Cuando Germán Garavano asumió como ministro de Justicia de Mauricio Macri organizó una reunión con todos los jueces del fuero Contencioso Administrativo, un fuero clave pero con poca prensa donde tramitan las causas judiciales contra el Estado. Era algo normal, una presentación, lo mismo que con el resto de los fueros. Pero cuando el ministro llegó se encontró con una situación extraña. Lo esperaba sólo Jorge Eduardo Morán, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero. A los pocos minutos se sumó el hombre fuerte del fuero, el camarista Sergio Fernández. Le dijeron que bastaba que hablara con ellos. Así funciona ahí.
Fernández, que formalmente preside la Sala III de la Cámara del fuero, es hermano de Javier Fenández, histórico operador judicial. Pese a que los hermanos no están en el mejor momento de su relación, las fuentes consultadas por El Destape coinciden en que los hombres fuertes del Contencioso Administrativo son los Fernández, pero no Alberto ni Cristina.
El Contencioso Administrativo, por su protagonismo en esta materia, será una de las claves para ver la forma en que el Poder Judicial asimila la reforma. Suele ser un fuero reticente a todo cambio. Y lo será ahora ya que un aspecto del proyecto enviado por Alberto Fernández es su fusión con fuero Civil y Comercial, lo que licua el poder de los hermanos Fernández.
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Si bien este fuero ya había quedado en el ojo de la tormenta durante la discusión en torno a la aplicación de la Ley de Medios audiovisuales no tiene la misma “vidriera mediática” que los tribunales de Comodoro Py. Se compone, fundamentalmente, de doce de juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones dividida en cinco salas.
“Sergio Fernández monopoliza gran parte del fuero. Hay pocos independientes, un par de camaristas que no juegan con él”, indica una fuente que conoce al detalle los mecanismos de los tribunales y sus corrientes internas. Por ejemplo, señala que –con distintos grados- tres de las cinco salas de la Cámara de Apelaciones siguen la línea del referente del fuero y una cuarta mantiene buena llegada con él. Sólo la sala I rompe esa lógica.
Un aliado importante de Sergio Fernández en la cámara es José Luis López Castiñeira, a quien definieron como “el armador de Compromiso Judicial”, quien llegó al cargo apadrinado por Sergio. Compromiso Judicial es una de las listas de la Asociación de Magistrados y pisa fuerte en este fuero. Es la corriente interna del Poder Judicial sobre la que se apoyó el macrismo mientras estuvo en el Gobierno. López Castiñeira es vocal de Compromiso e integra la sala II de la cámara.
La hegemonía se replica en los juzgados de primera instancia. No es azaroso. Entre los doce juzgados hay cuatro que están vacantes. Y las subrogancias las define la cámara. “Actúan todos en equipo”, señala otra fuente judicial.
Casi todos los magistrados con despacho en primera instancia tienen vínculo con la escudería Fernández, la de Javier y Sergio, que tiene predominancia en el fuero.
Guiño al Lawfare
El fuero Contencioso Administrativo quedó este jueves en el centro de la escena política luego de que la jueza María Alejandra Biotti, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo N° 5, impidiese que el Senado trate los pliegos de dos camaristas del Lawfare, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Biotti dio una muestra de lo que puede ser la resistencia en pos de mantener el statu quo judicial. Bruglia y Bertuzzi, puestos a dedo por Macri en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py, pidieron que no se analicen sus traslados irregulares. Y Biotti emitió una primera resolución este jueves.
Tal como informó El Destape, en lugar de resolver los casos de Bruglia y Bertuzi vía decreto el presidente Alberto Fernández tomó el camino largo, donde el Consejo de la Magistratura analizó los traslados irregulares por Macri, le elevó un informe al Poder Ejecutivo y este lo remitió al Senado para que defina, como marca la Constitución. Pues bien, ante la llegada de los casos de los camaristas de Comodoro Py al Senado (junto a otros 8 casos), la jueza Biotti dictó una medida precautelar donde le dijo al Senado que se abstuviera de tratarlos hasta que ella resuelva la cuestión de fondo. En la comisión de Acuerdos decidieron analizarlos igual, pero el mensaje se entendió.
A los jueces del Contencioso Administrativo, al igual que en otros fueros, se los puede conocer por sus fallos y por sus terminales políticas. Ambas están relacionadas, claro.
“Biotti es una terminal de los espacios de Bruglia y Bertuzzi”, aseguran fuentes judiciales que conocen en profundidad las internas palaciegas de tribunales. La referencia es a sus vínculos con Compromiso Judicial. Biotti ya había fallado en contra del gobierno de Alberto Fernández en el caso Vicentín y hasta avalado durante el macrismo que familiares de funcionarios no incluidos en la ley de amnistía fiscal pudieran ingresar al blanqueo de capitales al rechazar un planto de Felipe Solá.
Ahora resta saber qué hará con el fallo de fondo que sellará el futuro inmediato de Bruglia y Bertuzzi. Un dato no debiera pasar desapercibido: llegó al cargo en junio de 2015 y Sergio Fernández no fue neutral en su designación.
La primera línea
En el Contencioso al igual que en Comodoro Py hay 12 juzgados de primera instancia pero 8 jueces, ya que 4 de ellos ocupan dos despachos. Se trata de Enrique Lavié Pico, a cargo del N° 1 y el N° 6; Esteban Furnari, con el N° 2 y el N° 10; Pablo Cayssials, con despacho en el N° 7 y el N° 9; y Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, quien está en el N° 8 y el N° 11. A ellos se suman, la mentada Biotti y Santiago Carrillo, quien está a cargo del juzgado N°3; Rita Ailán, al frente del N°4; y Macarena Marra Giménez, quien figura en el N° 12.
La mayoría del fuero no ve con buenos ojos una Reforma Judicial porque licúa la concentración de poder que hoy detentan. Es que el proyecto que se debate en el Congreso plantea la unificación de este fuero con el Civil y Comercial, menos operado por sus propias competencias.
Los vínculos con Clarín y Macri
Es imposible disociar al juez Cayssials de Clarín. Entre sus fallos se destaca la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También fue central para la operación contra la ex procuradora Alejandra Gils Carbó orquestada por Macri, Clarín, Comodoro Py y los abogados del establishment y de genocidas.
En un fallo a medida, declaró inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la podía remover por vía del juicio político. Para el juez, la Ley de Ministerio no podía establecer el requisito de juicio político cuando la Constitución no lo establece taxativamente. Citó para esto al prestigioso jurista Germán Bidart Campos, pero de forma parcial. Tal como advirtieron abogados como Graciana Peñafort y Lucas Arrimada, el juez Cayssials recortó intencionalmente el párrafo del texto de Bidart Campos donde explicita que justamente el caso de la Procuradora General de la Nación es uno de los que sí se entiende que debe ser removida vía juicio político.
La familia Macri tampoco le es ajena a Cayssials. Tuvo en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclamaron 2.365 millones de pesos justo en el mismo momento en que Macri le intentaba condonar la deuda con el Estado a su familia.
El caso de Marra Giménez, vinculada a la escudería Fernández, está muy ligado a los intereses de Macri. Subroga en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 12, y mientras concursaba para ser su titular hizo todos los deberes. Fue parte de la iniciativa del macrismo de transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal, aunque atenta a los cambios de viento les dictó un fallo en contra en las últimas semanas de anterior Gobierno.
También intervino en una causa vinculada al caso Correo Argentino. Mientras maniobraban para lograr la condonación de su deuda con el Estado, los Macri iniciaron una demanda contra el Estado por 2.365 millones de pesos. Es una de las 5 causas que iniciaron contra el Estado y que a finales de la presidencia de Macri buscaron unificar. Marra Giménez hizo la tarea y les habilitó el pedido. Varias, entre ellas la que reclaman 2.365 millones de pesos, quedaron juntas en manos del juez Enrique Lavié Pico, otro de los nombres fuertes del fuero. Al presidente Fernández retiró su pliego del Senado apenas asumió.
La maniobra de unificar las denuncias de los Macri contra el Estado en el juzgado de Lavié Pico habla por sí sola de la confianza que depositaron en él. Pero no fue su única intervención vinculada al macrismo. Fue clave para lograr el desplazamiento del camarista Eduardo Freiler de Comodoro Py. Freiler es el único juez en la historia que osó citar a indagatoria a Héctor Magnetto y Macri pidió su cabeza cuando intervino en un fallo a favor de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Para deshacerse de Freiler el macrismo necesitaba números que no tenía en el Consejo de la Magistratura y Lavié Pico les resolvió el problema. Dictó un fallo donde decía que para integrar el organismo había que ser abogado, algo que ni la Constitución ni la ley 26.855 que reformó el Consejo de la Magistratura ni la Corte cuando opinó sobre la constitucionalidad de esa ley dicen. Pero no importó, y desplazaron al entonces consejero Ruperto Godoy. Luego, el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, retuvo a su reemplazante, el senador Mario País, y en el interín Cambiemos obtuvo una mayoría circunstancial que utilizó de forma escandalosa para avanzar contra Freiler.
El argumento de Lavie Pico fue una supuesta intencionalidad de los constituyentes que no quedó plasmada en la Constitución. Lo que sí quedó en la Carta Magna es que los jueces tienen que jubilarse a los 75 años, pero Lavie Pico permitió a la cortesana Elena Highton de Nolasco quedarse luego de esa edad. Constitucionalismo selectivo.
Lavié Pico “también responde a Compromiso Judicial aunque puede tener cierto juego independiente”, los describieron desde tribunales.
Otra de las juezas con doble despacho es Gilardi Madariaga de Negre, a quien también se relaciona con la escudería Fernández. Furnari también tenía buen vínculo con los referentes del fuero pero tuvo una serie de roces. Carrillo, por su parte, es uno de los pocos que no tiene una línea aceitada con quienes detentan la hegemonía en el Contencioso. Ailán también es considerada como “más independiente”. No obstante, resaltan las fuentes consultadas, “cuando se quiso desmarcar mucho llamativamente ingresó una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura”.
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