La Cámara Nacional Electoral dio un paso importante en la investigación de un episodio electoral ocurrido durante las elecciones de 2019, intimando a varios ex funcionarios macristas a designar abogados en una causa que indaga el presunto pago a fiscales con subsidios. La decisión surge en respuesta a la demanda representada por el apoderado del Partido Justicialista, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, y establece un plazo de tres días para que los imputados nombren a sus representantes legales en esta investigación.
Los ex funcionarios del PRO involucrados en este caso son Irina Haydee Zarate, Dante Sica, Fernando Prémoli, Francisco Ratto, Juan María Cravero, Germán Daniel Villalba, Diego Herrera, Miguel Alfredo Montoya y Ricardo Buryale. Todos ellos enfrentan acusaciones relacionadas con el uso de subsidios destinados a desocupados con fines electorales en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2019.
El subsidio en cuestión, por un monto de 5.000 pesos, fue establecido mediante la resolución 1177 de la secretaría de Empleo y nunca fue publicado en el Boletín Oficial. Durante la campaña electoral, este subsidio fue ofrecido a través de intermediarios y líderes locales del macrismo en varios municipios, lo que suscitó denuncias de clientelismo político.
La jueza María Servini dictó una medida cautelar que prohibió la distribución del subsidio hasta después de las elecciones, en respuesta a una denuncia del Frente de Todos. La decisión de la jueza y del fiscal Jorge Di Lello estuvo fundamentada en la violación de la veda electoral y el presunto direccionamiento del voto de personas vulnerables y desempleadas.
Además de la entrega de estos subsidios, se ha planteado la utilización de la estructura del Ministerio de la Producción con fines electorales. Después de las elecciones, el gobierno de Mauricio Macri completó el pago de los 50.000 subsidios restantes.
La causa apunta a investigar si se violó el artículo 139 del Código Electoral, que sanciona a quienes intenten forzar a un votante a elegir una determinada opción electoral, así como la violación de la veda electoral según lo establece el artículo 64. Estas acusaciones han sido reforzadas por una denuncia adicional presentada desde la provincia de Formosa.
Además de los ex funcionarios mencionados, otros actores políticos y funcionarios locales también han sido señalados en el dictamen de Di Lello. Esto incluye a figuras como el delegado de la Agencia Territorial Formosa de la Secretaría de Trabajo, Miguel Montoya, el concejal municipal de Formosa y el diputado Buryaile, entre otros.
El Frente de Todos también solicitó que se investigue el posible uso de los bonos para el pago de autoridades de mesa, lo que podría haber sido un método adicional para obtener resultados favorables en las elecciones de 2019.
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