Un informe realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación señaló que 2010 y los cuatro años en los que gestionó el país Mauricio Macri fueron los de mayor deuda con la educación. Entre 2016 y 2019, la deuda con el sector educativo ascendió 2.030 millones de pesos.
Si se analizan los cuatro años de Macri, la inversión del gobierno nacional y provinciales en educación nunca llegó a los 6 puntos: 5,8% en 2016; 5,7 en 2017; 5,1 en 2018 y 4,9 en 2019. En el desglosado, la gestión macrista aportó a esas cifras un 1,5 en 2016 y en 2017; 1,3 en 2018 y 1,1 en 2019.
Este es uno de los datos arrojados en el informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, del Observatorio de Argentinos por la Educación. Los especialistas Mariano Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación) analizaron el cumplimiento de los desembolsos de los gobiernos nacionales y provinciales en educación para alcanzar el porcentaje pactado por las leyes de Financiamiento Educativo de 2005, de Educación Nacional y normas nacionales posteriores.
Según reveló el reporte, entre 2006 y 2020 se acumuló una deuda con la educación equivalente al 5% del PBI del 2020 (3,4 billones de pesos o U$D 26.009 millones, tomando el dólar a $132,15 promedio del 2022). Solo en 2009, 2013 y 2015 se alcanzó el porcentaje de inversión fijado. El 2015 fue el año de mayor ejecución presupuestaria en términos del PBI, alcanzando el 6,1%.
El documento además señaló que los tres años de mayor deuda contraída con la educación fueron: 2019 (841 mil millones de pesos de 2022), 2018 (751 mil millones) y 2020 (570 mil millones). El 2010, sumado al trienio mencionado constituyen el 68,4% del total de la deuda educativa argentina. El trabajo especuló que "si el Estado argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez en ese año, debería haber casi duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias, llevándolo al 11% del PBI en ese año".
Por otra parte, si se compara el gasto público educativo consolidado y la deuda contraída estimada de los aportes nacionales y provinciales, cifras que fueron expresadas en miles de millones de pesos constantes de 2022, en 2016 la deuda ascendió a 177 mil millones de pesos, en 2017 a 261 mil millones, en 2018 a 841 mil millones y en 2019 a 841 mil millones. Si se lo suma en su totalidad, durante la gestión de Macri la la deuda con el sector educativo ascendió 2030 millones de pesos.
Juan Doberti, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA, opinó que “el trabajo plantea la responsabilidad concurrente de gobiernos de diferente signo político y niveles de gobierno (porque el 6% de gasto educativo suma al gobierno nacional con los jurisdiccionales) y, en forma subyacente, se plantea la necesidad de pensar mecanismos alternativos que aseguren un adecuado financiamiento del sector”. Y agregó: “El problema planteado cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que, incluso en los años en que se cumplió el porcentaje normativamente estipulado, el sistema educativo planteó inconvenientes de cobertura, eficiencia y calidad y que la masificación educativa exigirá, presumiblemente, mecanismos para la obtención de mayores recursos y para su mejor uso”.
MÁS INFO
“El informe pone de manifiesto que el acuerdo por priorizar el financiamiento educativo alcanzado en 2005 tuvo un impacto menor al esperado en los tres lustros transcurridos desde esa fecha", reflexionó Javier Curcio, licenciado en Economía e investigador de IIEP BAIRES y UBA-CONICET. En ese marco, sostuvo que "la organización de ese financiamiento entre el gobierno nacional, las administraciones provinciales y las instituciones educativas requiere la consolidación de acuerdos en los que se definan los aportes a realizar por cada parte y los compromisos asumidos para la generación de mejoras.”
Por último, Narodowski observó que en el período analizado, "la Argentina (y la casi totalidad de las jurisdicciones provinciales) mantuvieron diferentes situaciones respecto del déficit fiscal", cosa que significa que "la deuda educativa argentina no es producto de una férrea disciplina fiscal a favor de la cual se sacrifica el gasto en educación, sino la decisión de no canalizar recursos para cumplir con la meta establecida del 6% del PBI para educación”.
Cerrar sesión