Las empresas distribuidoras de energía eléctrica se convirtieron en protagonistas de la cuarentena, no sólo por los constantes cortes de luz, falta de inversiones, tarifazos y un pedido de quite de concesión sino también por un regalo multimillonario de parte del macrismo. Una ofrenda de $40.000 millones que la actual gestión buscará dejar sin efecto. Mientras tanto, los trabajadores tienen que salir a la calle a garantizar un servicio esencial con menos recursos de los que deberían tener y un salario que, como el de todos, cayó abruptamente en los últimos tiempos. En el medio, aparece un nuevo horizonte. Cada diez años se realizan licitaciones para comparar las ofertas con las concesiones actuales y, si son mejores, cambiarlas.
Carlos Minucci, secretario General de la Asociación Personal Superior de Energia (APSEE), explicó a El Destape que las distribuidoras no invirtieron, “subieron las tarifas a valores irracionales y ese capital fue fugado, a la Argentina no volvió en obras ni en servicios”. Eso redundó en una estructura laboral “diezmada, con poca capacidad, el empleo de contratistas y la tercerización de muchas funciones”.
Condiciones laborales que tuvieron una “caída total, con la baja del salario de casi un 50%” y aún sin paritarias. Pese a ello, destacó, trabajan en pandemia “intentando mantener el servicio, porque somos servidores públicos”. El problema es que tienen que lidiar con las empresas, no sólo en base a una cuestión salarial sino de "materiales, movilidad, todo lo que se ocurra está mermado. La capacitación es lo primero que se baja del presupuesto, desde la privatización hasta ahora”. O sea, desde 1992, cuando se entregó el servicio por 95 años.
Ahora se abren algunos caminos: que Edesur siga con la prestación pero que inviertan más para mejorar el servicio, un pedido de los intendentes del conurbano que derivó en la solicitud de quite de concesión. Ésta es la segunda opción, la rescisión del contrato, algo que Minucci analizó como medio difícil en este contexto. “No lo veo posible porque estamos en una situación crítica. En épocas normales se podría haber discutido”. Finalmente, el cambio de empresa. Cada diez años se realizan licitaciones para comparar las ofertas con la prestación actual y cambiarla en caso de ser mejores. El año sería el 2022. “Las empresas interesadas van a tener que tener un contrato de concesión real donde se tienen que cumplir las inversiones”, dijo el secretario general de APSEE.
Otra de las posibilidades es que el Estado se haga cargo del servicio dado que actualmente cubre una gran parte, como tarifas, obras e incluso parte de salarios. “Con el subsidio, las empresas privadas se llevaron la tarifa, no la invirtieron”, dijo Minucci. En estos momentos, los trabajadores manejan cierta incertidumbre y “no pueden quedar atrapados en manos de esta gente”, al igual que los usuarios.
“Es muy difícil tomar decisiones con los ataques de la oposición, que fue la culpable. La opción es negocio o servicio público”, reflexionó. Los próximos meses serán clave. Con el fin de la pandemia, la industria se reactivará en un 100% y el consumo crecerá. Pero el verano será el momento clave: “El sistema no va a aguantar”.
En las últimas semanas, Edesur argumentó inversiones millonarias, subestaciones potenciadas y tendidos de cables para mejorar el servicio. Un servicio que se estresó durante la cuarentena, según sus palabras. “Que nos digan dónde (están las mejoras) y por qué hay cortes después de 27 años”, retrucó Minucci.
Según dijeron desde esa empresa en la audiencia pública de 2016, cuando justificaron el tarifazo, ganaron con Carlos Menem – que dolarizó la tarifa -, tuvieron problemas con el congelamiento de los valores durante el kirchnerismo y vieron la luz con Mauricio Macri. Con Cambiemos "ganaron millonadas de pesos. Ahora el ENRE opinó que se tiene que dar nulidad del estudio de tarifas” y desnudó un regalo multimillonario de parte de Gustavo Lopetegui, entonces secretario de Energía.
Como contó El Destape, el macrismo usó métodos de cálculo sin justificación técnica para regalarle cerca de $40.000 millones a Edenor y Edesur en concepto de deudas estatales y subvaloración de las privadas. Lopetegui usó una cuenta no establecida para saber cuánto debía pagar cada una de las partes. Así, las empresas pasaron de deudoras a acreedoras. Si se hubieran usado las formas pautadas desde 2006, Edenor debería $10.898 millones y Edesur $15.501 millones. Pero no pasó.
Una vez reconocidas unas supuestas deudas estatales, Lopetegui se concentró en las deudas de las empresas con la Argentina. Pero el favor fue para los privados ya que a Edesur se la redujeron en $9.453 millones y a Edenor en $7.731 millones. El problema es que los estudios de la gestión actual, comandada por el interventor Federico Basualdo, duplican los cálculos PRO.
La maniobra fue tan escandalosa que las autoridades del ENRE macrista la rechazaron. La orden llegó desde arriba, de Gustavo Lopetegui. Sin potestad para eliminar multas. En el Ente se dieron cuenta de semejante barbaridad y firmaron un acta secreta en la que dejaron en claro que no firmarían tal acuerdo y que tampoco lo aplicarían.
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