismos. "Peronismo es dar laburo", dijo, entre otros conceptos como la denuncia por un "festival de importaciones" que mermaría las reservas del Banco Central.
Al día siguiente, el presidente Alberto Fernández salió en defensa de los movimientos sociales: "Quiero agradecer aún cuando algunas hagan picardías, que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. No esperen que yo generalice. Mi eterna gratitud para con cada una de esas organizaciones".
En un comunicado, el Movimiento Evita salió a responder y denunció una "campaña de estigmatización" a los movimientos. "Hoy existen más de 200 organizaciones sociales que nacieron al calor de la resistencia al neo-liberalismo de los ‘90 y el macrismo. Son las mismas que estuvieron al frente del cuidado en la pandemia y las que hoy proponen organizar una sociedad que reclama nuevas formas de producción y trabajo", resaltaron.
Por último, este jueves el gobierno trató de bajar el tono a través de su portavoz, Gabriela Cerruti. La funcionaria nacional declaró en conferencia de prensa que "el Presidente está llevando a cabo esta política (de transformación de planes en empleo formal) desde que asumimos el Gobierno, pero se complicó por dos años de pandemia" y negó que la vice haya hablado "en contra de las organizaciones sociales".
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