La Pastoral Social de la Iglesia Católica de Córdoba se metió en el debate por el proyecto del presidente Javier Milei de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, que comienza a discutirse en la Cámara de Diputados.
Este miércoles se abre en comisión el tratamiento de la iniciativa que busca instituir un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, a través de una reunión informativa donde expondrán funcionarios de los Ministerios de Seguridad y Justicia.
A lo largo del texto que impulsaron Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; este tope se mantendrán aun si la escala penal fuera más elevada.
Como es habitual, la dirigencia de la Iglesia Católica hizo definiciones contundentes sobre problemáticas sociales, como la ludopatía infantil. En este caso, emitió un documento bajo el título “Penalizar no es la solución” para fijar posición “de manera respetuosa pero con claridad” sobre el proyecto del gobierno nacional para bajar a 13 años la edad desde la cual pueden ser penalizados los adolescentes en el país.
“Lo que, como sociedad y Estado, ha de preocuparnos y ocuparnos responsablemente es buscar y encontrar soluciones verdaderas a la problemática de prácticas delictivas por parte de menores”, señaló el documento. Y agregó: “Los menores que delinquen no son aerolitos caídos de arriba, tienen conexiones con los medios en los que crecen y viven y con los contextos socioeconómicos que los atraviesan".
MÁS INFO
En ese sentido, invita a “pensar con fundamentos” si bajar la edad de penalización “contribuirá a erradicar la delincuencia de los menores o si, por el contrario, sólo satisfará reclamos de venganza, aumentará los resentimientos y profundizará esta herida social”.
Tanto Bullrich como Cúneo Libarona impulsan una política de mano dura y culparon a "la juventud de hoy" por el crecimiento de los delitos y sostuvieron que esta generación "no es comparable a la de hace más de cuatro décadas".
Según el Censo 2022, en Córdoba hay 171 mil adolescentes que tienen 13, 14 y 15 años. De este segmento no imputable, en 2024 hubo 181 con causas por la supuesta comisión de delitos y quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia provincial (Senaf). De ese total, apenas tres estarían involucrados en homicidios.
Sin embargo, los hechos delictivos se explican por ciertas razones: el 65% de los menores que tiene el Senaf a cargo no tiene cuidados parentales y sólo el 13% se encuentra en conflicto con la ley penal juvenil.
Baja de la edad de imputabilidad: cuáles son las posturas de los gobernadores
A fines de mayo, el gobernador Martín Llaryora declaró haber “revisado” su postura en relación a la edad de imputabilidad en delitos. Luego del crimen de un remisero en Río Cuarto, el mandatario sostuvo: “Yo tenía una postura tomada, pero a medida que pasa el tiempo la estoy empezando a cambiar por estos hechos. Porque creo que no se puede más. Hay que hacer modificaciones al régimen, por lo menos para algunos delitos. Hay que animarnos a rediscutir. Estas son las cosas que te cambian de parecer, cuando te pega tan fuerte hechos como estos”, afirmó.
Mientras se espera que el debate en el Congreso sea arduo, otros gobernadores dejaron en claro qué piensan sobre el proyecto de Milei.
En un comunicado a través de las cuentas oficiales, el gobierno de La Rioja advirtió que no adhiere a lo planteado por el Poder Ejecutivo nacional. "Reconocemos que se debe actualizar y profundizar el debate sobre la ley vigente y elaborar una legislación nueva, pero que no sea regresiva en materia de derechos humanos de las niñeces y adolescencias, sino que tenga una concordancia con los estándares de las convenciones respectivas y establezca un fuero penal específico para la franja de 16 a 18 años, diferenciado del régimen penal para adultos", explicaron en la publicación.
La administración de Ricardo Quintela expuso que, "en las estadísticas nacionales, regionales y provinciales, la incidencia de hechos de violencia, equiparables a delitos graves o gravísimos, cometidos por niñeces de menos de 16 años, es muy bajo y perfectamente tratable por dispositivos de abordaje".
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró "completamente de acuerdo" con la iniciativa de Nación. "Necesitamos cambiar las leyes, que un menor que comete un delito violento, un delito de mayor, sea juzgado como un mayor", pidió en una conferencia de prensa que dio junta a la ministra Bullrich en abril pasado.
Cerrar sesión