El procurador interino Eduardo Casal, una de las piezas fundamentales del lawfare durante el Gobierno de Mauricio Macri, activó una serie de maniobras persecutorias contra fiscales díscolos y que tuvieron dictámenes contrarios al anterior Gobierno. Lo hizo el mismo día en el que se negó a enviar información sobre su gestión que le reclama el Congreso alegando falta de tiempo por el COVID-19, mientras el presidente Alberto Fernández anunciaba la Reforma Judicial y Macri hacía las valijas para su viaje turístico en plena pandemia.
Un caso, tal como reveló El Destape, es el de la fiscala Gabriela Boquin, sistemáticamente hostigada por su intervención en el caso Correo Argentino. Pero no fue la única. El mismo día que Casal le abrió un sumario a Boquin hizo lo propio con los fiscales Enrique Senestrari y Adrián García Lois. A Senestrari hace rato el macrismo lo tiene en la mira, ya que dictaminó contra los tarifazos, investigó lavado de dinero en Córdoba y es parte de Justicia Legítima, algo que irrita a la derecha conservadora fuera y dentro de tribunales. García Lois se metió con las petroleras que operan de manera ilegal en Malvinas, participó de juicios por lesa humanidad y tuvo fuertes cruces con el fiscal general Julio Piaggio, otro de los protectores del procesado Carlos Stornelli.
El mensaje del interino Casal es evidente. Mientras protegió durante meses al fiscal Stornelli, que está procesado por su participación en 7 casos de espionaje ilegal, y finalmente le aplicó una sanción que leve le queda grande, a los fiscales molestos para el macrismo no cesó de hostigarlos. Ahora dio un paso más
El caso del fiscal Senestrari, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba, muestra altos niveles de persecución y estigmatización ideológica. Desde los mismos medios que fueron parte de la operación para lograr la renuncia de Gils Carbó señalaron a Senestrari por su pertenencia a Justicia Legítima, catalogada como kirchnerista. No sólo el Código Penal no sanciona la pertenencia a esa agrupación ni esa militancia, sino que se trata de una Asociación Civil, la misma figura jurídica que la Asociación de Magistrados pero que Clarin, La Nación, Perfil e Infobae no banalizan. Que Senestrari es vocal suplente de Justicia Legítima es público. Y es parte de las disputas políticas dentro del Poder Judicial.
El fiscal Senestrari presentó en un momento un amparo ante los tarifazos que impulsaba el ex ministro de Shell Juan José Aranguren. Para su sorpresa, el que apareció en su fiscalía para manifestarle la preocupación del Gobierno fue Alejandro Pérez Chada, abogado personal de Mauricio Macri. Todo un mensaje. Perez Chada es ahora el abogado del Gustavo Arribas en las causas por espionaje ilegal.
Desde entonces, Senestrari sufrió las mismas presiones y de los mismos personajes que la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Denuncias por parte del Colegio de Abogados de empresas y genocidas conducido por Guillermo Lipera, del fiscal Ricardo Sáenz e incluso del ministro de Justicia Germán Garavano. Críticas mediáticas por visitar a Milagro Sala, presa política desde los albores de la presidencia de Macri y la gobernación de su carcelero, Gerardo Morales.
La denuncia contra Senestrari que ahora reactivó el interino Casal fue por su trabajo en la investigación de una megacausa contra la financiera Cordubensis (CBI), que terminó en un juicio oral y condenas para 13 imputados por intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos y evasión tributaria agravada. En medio de la investigación, el fiscal Senestrari fue denunciado ante Casal por los abogados Justo Casado y Manuel de Allende, defensores del empresario Darío Ramonda, condenado luego a 3 años de prisión. Se metieron 5 días en su fiscalía a revisar papeles pero nada. El Tribunal no hizo mención a irregularidad alguna en la investigación. Pero Casal mantiene el sumario interno abierto.
Otra maniobra mediático-judicial contra el fiscal Senestrari fue cuando opinó en acerca de Michel Temer, que asumió la presidencia de Brasil tras un golpe institucional contra Dilma Roussef. En un programa de radio, Senestrari planteó: “yo lo digo sin ningún tipo de cargo de conciencia, ojalá se termine de caer el gobierno de Temer y llamen a elecciones. Y ojalá que eso permita que de nuevo la sociedad pueda ver una esperanza, ver un político que quiera a la gente y que no la engañe. Y que esto se extienda por toda la región". El periodista Norberto Ganci le retrucó: “Si se cae Temer, que se lo lleve en la caída de la manito y de un abrazo a Macri también, ¿no?”. Y Senestrari contestó: "A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas”.
Desde la prensa comercial tildaron el comentario de golpista. El propio Garavano, ministro de Justicia de Macri, dijo que Senestrari "no puede seguir ejerciendo el cargo por sus opiniones partidarias". Le iniciaron una causa penal que terminó archivada por inexistencia de delito. Pero el interino Casal no se quedó con las manos cruzadas y lo multó con el 10% de su sueldo.
El fiscal García Lois actualmente actúa ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, pero antes estuvo en la fiscalía de Lomas de Zamora. Puntualmente en el lugar que hoy ocupa la fiscala Cecilia Incardona, que investiga las causas de espionaje ilegal durante el macrismo.
Al igual que en el caso de Boquin, el interino Casal resolvió iniciarle un sumario administrativo a García Lois el 29 de julio. ¿Por qué? Por el contenido de un dictamen cuando era fiscal en Lomas de Zamora, en 2014, en el cuál pedía el archivo de de una investigación vinculada a la muerte de Rafael Francisco Toledo, un detenido en el Penal de Ezeiza que falleció producto de un incendio. El dictamen no era sobre el fallecimiento de Toledo sino en una causa coneza donde se analizaban las responsabilidades del Servicio Penitenciario. La Cámara Federal de La Plata le dijo a García Lois que revisara el dictamen, pero eso no constituye ningún delito. El problema era otro: el fiscal general Julio Piaggio, uno de los protectores del procesado Stornelli.
García Lois denunció varias veces a Piaggio, su superior, por dejar prescribir causas. Piaggio, a su vez, denunció a García Lois. Pero las primeras no avanzaron y si la segunda. Y ahora el interino Casal reactivó ese sumario interno.
Estas presiones del interino Casal se dan, tal como informó El Destape, mientras la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal comienza a auditar su gestión y analiza al menos 7 pedidos de juicio político en su contra. Casal se negó a entregar la información a esta Comisión pese a que está obligado a hacerlo. Pero mandó un mensaje: apuró estos sumarios contra Boquin, Senestrari y García Lois.
Dato aparte: uno de los papeles que busca la Comisión Bicameral es si existe algún documento que avale el cargo interino que ocupa Casal. ¿Por qué? Cuando Gils Carbó presentó su renuncia se tomó antes unos meses de licencia y Casal quedó a cargo del interinato tal como lo establece la propia Ley del Ministerio Público. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2018, Casal comenzó a firmar como procurador interino y los legisladores plantean que no hay un documento que avale la toma de posesión de ese cargo. Habrá que ver si existe.
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