Los problemas que atraviesa nuestro país son, en gran medida, producto de las decisiones económicas excluyentes de los años del gobierno macrista, que destruyeron la matriz productiva, y con ella a las pymes, grandes generadoras de empleo.
Cuando asumimos en diciembre de 2019, el objetivo era reconstruir la Argentina en términos económicos, productivos y sociales, pero la llegada de la COVID-19 forzó un cambio de prioridades. Desde el Ejecutivo y desde el Congreso trabajamos para contener la situación de emergencia: las medidas que se tomaron apuntaron principalmente a sostener la situación social y fortalecer el sistema sanitario.
Nuestro espacio político entiende que donde no hay trabajo, tiene que estar el Estado protegiendo a las familias. Por eso, prometer hoy la eliminación de los planes sociales sería un absurdo, ya que son vitales en la emergencia. Sin embargo, la convicción que nos mueve es alcanzar la reconversión de los mismos con políticas de inclusión: la mejor política social es la recuperación del empleo.
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Potenciar Trabajo, que permitió unificar dos programas y hacer que los beneficiarios tengan una contraprestación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios, exhibe una muestra del camino que pretendemos trazar.
La pandemia generó un retroceso en los niveles de participación laboral de las mujeres y reveló la desprotección de los jóvenes en la materia, por ello, se busca avanzar en la implementación de políticas que contribuyan a una recuperación sostenible con perspectiva de género y especial consideración de quienes ingresan al mercado laboral.
Volver a un modelo de especulación financiera, que no haga foco en la producción, no contribuye a la solución, más bien perpetúa el problema. Estamos en la senda de poner en marcha la economía, con generación de puestos de trabajo. La salida es con la presencia del Estado, no lo olvidemos.
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