Los jueces de la Cámara Nacional Electoral ratificaron el fallo en la causa por los “aportantes truchos”, que confirmó los gastos "cuanto menos, irregulares" en los que incurrió Cambiemos durante la campaña de 2017. Los magistrados convalidaron la sentencia previa del juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del juzgado Federal N°1.
En un escrito de 26 páginas, los magistrados determinaron que todos los aportes que realizaron las agrupaciones que formaron parte de la campaña electoral de Cambiemos en 2017 “no resultaron suficientes”, lo que impide “conocer el origen y destino de los fondos de campaña”. De esta manera, la Cámara Nacional Electoral habilitó a Ramos Padilla a que realice “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales”, que puedan derivarse.
El fallo hace referencia a la causa conocida como “aportantes truchos” que fue revelada por El Destape en 2018, plena gestión de Cambiemos. En la investigación se demostraba que monotributistas y personas que vivían en la línea de la pobreza habrían realizado aportes a la campaña de Cambiemos en 2017 en la provincia de Buenos Aires “por un total de $22.290.550”.
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Durante la investigación llevada adelante por la justicia, se presentaron “Alicia A. Michelli, apoderada del Partido Conservador Popular, distrito Buenos Aires, y Santiago E. Espil, apoderado de la Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (ARI), distrito Buenos Aires, respectivamente”. Ambos “apelaron” el fallo de Ramos Padilla.
Lo mismo hicieron “Julián Vilche, responsable económico financiero de la línea interna ‘Cambiando Juntos’, Carla S. Chaban, responsable económica financiera de campaña; Alfredo G. Irigoin, responsable económico financiero de campaña; y Patricio G. Blanco Ilari, apoderado del Partido Pro-Propuesta Republicana”.
Además, según “información recabada de la auditoría de medios”, el perito auditor informó que “la agrupación no cumplió con lo solicitado”, ya que “no presentó el detalle de las publicidades contratadas por los proveedores ‘Latin American Communication S.A.’ y ‘MG Multimedios Group’, ni subsanó lo observado respecto a la publicidad en medios web ni en redes sociales”.
Los 98 aportantes, ¿millonarios?
Según se desprende del fallo, se analizaron testimonios de personas que “negaron realizar el aporte que la agrupación había informado por un total de $ 22.290.550”
El juez obtuvo testimonios de 98 personas, de las cuales “47 denunciaron penalmente su aparición como aportantes de campaña; 1 se presentó espontáneamente y manifestó que no había realizado aportes; 1 envió carta documento por la misma razón; y los 49 restantes fueron citadas ante este Juzgado para detallaran si habían dado consentimiento de los aportes privados”.
De esas 49 personas, “19 fueron convocadas por estar registradas como beneficiarias de planes sociales; 17 negaron haber realizado aportes de campaña. Además “24 fueron convocadas por ser monotributistas cuyo aporte excedía el límite de facturación mensual promedio, de las cuales 9 negaron el aporte”.
Sobre los aportantes convocados por ser empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “de las 6 personas que prestaron testimonio, 2 confirmaron el aporte y 4 lo rechazaron”. De esta manera, “79 personas que aparecían como aportantes negaron la contribución de campaña, y de las 19 que afirmaron haber realizado el aporte, sólo una presentó el comprobante correspondiente”.
¿Por qué es importante conocer quiénes realizan aportes económicos a los partidos políticos? El artículo 38 de la Constitución Nacional señala que “se imponen controles sobre la composición del patrimonio y el origen y destino de los fondos partidarios”. El hecho de que los partidos políticos reciban fondos del Presupuesto Nacional y contribuciones privadas para proveer al costo de las campañas electorales y a su desenvolvimiento institucional, “legitima y justifica la existencia de controles estrictos”.
Además, y según expresa el fallo de la Cámara Nacional Electoral, “la publicidad de los aportes percibidos por los partidos políticos y de los gastos por ellos efectuados no sólo posibilita el efectivo control del uso de los recursos públicos, sino que permite conocer quienes contribuyen al sostenimiento económico de cada partido, y detectar, así, con qué sectores éstos -y sus candidatos- se hallan materialmente identificados”.
“Ello asegura una mejor formación de la opinión del electorado, que podrá evaluar su preferencia sobre la base de que determinados grupos de interés serán seguramente escuchados a la hora de ejercer opciones políticas concretas”.
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