El desembarco a la fuerza de Horacio Rosatti en el Consejo de la Magistratura no cambió el balance de poder en el interior del organismo, que continuará bloqueado para las sus dos funciones esenciales: seleccionar y sancionar jueces. Ni oficialismo ni oposición contaban con dos tercios de sus 13 miembros en la previa al golpe institucional cortesano y no los alcanzarán tampoco cuando se completen los 19 consejeros más el autoproclamado Rosatti. Pero eso no significa que la maniobra no sea negocio para nadie. La Corte vuelve al organismo luego de 16 años, los jueces del lawfare seguirán en sus cargos sin ninguna consecuencia y Mauricio Macri y sus funcionarios gozarán del statu quo de los magistrados que los protegen en Comodoro Py y otros lares.
En los hechos el Consejo de la Magistratura quedó bloqueado al día siguiente de las PASO del 2021, hace meses. Hasta entonces no funcionaba a velocidad crucero pero el oficialismo había logrado algunos acuerdos que le permitieron designaciones como la de de Alejo Ramos Padilla en el juzgado federal N 1 de La Plata (clave en materia electoral) y Roberto Boico en la Cámara Federal de Comodoro Py. Pero luego de la derrota electoral en las PASO no hubo más lugar para la negociación. La oposición está cómoda con el statu quo en los tribunales y entiende que no necesita negociar ningún cargo si en un futuro puede quedarse con todos. Puede esperar.
El negocio de un Consejo bloqueado incluye:
- El freno a la designación de jueces, en especial 5 cargos clave en Comodoro Py
- La permanencia de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en los cargos donde los designó Macri a dedo ya que no se designa a sus reemplazantes
- La continuidad en la paralización de las investigaciones sobre los jueces que se reunían con Macri y, por ende, la imposibilidad de sancionarlos
El Gobierno terminó en una encerrona donde por un lado denunció un golpe institucional sin precedentes pero no contestó en consecuencia sino que aceptó el hecho consumado y envió sus representantes para la conformación del Consejo en base a una ley derogada.
Al designar como consejero al senador Martin Doñate la vicepresidenta CFK no usó eufemismos y escribió que lo hacía “a fin de evitar nuevos avasallamientos a los poderes y facultades de este honorable cuerpo, así como una interpretación antojadiza, inconstitucional y especulativa para una conformación irregular que altere las representaciones en el Consejo de la Magistratura”. Sergio Massa, que designó a la radical Roxana Reyes pese al pedido expreso del jefe de bloque del Frente de Todos Germán Martínez, escribió que lo hizo “a efectos de evitar mayores afectaciones a las facultades de este Honorable Cuerpo que alteren las representaciones en el Consejo de la Magistratura”
Había otra opción: vaciar el Consejo, que los diputados y senadores del oficialismo junto con el representante del Poder Ejecutivo no reconocieran la maniobra de Rosatti y no se sentaran en la mesa. Pero acarreaba un riesgo: que Rosatti y la oposición hicieran funcionar el Consejo igual y las mayorías se cuentan sobre los presentes, no sobre el total. En criollo, el oficialismo tiene que sentarse en este Consejo viciado para que la oposición no tenga los dos tercios para seleccionar y sancionar jueces.
No es una hipótesis: la maniobra para tener dos tercios de los presentes ya la ejecutó Macri en 2017, cuando lograron eyectar al senador Ruperto Godoy con la falsa excusa de que no era abogado y mientras el entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti retenía a su reemplazo hicieron una votación con 12 integrantes y lograron iniciarle el jury al juez Eduardo Freiler para desplazarlo de la Cámara Federal. Toda esa maniobra fue avalada por la Corte, tal como informó El Destape. El Gobierno no podía arriesgar ese camino de nuevo. La legalidad es la codificación de las relaciones de fuerza y no están a su favor.
Sin ternas
El principal activo del bloqueo al Consejo de la Magistratura es el statu quo en Comodoro Py. Ese es un juego a dos bandas: se frenan las ternas para cubrir los cargos vacantes de 3 jueces de primera instancia y 2 camaristas federales mientras siguen en sus despachos los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La Corte ya dijo que esas designaciones a dedo por parte de Macri son irregulares pero, tal como anticipó El Destape, en su fallo había una trampa: el máximo tribunal ordenó que se quedaran hasta que culmine el concurso para reemplazarlos. El concurso se hizo, las ternas están pero la oposición bloqueó su votación en el Consejo. Nada indica que esa situación vaya a cambiar.
En las últimas reuniones plenarias del Consejo quedó en evidencia la estrategia opositora. Por un lado se negaron a votar una veintena de ternas para jueces en distintos puntos del país y en fueros civiles, de familia o tribunales orales donde había unanimidad. O sea, estaban todos de acuerdo pero igual no las votaron. Por otro, cuando se trataron las ternas para los cargos en Comodoro Py, directamente no hubo acuerdo. Por como quedó la relación de fuerzas en el Consejo la cosa seguirá igual.
Los cargos clave de Comodoro Py que están bloqueados en el Consejo de la Magistratura son
- El juzgado N 6, tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral.
- El juzgado N 11, por el fallecimiento de Claudio Bonadio.
- El juzgado N 12, ante la partida de Sergio Torres a la Corte Suprema bonaerense.
- Dos lugares en la Sala I de la Cámara Federal, que Macri primero vació y luego llenó discrecionalmente y sin cumplir con la Constitución.
La evidencia del obstruccionismo opositor quedó a la vista en uno de los últimos plenarios del Consejo, cuando fue el turno de tratar los cargos que usurpan Bruglia y Bertuzzi.
Primero se puso a consideración el dictamen de mayoría. En una primera terna estaban: Fernando Poviña, juez de Tucumán que procesó en su momento al genocida Carlos Blaquier, Cecilia Incardona, fiscala de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal y Javier López Biscayart, juez en lo penal económico. En una segunda terna figuraban: Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de reiterados podios en concursos, el fiscal porteño Gonzalo Viña y el juez de tribunal de San Martin Julio Di Giorgio.
La oposición votó en contra de este dictamen. En ese momento el consejero por parte del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz propuso que se vote el dictamen de minoría para el mismo concurso que elaboraron los consejeros opositores Juan Manuel Culotta (juez que Macri puso a dedo en su momento en el juzgado electoral bonaerense) y Ricardo Recondo. Pero la oposición se negó a votar a favor de su propio dictamen, que sí había votado en la comisión de Selección, paso previo para elevar el concurso al plenario. ¿Qué sentido tuvo esta maniobra? Simplemente mantener a Bruglia y Bertuzzi en sus cargos, tal como la Corte estableció, ya que no concluyó el concurso para reemplazarlos.
El dictamen opositor tenía también dos ternas pero con un detalle no menor: lo incluyeron a Bertuzzi en una pese a su flojo rendimiento en los exámenes. En la primera terna mantenían a Poviña e Incardona y sumaban a Bertuzzi. En la segunda mantenían a Rodríguez y López Biscayart y agregaban a Pablo Yadarola. Ni así lo votaron. Más claro…
En el caso de los juzgados de primera instancia se repitió la votación 7 a 6. Con la nueva conformación nadie tendrá 14 sobre 20 consejeros, así que es improbable que salgan.
El juzgado federal 12 quedó vacante cuando el juez Torres pasó a integrar la Corte Suprema bonaerense. Allí la terna quedó conformada por Diego Arce, actual secretario letrado del juez Ariel Lijo; Leonel Gómez Barbella, el fiscal que investiga el asesinato de Lucas González y que fue el primero en pedir una indagatoria para Héctor Magnetto y compañía en la causa Papel Prensa; y de nuevo el juez Di Giorgio.
El juzgado 11 está vacante tras el fallecimiento de Bonadio. Hoy lo subroga el juez Julián Ercolini, otro de los impulsores del Lawfare. Ahi las propuestas son Albertina Caron, secretaria histórica del juez Daniel Rafecas; Matías Landino, secretario de la Cámara de San Martín; y Raúl Alejandro Roust, secretario del Juzgado Federal de Campana.
El juzgado 6, libre tras la jubilación de Canicoba Corral, tiene como propuestas al juez porteño Gonzalo Rúa; al secretario de la Cámara Federal Pablo Cesar Cina; y a Maribel Castelnuovo, que era secretaria letrada del juez Torres en el juzgado 12. Actualmente, es subrogado por Rafecas.
Consejo bloqueado, los concursantes deberán esperar.
Paddle
En el Consejo se necesitan dos tercios de los presentes para sancionar a un juez. El número no lo tiene ni oficialismo ni oposición. Las investigaciones sobre los jueces del lawfare denunciados no avanzan ni siquiera a nivel de comisión de Disciplina.
Hay media docena de denuncias contra los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los integrantes de la Cámara Federal de Casación que visitaban a Macri en Olivos y Casa Rosada mientras definían causas clave, tal como reveló El Destape.
El ministro de Justicia Martin Soria denunció a Hornos por las 6 visitas que le hizo a Macri, coincidentes con sus fallos en causas contra CFK y otros ex funcionarios cercanos a ella. La carpeta quedó a cargo del consejero Diego Molea, representante académico.
La familia del ex canciller Héctor Timerman pidió la remoción de Borinsky y Hornos. El hermano y la hija del ex canciller, Javier y Jordana Timerman, se presentaron ante el Consejo de la Magistratura y los denunciaron por “mal desempeño” en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Lo hicieron tras la revelación de El Destape en la investigación Operación Olivos. En el escrito, que está dirigido al entonces presidente del Consejo de la Magistratura Molea, los Timerman remarcaron los rechazos a las recusaciones de ambos camaristas que presentaron cuando se desarrollaba la causa Memorándum, las visitas de Borinsky y Hornos a la Quinta de Olivos, el ocultamiento de estas visitas por parte del gobierno de Macri y el interés del gobierno cambiemita en que la causa se reabriera. La denuncia en el consejo está a cargo de María Inés Pilatti de Vergara, la senadora que hoy preside la Comisión de Disciplina.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal denunció a Borinsky por su voto a favor de que la causa de espionaje que tramitaba en los juzgados de Lomas de Zamora se mudara a Comodoro Py. El caso lo lleva la consejera Silvia Giacoppo, senadora radical. El abogado Marcelo Hertzriken Velasco también denunció a Borinsky ante el Consejo a partir de las revelaciones de El Destape. Ese expediente también lo tiene la senadora Pilatti de Vergara.
Hay otras 5 denuncias contra ambos, todas sin novedades.
No son los únicos. En la Comisión de Disciplina hay denuncias contra:
- el juez Federico Villena, que fue parte del espionaje a CFK
- el camarista Martin "Doctrina" Irurzun, autor de las bases para detener ex funcionarios kirchneristas
- el miembro de Casación Eduardo Riggi, que sigue en el cargo pese a su participación en el pago de coimas para direccionar la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra
- Juan Carlos Gemingnani, de la Cámara de Casación, por múltiples casos de violencia de género
- el juez Ariel Lijo, poderoso operador de Comodoro Py que digita entre otras la causa Correo
Las denuncias no son sólo contra jueces vinculados al lawfare. Los expedientes disciplinarios también funcionan como amedrentamiento. Fueron denunciados ante el Consejo, por ejemplo, el juez Martin Bava, que procesó a Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. También el camarista Alejandro Slokar, uno de los pocos que no responde a Macri en la Cámara de Casación.
La demora tiene doble sentido: en algunos casos planchan los expedientes para que prescriban, en otro los mantienen abiertos como amenaza. Aún si un expediente avanzara, la traba de los dos tercios en el plenario del Consejo bloquea cualquier resolución.
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