La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) denunciaron el "desmantelamiento del sistema de controles y regulación de medios y telecomunicaciones argentinos" a partir de la intervención del Ente Nacional de comunicaciones (ENACOM) por parte del gobierno de Javier Milei.
En el fuerte comunicado que lanzaron y al que adhiere la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, las federaciones de medios alternativos advirtieron que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) está "quitando toda proyección a los medios de comunicación comunitarios y alternativos y sometiendo el espectro al arbitrio de las corporaciones hegemónicas y su discurso único".
De esta manera, CONTA y FARCO enumeraron una lista de medidas de ajuste que implementó el Gobierno nacional en poco menos de ocho meses: suspensión de las políticas públicas de conectividad en barrios populares, desregulación total y fuerte tarifazos, despido de trabajadores y cierre de delegaciones completan el panorama.
Además, advierten por "una intervención a tono con el escenario general de ultra concentración, autoritarismo, vaciamiento de los medios públicos, hostigamiento a periodistas (en particular mujeres), y promoción del acoso digital".
A través de la Resolución 7/2024 publicada en el Boletín Oficial, el ente dispuso el "cierre operativo" de 28 delegaciones provinciales con el despido de la totalidad del personal que se desempeñaba allí, alrededor de 300 personas.
El ente, a cargo de Juan Martín Ozores, solamente se quedó con la sede de CABA y, a partir de abril, estableció un período de 60 días para "atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las delegaciones provinciales".
El pasado 27 de julio venció la intervención dispuesta y la decisión del Presidente es prorrogarla con la continuidad de Ozores como interventor. Entre los próximos pasos, se vaciará aún más el sector y se modificará el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), al que aportan las empresas de telefonía para acortar la brecha digital.
En este marco, las organizaciones de medios alternativos aseguraron que la administración libertaria impulsa "fuertes retrocesos en materia de democracia informativa, participación ciudadana y Derecho a la comunicación", ya que retiene "fondos de proyectos en desarrollo", desconoce "convenios firmados y concursos iniciados" y "subordina el control, la atribución y asignación de espectro para licencias audiovisuales y de telecomunicaciones al Poder Ejecutivo".
En tanto, ATE también se pronunció en defensa de los medios públicos y apoyó el "abrazo solidario" a Radio Nacional Córdoba, que se realizará el 1º de agosto. Los medios de la Provincia atraviesa una crisis sin precedentes: la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) padece el plan de vaciamiento que el rector John Boretto establece sobre los Servicios de Radio y Televisión (SRT), conformados por la señal de televisión abierta Canal 10, la señal digital Cba24N, Radio Universidad y Nuestra Radio.
Ante esta situación, la Legislatura debatirá un proyecto de ley para establecer la ampliación del Presupuesto Nacional del ejercicio 2024.
A través del ENACOM, el Gobierno desreguló las tarifas de celular, internet y cable
Hace algunas semanas, el gobierno de Milei liberó las tarifas de Internet, celulares y cable y les quitó el rango de servicios “públicos, esenciales y estratégicos” que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a regular los aumentos. De este modo, se eliminaron los topes de los incrementos que fijaban un límite a las empresas del 5% y de hasta el 10% mensual.
El ENACOM informó la derogación de una serie de diversos artículos de la Ley Argentina Digital N° 27.078, que regulaban los precios de los servicios de telecomunicaciones. La medida, formalizada mediante la Resolución 13/2024, dejó sin efecto múltiples normativas emitidas entre 2020 y 2023 que establecían controles de precios para servicios de internet, telefonía móvil y televisión por suscripción.
MÁS INFO
Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC como "servicios públicos esenciales y estratégicos", otorgando al ente la facultad de regular sus tarifas.
La Ley Argentina Nacional, sancionada en diciembre del 2014, declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. Su objeto es posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes del país en condiciones geográficas y sociales equitativas "con los más altos parámetros de calidad".
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