Siete localidades de la provincia de Córdoba no tendrán más sus Registros del Automotor, luego de una resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que establece “la supresión de sedes registrales” que alcanzan un total de 136 en todo el país.
Tras llegar a la Presidencia, uno de los primeros anuncios de Javier Milei fue la eliminación de las oficinas encargadas de registrar y controlar la propiedad de los automotores, con la promesa de agilizar y abaratar las transferencias, que pasarían a ser trámites digitales.
En junio pasado, se anunció que se cerrarían 40% de los registros y se reduciría 30% el personal de la Dirección de Registro Automotor, con un comunicado oficial en el que se adoptaron diversas medidas, incluida la derogación de la tarjeta azul.
En el marco de la "reestructuración" del sistema, la administración de La Libertad Avanza (LLA) oficializó esta semana la decisión con la publicación en el Boletín Oficial. “La medida propuesta obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo encargados titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”, indicó la Resolución 209/2024.
Y agregó, entre otros puntos, que, lo que se propugna, "materializa la voluntad de promover el cierre de Registros Seccionales intervenidos en pos de la reducción de la administración pública nacional, en el marco de las políticas que viene llevando a cabo el Estado nacional”.
Además, la gestión libertaria ratificó el freno a la apertura de otras 12 oficinas que se habían aprobado en 2017 y 2019, pero que no llegaron a concretarse.
Del total, ocho sedes estaban en las localidades cordobesas de Corral de Bustos, Cruz del Eje, Jovita, Mina Clavero, Justiniano Posse, Alejo Ledesma y Balnearia. Todas tenían “competencia exclusiva en motovehículos”, pero Cruz del Eje tenía un registro del automotor con “competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de créditos prendarios”.
Días atrás, el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había ratificado la decisión de eliminar los registros, lo cual el DNU 70/23 ya había abordado en su primera edición.
Encargados de Registros del Automotor rechazaron los despidos de Milei
La respuesta por parte de los Registros de propiedad automotor fue inmediata: a través de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor (AAERPA), rechazó la medida al tiempo que la entidad recordó que cualquier modificación “debe ir acompañada de una readecuación de los ingresos de los Registros, que desde octubre del año pasado no se les actualiza sus emolumentos”.
Más allá de la “pérdida que todos los Registros vienen sufriendo desde hace meses”, con estas nuevas medidas “se profundizará el deterioro de la actividad y la prestación del servicio”, indicó la entidad que preside Alejandro Germano.
“En definitiva, hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva”, advirtieron desde AAERPA.
En ese sentido, recordaron que, desde octubre pasado, el Ministerio de Justicia encabezado por Mariano Cúneo Libarona “no actualiza los emolumentos de los Registros Automotores en todo el país”. “Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12 mil puestos de empleo privados que trabajan en los Registros”, recalcaron.
AAERPA aseguró que, en la actualidad, “el costo de este servicio está recayendo enteramente en los titulares del registro, quienes deben cubrir todos los gastos operativos, desde salarios hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado Nacional, luz y alquileres”.
“El Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este año 2024, mientras que los registros seccionales no pueden afrontar siquiera los sueldos de los empleados, mucho menos una retribución justa por los servicios”, denunció la organización.
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