Los posibles cambios a las jubilaciones de Santa Fe entran en la cuenta regresiva y la incertidumbre de los gremios estatales crece profundamente. El gobierno de Maximiliano Pullaro tiene previsto enviar a la Legislatura, en el mes de agosto, el proyecto de ley para avanzar en una reforma jubilatoria, una vez que la comisión legislativa tome una definición sobre los cambios que deben hacerse en el sistema previsional.
Según Pullaro, la Caja de Jubilaciones es un "sistema legal desajustado, que tiene muchas inconsistencias e incoherencias". Para combatir el déficit que atraviesa su provincia por los nulos envíos de transferencias discrecionales por parte del presidente Javier Milei y lograr "ordenar las cuentas" en su Provincia, el mandatario santafesino quiere implementar cambios que provocarán duras consecuencias para quienes cobran una jubilación y para los trabajadores que estén por alcanzar los años de aportes.
Luego de semanas donde la comisión multisectorial abordó el análisis del régimen previsional, el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, aseguró que presentarán el proyecto de ley "cuanto antes". En ese sentido, afirmó: "Lo importante es la prioridad que se le dio a un tema como el de salvar la Caja (de Jubilaciones). Lo que importa es que el sistema de Santa Fe les garantice a los jubilados actuales y futuros, que va a ser sustentable y va a garantizar el beneficio que les corresponde".
Además, indicó que el polémico proyecto fue "una prioridad que se planteó esta gestión apenas inició". No obstante, el ministro aclaró que el informe "tendrá que estudiarse y analizarse" y que, en base a eso, "se hará el proyecto que corresponda en la mayor brevedad posible".
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Por otra parte, el ministro advirtió que "si no se actúa y el déficit continúa, puede llegar tener un desequilibrio que esté fuera del alcance de un Tesoro provincial sostenerlo". Al respecto, manifestó: "Las alternativas al llegar a estas situaciones son muy duras. Estamos a tiempo de ocuparnos para que la Caja pueda preservarse en la provincia de Santa Fe y sea un auténtico sistema de reparto, donde las pasividades del presente puedan abonarse con los aportes de los activos del presente y sin auxilios de las cuentas provinciales".
La comisión que funciona en la Legislatura, creada especialmente para escuchar a los distintos actores y elaborar informes, se volverá a reunir esta semana. El 31 de julio terminará la ronda de consultas y en agosto se espera que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto a las cámaras legislativas.
Reforma previsional en Santa Fe: cuáles son los cambios que quiere Pullaro
El gobierno de Pullaro pone en cuestión la forma en la que se constituye el fondo de recursos, las compensaciones permitidas por años de servicio, compras de años aportados con moratorias, y otras posibilidades que apuran el acceso al beneficio jubilatorio. Estos puntos claves se ponen sobre la mesa de la Comisión creada para que pueda diseñar la reforma.
Todos los trabajadores santafesinos aportan el 14,5% de sus sueldos para sostener la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, mientras que el Estado aporta el 17,2%. Una de las alternativas que baraja el Ejecutivo apunta a establecer un sistema diferente, en el que los aportes de los activos sean proporcionalmente mayores para aquellos que tienen ingresos más altos.
Otro aspecto que puede ser eliminado es el actual sistema del dos por uno (2x1), que permite adelantar un año la jubilación por cada dos años trabajados, luego de los 30 años de servicio. Este beneficio alcanza a todos los agentes públicos de la provincia.
A su vez, el gobernador busca elevar la edad de jubilación de las mujeres, que actualmente es de 60 años. Con excepciones en el régimen docente: maestras y profesoras que hayan estado al frente de aulas durante la mayor parte de sus carreras podrán retirarse, cumplidos los aportes, antes de esa edad.
En tanto, desde el gobierno provincial buscan ponerle un tope más bajo a las jubilaciones más altas. En estos momentos, nadie puede cobrar más del 80% del sueldo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, con 30 años de servicio. Esto arroja una jubilación máxima de 9,5 millones de pesos. A nivel nacional, el tope del haber jubilatorio en junio fue cercado a 1,4 millones de pesos.
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