Mucho ruido, pocas leyes: la nueva Legislatura en Córdoba tuvo unos primeros seis marcados más por los desencuentros y cruces picantes en el recinto que por la aprobación de temas en las sesiones. Por la paridad en las bancadas, la relación de los legisladores del peronismo y de Juntos por el Cambio fue compleja, lo que obligó al oficialismo a buscar distintas alternativas para el tratamiento en comisión.
La primera discusión se dio tras la decisión de las autoridades del cuerpo legislativo de sesionar cada 15 días y no todas las semanas, como se realizó en la Provincia desde el regreso de la democracia.
En ese sentido, los legisladores allegados al gobernador Martín Llaryora establecieron una estrategia clara: no poner en peligro proyectos del Ejecutivo a partir del escaso envío de propuestas por el riesgo de no contar con la mayoría de votos.
De diciembre a esta parte (en enero se dio el receso estival), se aprobaron siete leyes. Unas pocas fueron consensuadas por el cuerpo legislativo, como la declaración de la lengua ranquel como parte del patrimonio cultural, la inclusión de las maestras de los jardines municipales al régimen jubilatorio docente y la capacitación sobre Malvinas en las dependencias públicas, entre otras.
El resto fueron debates pedidos sobre tablas, discusiones sobre salud, educación y seguridad que estuvieron en el recinto y siguieron en las redes sociales a través de insultos.
Para el oficialismo, fueron “seis meses en los que la oposición puso palos en la rueda para no dejar gobernar, salvo excepciones”, mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio o los monobloques enfrentados al Gobierno provincial sostienen que “el cordobesismo no dejó debatir”.
El oficialismo apuntó contra los que obstaculizan las votaciones: “Estamos entrenados para atravesar tormentas”
Los legisladores oficialistas se pronunciaron por “la actividad nula” en el Parlamento cordobés. La vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, aseguró que es frustrante “que algunos miembros de la oposición no comprendan cuál es su función. “Nuestro objetivo como oficialistas es mantenernos firmes al lado de los cordobeses y junto al gobernador para dotar de musculatura el rumbo del Gobierno”, añadió.
En ese sentido, Fernández afirmó que, a pesar de que fueron “seis meses duros”, desde su espacio están “entrenados para atravesar tormentas”, pero aclaró que siempre apostarán “al diálogo y al consenso”.
Por su parte, el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, apuntó contra la oposición “que obstaculiza”, y que “no está para oponerse constructivamente, sino que es una máquina de impedir”. Al igual que Facundo Torres, presidente provisorio; y Fernández, Siciliano es el respaldo de Llaryora en la Legislatura.
Asimismo, remarcó que siente que, desde el oficialismo, trabajan “en una Legislatura del diálogo y el consenso, que esto debe ser permanente. De hecho, hemos aprobado proyectos de leyes que no eran de nuestro bloque”.
A modo de balance, Torres aseguró que una Legislatura con esta paridad en las bancas fue un “desafío”, ya que arrancaron "con una situación inédita para la Unicameral. No sólo con un oficialismo que, por primera vez, no cuenta con la mayoría sino también con un recinto fragmentado en 11 bloques”, manifestó.
“Eso se tradujo en la confirmación de 30 comisiones, este número fue ampliado justamente para garantizar las voces y la participación de todos los espacios políticos”, detalló.
Y reconoció que, si bien el inicio fue complejo, el oficialismo “logró las leyes necesarias que el Ejecutivo necesitaba”. En estos meses, el Gobernador consiguió aprobar una nueva Ley de Seguridad, rechazada por la mayoría del arco opositor.
De este modo, Llaryora creó el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un polémico modelo para luchar contra la inseguridad y el narcotráfico. Según esta nueva legislación, el Estado provincial incorporó las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía, delegadas a los municipios, agregando prestadoras de seguridad privada, a la vez que les habilita el uso de las armas menos letales.
El Gobernador también consiguió la sanción de un incremento en los aportes de los estatales y jubilados provinciales al Apross y la Caja de Jubilaciones. Lo mismo hizo con la modificación del Reglamento Interno que limitó las presentaciones de los proyectos sobre tablas, a menos que cuenten con los dos tercios de los presentes.
La oposición cordobesa denuncia “un intento de avasallamiento”
Por el lado de Juntos por el Cambio, plantearon su preocupación por el poco debate de los temas. La presidenta del interbloque, Alejandra Ferrero, expuso que “fueron seis primeros meses movidos, donde la oposición tuvo que resistir a un intento permanente de avasallamiento, atropello y resistencia a los controles".
La legisladora radical auguró que, durante la segunda parte del año, haya un espacio de encuentro en algunos temas, como en la modificación del juego online: hay alta preocupación por el aumento de los casos adolescentes, y los peligros que el Estado impulsa por ”promover” esta tendencia.
“Esperamos que el segundo semestre esté caracterizado por un ámbito más constructivo, donde la política pueda mostrar algún tipo de construcción”, aseguró.
En tanto, el presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, cruzó al PJ por su plan de no debatir: “Sólo dos proyectos envío el Gobierno a esta Legislatura”, aseguró.
“Le cuesta al cordobesismo acostumbrarse a que después de 24 años ya no pueden hacer lo que quiere. Desde hace seis meses hay oposición, hay control. Y el Frente Cívico lo va a seguir haciendo sin dudas ni temores porque ese es el mandato de los cordobeses”, insistió.
Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), uno de los legisladores que más proyectos presentó en estos meses y al mismo tiempo uno de los más críticos, afirmó que se “desalentó el debate parlamentario”.
A su vez, reveló que envió 83 proyectos, es decir, casi uno por día hábil de trabajo. Según indicó, del total planteado para tratarse en el Parlamento, “23 son proyectos de ley sobre distintos temas de agenda de la sociedad, especialmente en lo que se refiere a los más débiles y con un conjunto de acciones destinadas al combate al narcotráfico, a la prevención de adicciones”, enumeró.
Con información de La Voz
Cerrar sesión