Tras los graves incendios forestales que dejaron al menos 69 mil hectáreas quemadas durante este año en Córdoba, el Gobierno nacional oficializó este viernes la Ley 27.782, que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 180 días en esa provincia. La iniciativa, que promueve distintas medidas para paliar los daños en las localidades ubicadas en las Sierras de Córdoba y a los distritos alcanzados por los incendios, fue sancionada por el Congreso el lunes pasado. Sin embargo, todavía no llegaron los fondos.
“Esta declaración se realiza con el fin de adoptar todas las medidas conducentes a combatir los incendios en la provincia de Córdoba para restaurar y restablecer las zonas afectadas y prevenir nuevos focos, conforme a los lineamientos establecidos en las leyes 26.815 y 27.287, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos”, dice el texto publicado en el Boletín Oficial.
Medidas que estipula la Ley 27.782
- Adoptar las medidas para preservar y restablecer las condiciones de vida de los habitantes, las relaciones de producción y empleo, y la recuperación de la biodiversidad en las zonas afectadas. Se priorizarán las obras públicas urgentes, tales como la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones, previo estudio técnico que permita establecer la asignación eficiente de los fondos.
- Adoptar medidas financieras especiales que brinden apoyo directo a las economías regionales y a los habitantes de las zonas afectadas por los incendios en las Sierras de Córdoba, conforme a lo establecido por la ley 27.287, en relación con la gestión de desastres y la protección de las actividades productivas locales.
- Líneas de créditos con tasas bonificadas destinados tanto a la reparación de viviendas como a la continuidad de las actividades económicas claves para las economías regionales, asegurando la recuperación de empleos y el funcionamiento de los sectores productivos;
- Facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales permitiendo su reactivación económica mediante la suspensión y renovación de las obligaciones bancarias y deudas pendientes al inicio de la emergencia, brindando un alivio inmediato a los productores y trabajadores afectados por las pérdidas económicas;
- Suspensión por hasta noventa (90) días de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia, garantizando que las familias, emprendedores y productores puedan concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de sus medios de vida sin el riesgo de sanciones financieras inmediatas.
Tras los graves incendios en Córdoba, Llaryora busca que Diputados aumente las penas por los delitos
La provincia de Córdoba superó los graves incendios forestales que azotaron el territorio y se encuentran en plena etapa de reparación de daños. En este marco, la Cámara de Diputados avanzará este martes con un proyecto de ley impulsado por el gobernador Martín Llaryora para aumentar las penas contra quienes cometan este tipo de desastres ambientales, aunque seguirán siendo excarcelables.
La iniciativa, que busca modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal, se trata desde las 16 en la Comisión de Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado, y obtendría dictamen favorable con apoyo de todas las fuerzas políticas.
El texto original fue presentado por Ignacio García Aresca, quien responde al gobernador Llaryora, y el democristiano Juan Brügge, quienes plantearon llevar las penas mínimas de tres a cuatro o hasta cinco años (según el caso), pero finalmente se mantendrán como en la actualidad por pedido de Unión por la Patria (UP).
En la negociación con el oficialismo y Rodríguez Machado, el diputado y exministro de Justicia Martín Soria planteó que el castigo era excesivo y, en busca de sellar los votos del kirchnerismo en el recinto, se decidió retocar el proyecto inicial. Por eso, Brügge firmará el dictamen en disidencia junto a su par de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño.
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