Para mantener la alianza con vida, Juntos por el Cambio decidió sancionar a quienes no cumplan con las reglas de juego electoral acordadas. Frente a varios focos de incendio pero con la mirada puesta en una ciudad en particular, los presidentes de los cuatro partidos integrantes de la coalición se encontraron de manera presencial para intentar llegar a un acuerdo que, en vez de generar una ola negativa de anarquía total, logre un tsunami de respeto y competencia mediante las herramientas disponibles. Quienes decidan no acatarlas, podrán irse pero completamente limitados.
La reunión fue extensa. Convocada para las 19, recién terminó cerca de la hora de la cena. Estuvieron presentes Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR); Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto (PR). Entre los cuatro, conversaron sobre las reglas electorales y una de las personas presentes se mostró optimista con la posibilidad de “encontrar una salida en Chubut” que disputará sus comicios en Trelew, el primer desafío, con el intento de implementar internas abiertas.
Chubut se transformó en el caso más urgente a resolver por una cuestión de cierres electorales. Allí se mostraron dos bandos bien claros. Por un lado, el que se ubicó detrás de la candidatura del macrista Ignacio Torres, con apoyo de un sector del radicalismo. Por el otro, la conducción distrital del partido centenario, en manos de Damián Biss, con pretensiones de gobernación, y más cercano al oficialismo local encarnado en Mariano Arcioni. En un momento, a mitad del año pasado, corrió riesgo la alianza por un potencial acompañamiento de la UCR al proyecto del hombre del Frente Renovador para eliminar las PASO, eso no sucedió pero la provincia no tendrá la instancia de las primarias y el conflicto en la alianza se mantuvo.
Esa provincia patagónica fue la que concentró los esfuerzos en esta reunión de presidentes de partido básicamente porque funcionará como caso testigo. El 16 de abril habrá elecciones en Trelew, el distrito más politizado. En ese municipio, Torres decidió llevar como candidato a un radical oficial, Gerardo Merino, mientras que Biss, el jefe del partido, optó por Federico Massoni, de origen radical pero con muchas idas y vueltas que lo llevaron, en la actualidad, a estar junto a Arcioni. Como ministro de Seguridad, su Policía y él cosecharon varias denuncias por violación de los derechos humanos en plena pandemia.
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Por la importancia de la provincia y el caso testigo para el cumplimiento del reglamento, Ignacio Torres participó de la reunión y, una vez terminada la discusión sobre su situación, la abandonó. El senador pidió que se garanticen las internas abiertas con todos adentro de Juntos por el Cambio, sin divisiones. Eso implicaría la participación de afiliados a los partidos de la alianza y de independientes, lo que servirá para demostrar si la herramienta podría o no ser aplicable a otras realidades. Gerardo Morales se comprometió a conversar con Biss este jueves para llegar a un acuerdo. En principio, se consideró que se concretaría sin problemas.
Sobre el resto de las provincias hubo mucho hermetismo. Particularmente porque primero buscarán conocer los resultados del ensayo chubutense, pero dejaron en claro, tanto en un comunicado como en comentarios posteriores, que quien no respete el reglamento no podrá utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas. Esa será la sanción impuesta para los rebeldes que, en principio, son muchos.
Como ya contó El Destape en detalle, hay varias provincias con conflictos. Una de las más importantes podría ser Río Negro, con la chance potente de un quiebre fuerte en manos de la UCR que este sábado terminaría de definir una adhesión a Juntos Somos Río Negro, alejándose de Cambia Río Negro, integrado por el PRO y el ARI. En ese distrito, el radicalismo acusó a sus socios de no respetar el reglamento al no permitir una interna abierta, por lo tanto se preguntaron si la coalición podría, al incumplir el mandamiento, utilizar la palabra "Cambia" en su sello.
Otra de las provincias con grandes debates es Mendoza. La discusión gira en torno a la actitud de Omar De Marchi que, para algunos, tensionó demasiado, al punto de proponer una pseudo ruptura de Cambia Mendoza al instalar la posibilidad de una tercera vía electoral que no sea ni peronista ni del radicalismo amigo de Alfredo Cornejo. En este caso, la semana pasada se advirtió sobre una posible intervención y se propuso usar la PASO para dirimir los problemas internos.
En Neuquén, la mirada también se había posado sobre el macrismo. El espacio amarillo decidió alejarse del plan original adoptado por Cambiemos. En esa hoja de ruta se estipuló que el radical Pablo Cervi iba a ser el candidato de la alianza, pero el PRO optó por cambiar horizontes e ir con Rolando Figueroa, un ex Movimiento Popular Neuquino, con parte del radicalismo detrás.
En Tucumán la UCR había retomado el protagonismo por "ser funcional a Osvaldo Jaldo". Según trascendió en los últimos días, el PRO optó por favorecer la candidatura a la gobernación del intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro y la UCR se abrazó al diputado nacional y ex intendente de la ciudad de Concepción, Roberto Sánchez. Una de las grandes críticas boina blanca se centró en que Alfaro no sólo buscó la máxima jefatura sino también definir a su sucesor, cerrando puertas de competencia y negociación.
Finalmente, en el listado se podrían incorporar a Córdoba, donde Luis Juez no sé mostró favorable a las internas mientras Rodrigo de Loredo fue proclive a disputarlas. También Santa, provincia en la que el PRO ya está intervenido por una guerra interna.
Juicio político
La otra reunión clave fue en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, donde se reunieron los integrantes de la comisión de juicio político, autoridades y referentes del interbloque para analizar catorce pedidos que se hicieron contra los miembros de la Corte Suprema y que fueron incorporados en el temario que comenzará a tratarse este jueves. Si bien los pasos a seguir se irán tomando mientras sucedan los hechos, se llegó a un consenso en torno a cuatro puntos centrales.
Por un lado, la alianza no solicitará – al menos en una primera instancia – la incorporación de otros pedidos de juicio político pendientes de tratamiento. Puntualmente, aquellos presentados por ellos contra funcionarios del Gobierno. Esta fue una jugada que, en la previa, se había puesto sobre la mesa como casi indispensable para el debate pero, por ahora, quedó descartada.
Además, Cambiemos definió participar en forma activa en la etapa de la admisibilidad, que llegará en un par de semanas. Según el calendario tentativo, este jueves se iniciará la comisión, la semana que viene expondrán los autores y autoras de cada uno de los pedidos de juicio político (dos de los cuales llevan la firma de la Coalición Cívica) y recién la próxima semana se votará si los expedientes son o no admisibles.
El expediente de los lilitos se mantendrá, en principio, al tratarse de uno diferente al del oficialismo, con otros argumentos. Los socios entendieron que no les quedó otra opción, por una cuestión de coherencia. Al cierre de esta nota, el espacio se posicionó a favor de respaldar su presentación contra el cortesano pero aún no definió el sentido de su voto. Todavía es motivo de discusión dentro del interbloque.
En el encuentro se resolvió continuar con la estrategia del “show del kirchnerismo”. Plantear que el juicio político no tendrá ningún destino favorable porque el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para darle curso en el recinto pero que, pese a ello, desde la oposición actuarán con “responsabilidad y solemnidad”.
Según dijo Mario Negri tras la reunión, el show forma parte del “lanzamiento de la campaña política del Frente de Todos para el año electoral” para ocultar los problemas de la economía, puntualmente los vinculados a la inflación y, por otro lado, para “que nadie se entere cuando se lean los fundamentos de la condena a la vicepresidenta en el caso de la Obra Pública y esconder también cuando la Cámara de Casación tiene que resolver en el caso Hotesur”.
Finalmente, se concluyó evaluar la posibilidad de citar a los gobernadores y algunos ministros del Gabinete nacional como parte de su listado de testigos a presentar durante el proceso. El punto central del juicio político es la distribución arbitraria de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, de ahí el foco puesto en estas figuras. Pero también tendrá gran protagonismo el rompimiento de la división de Poderes del Estado mediate la intromisión de la Justicia en las competencias parlamentarias, puntualmente con lo referido al Consejo de la Magistratura.