El gobernador Maximiliano Pullaro profundiza su política de ajuste que recae sobre el pueblo santafesino. Los fuertes aumentos en impuestos y servicios y la violencia extrema por los ataques narcos que vive la Provincia se suman a los múltiples despidos de trabajadores estatales: 50 empleados de Aguas Santafesinas S. A.(ASSA) fueron dados de baja.
Hace algunos meses, desde el gobierno provincial lanzaron duras críticas hacia el funcionamiento y administración de la empresa, a la que calificaron de “deficitaria” y “mal administrada”. En ese sentido, destacaron que, sin aportes de estatales, la empresa no podría pagar los salarios. Sin embargo, la solución del mandatario provincial para "ordenar las cuentas del Estado" es continuar con la ola de despidos.
Pullaro decidió crear una comisión revisora mediante el Decreto N.º 38 para analizar los pases a planta ejecutados el exmandatario Omar Perotti en sus últimos meses de gestión. Actualmente, ASSA cuentan con 1.421 trabajadores y, desde el Poder Ejecutivo, aseguran que el Tesoro Provincial le aporta a la compañía el 85% de los recursos que necesita para operar.
Como consecuencia, y en sintonía con las medidas de recorte que lleva adelante el presidente Javier Milei a nivel nacional, más de 250 empleados del Estado, pertenecientes a los Ministerios de Educación, Género, Producción y Energías Renovables de Santa Fe, fueron echados.
Esta semana, empleados públicos encabezaron jornadas de lucha contra las administraciones de Milei y el radical que, tras la aprobación de la Ley Bases, impulsan el vaciamiento y la precarización laboral. En tanto, en medio de la incertidumbre de los gremios por la posible aprobación de una resistida reforma jubilatoria, desde el Gobierno descartaron la opción de crear un sistema de retiros voluntarios, aunque admitieron que ya conversan con quienes están por alcanzar los años de aportes para comenzar a recibir una pensión.
Trabajadores estatales protestaron contra los despidos y la precarización laboral
Luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciara que ya se registraron 2.305 nuevos despidos en la administración pública por las políticas de Milei, los estatales santafesinos profundizan las medidas de fuerza: esta semana, los trabajadores de la salud de PAMI y del geriátrico provincial realizaron una protesta para reclamar por un recorte de personal que afecta tanto las condiciones laborales, como la atención médica.
Los manifestantes denuncian la no renovación de contratos de varios compañeros: tres mucamos que desarrollaban tareas en el Policlínico PAMI 2 y una enfermera que se desempañaba en el Policlínico PAMI 1. Todos fueron notificados vía Whatsapp.
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En diálogo con De boca en boca (Radio 2), el Secretario General de la Junta Interna de ATE PAMI Rosario, Darío Sarsa, aseguró que se resolvió "la no renovación de los contratos argumentando una evaluación negativa".
“Rechazamos los despidos de trabajadores y trabajadoras de la salud de los adultos mayores y convocamos a una asamblea para organizar un plan de lucha que le ponga un freno a los despidos en la obra social y exigimos la inmediata reincorporación de las y los trabajadores cesanteados sin justa causa”, señalaron desde ATE Rosario.
Para llevar a cabo su programa económico, Pullaro designó a un empresario al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Roald "Coco" Báscolo está relacionado en Reconquista con una de las verdulerías más tradicionales de la ciudad. Su negocio familiar cuenta con más de 40 empleados y, hasta el año pasado, fue concejal por el PRO.
En línea con el plan motosierra del libertario, Santa Fe sufre el crecimiento de la pobreza y la desocupación. Hay 60 empresas bajo el régimen de suspensiones contemplado en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite a empleadores y gremios acordar suspensiones abonando una suma no remunerativa. La situación alcanza a unos 10 mil empleados sobre un universo de más de 500 mil.
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