Tras enviar una propuesta a los docentes que apenas cubre la mitad de la canasta básica y lograr la conciliación obligatoria para evitar el retraso del reinicio de las clases, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó el acuerdo salarial con el gremio de los jerárquicos de la administración pública provincial (Unión Personal Superior).
El gobernador logró cerrar la primera paritaria de su gestión, que impactará en el tercer trimestre del año. El gremio de los jerárquicos que conduce Domingo Ovando estableció el convenio con el secretario General de la Gobernación, David Consalvi.
Según la información que brindó la Provincia, este acuerdo con la UPS “establece los incrementos salariales para los meses de julio, agosto y septiembre del corriente, los que permitirán garantizar el poder adquisitivo de los salarios, ya que aumentarán mensualmente en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor –nivel general- publicado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba”, señaló la gacetilla oficial.
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Los aumentos del acuerdo con el personal jerárquico, que tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre, serán extensivos al personal de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia: Policía, Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarcotráfico, como así también al personal Aeronáutico.
En tanto, el mandatario provincial avanzó en las negociaciones con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el gremio más numeroso después de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Es posible que el lunes se firme el acuerdo por los próximos tres meses.
Llaryora pidió la conciliación obligatoria y evitó el paro docente
Con la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la Provincia, el conflicto entre el Gobierno y el gremio docente ingresó en un período de negociación obligatoria, por lo cual, la UEPC no podrá concretar el paro de 48 horas convocado para este lunes y martes, de modo que las clases se reiniciarán normalmente luego del receso invernal.
En una reunión que el jueves pasado mantuvo el secretario de Trabajo, Omar Sereno, con representantes del gobierno provincial y del gremio docente, les comunicó la decisión de una conciliación obligatoria por 10 días hábiles, es decir, dos semanas, con la posibilidad de prorrogarla por otros 10 días hábiles más.
La Junta Directiva docente aceptó la conciliación ya que, en caso de rechazarla, el gremio se expondría a recibir una fuerte multa por parte del organismo de trabajo provincial, que responde al Centro Cívico. De esta manera, se abre un período de negociación de tres semanas, en el cual las partes esperan llegar a un acuerdo salarial.
Desde la Provincia anticiparon que se puede revisar algunos de los 15 puntos que contiene la propuesta docente, pero que no se modificarían dos temas principales: cláusula gatillo por inflación y recuperación salarial con sumas fijas.
Durante la última Asamblea Provincial hubo 15 departamentos a favor de aceptar la oferta del Gobierno, aunque la mayoría de los delegados, especialmente de Capital, Río Cuarto y San Martín, votaron en contra. Estos delegados consideran que la propuesta es insuficiente y no cumple con las demandas de un salario digno. Según detalló el secretario de UEPC por Capital, Franco Boczkowski, el mandatario provincial plantea un sueldo inicial de $560.000, que perjudicará a "cerca de 26 mil docentes".
En declaraciones a Canal 10, Boczkowski aseguró que el mandatario provincial "está falseando la realidad", ya que mientras sostiene que los salarios de los docentes cordobeses "son los más altos del país", solamente ofrece un salario básico que apenas alcanza para cubrir la mitad de la canasta de la línea de la pobreza: los datos de la Universidad Torcuato Di Tella revelaron que, una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores de edad, necesitó reunir ingresos por 873.169 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza. En el caso de la indigencia, una familia necesitó ingresos por 393.319 pesos para no pasar hambre.
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