En medio del conflicto docente, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó la media sanción de la Cámara de Diputados del proyecto que declara la educación como "servicio estratégico esencial", lo que obligará a las escuelas a abrir y mantener una guardia docente mínima pese a medidas de protesta. Frente a esto, los docentes de la Provincia respondieron y aseguraron que “la educación es un derecho, no un servicio”.
La iniciativa, que recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones, establece que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y tendrán que establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.
En ese sentido, si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes. En tanto, si la huelga se prolonga por más de tres días esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas.
De esta manera, el gremio docente cordobés rechazó la propuesta que ahora tendrá que tratar el Senado. El secretario General de la UEPC, Roberto Cristalli, afirmó que lo que se busca no es acompañar el proceso y mejorar la calidad educativa, sino que "lo que se pretende diciendo que tiene que estar garantizado el 30% de los docentes en las escuelas es nada más que para cuidar a los chicos, para que sirva de guardería”.
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"Todos sabemos que los servicios se pagan. Y a la larga el objetivo va a ser que se privatice el sistema educativo y que si querés que tus hijos tengan educación la vas a tener que pagar porque eso es un servicio”, denunció en declaraciones a Mitre Córdoba.
Para Cristalli, el verdadero objetivo del proyecto es "cercenar el derecho a huelga de los docentes". Desde la gobierno de Martín Llaryora aseguran que los descuentos de los días de paro a los educadores que adhirieron "no son negociables", y esto forma parte de un reclamo reiterado en el marco de la negociación salarial. El lunes 5 y martes 6 de agosto, los maestros decidieron realizaron un cese de tareas que tuvo un acatamiento de alrededor del 70%.
La iniciativa tuvo el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques aliados del oficialismo como el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT), según informó Noticias Argentinas.
El gremio docente de Córdoba adelantó que rechazará la propuesta de Llaryora
Luego de las medidas de fuerza, el Ejecutivo provincial presentó una nueva "oferta superadora", que va de agosto a enero del 2025 y garantiza desde este mes y durante los meses de vigencia del acuerdo “el aumento mensual de salarios con cláusula gatillo 100% del IPC acumulativa, remunerativo y bonificable para todos los cargos y posiciones del escalafón”.
Si bien la UEPC Capital definirá este viernes si acepta o no la propuesta del gobernador Llaryora, el gremio anticipó que "la propuesta se va a rechazar masivamente en las escuelas y en el departamento porque es absolutamente insuficiente”.
El ofrecimiento pone el acento en la eliminación del diferimiento a 60 días para los jubilados docentes que perciban hasta $730.000, un punto que la entidad gremial viene reclamando hace muchos meses.
"Es claro que después del paro y la movilización contundente que tuvimos la semana pasada hicimos recular al Gobierno, que tuvo que hacer una nueva propuesta salarial cuando había dicho que iba a cerrar todo en la discusión con los docentes de forma autoritaria y por decreto", manifestó Franco Boczkowski, de UEPC Capital.
Sin embargo, la propuesta parece no cumplir las expectativas de los maestros, que padecen la crítica situación económica en un país que tiene un 50,5% de la población bajo la línea de la pobreza por la políticas de hambre que impulsa el presidente Javier Milei.
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