Desde el PRO y sectores cercanos a esa fuerza opositora lanzaron una fuerte ofensiva este lunes contra el canje de bonos anunciado la semana pasada por el Gobierno. Según adelantó la titular del partido y virtual precandidata presidencial, Patricia Bullrich, van a presentar un recurso de amparo contra los decretos que oficializaron la operación. "Vamos a frenar el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la emisión de deuda en dólares a tasas insostenibles", argumentó la dirigenta opositora en su Twitter.
En paralelo, en Comodoro Py, dos denuncias penales fueron presentadas contra el Gobierno. La primera presentada por la Fundación Apolo -una organización civil que dice luchar contra la corrupción- contra el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público fue sorteada y le cayó al Juzgado federal 9, donde hoy subroga el juez Sebastián Casanello y actúa el fiscal Guillermo Marijuan.
A la segunda la presentaron poco después tres dirigentes de izquierda: el diputado porteño Gabriel Solano, la diputada nacional Romina Del Plá y el precandidato a gobernador bonaerense Néstor Pitrola. En este caso, la denuncia fue contra el Presidente y todo el Gabinete por presunta defraudación por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.
En la presentación judicial que la dirigenta opositora adelantó en Twitter, se acusa al Gobierno de un "nuevo endeudamiento disfrazado de canje", de potenciar el riesgo país, de "dejar al país al borde de un default", de forzar a los entes públicos a perder dinero y remata con una denuncia en el contexto del año electoral: "Se exige a los organismos públicos que se desprendan de los “bonos en USD de ley nacional, para destinar el 70% del producido a la compra de bonos en ARS y el 30% restante quedar a libre disposición de los organismos públicos para cubrir gastos. ¿No hay pérdida patrimonial en este caso utilizada para gastos corrientes? ¿Se va a usar con fines electorales?"
En paralelo y con argumentos similares, el director ejecutivo y dos abogados miembros de la Fundación Apolo -una organización que dice buscar "dejar un precedente en la lucha por la transparencia en la República Argentina", en su página web- presentaron en Comodoro Py una denuncia penal contra el Presidente y el ministro de Economía, dos firmantes del decreto que oficializó el canje.
La denuncia, que fue adelantada por el diario Clarín, sostiene que “tal como lo establece el art. 14 bis de la Constitución Nacional, los organismos de la seguridad social poseen autonomía financiera y económica y, en su administración, deben participar los interesados”. Y agrega: "Si bien el DNU 164/2023 no deroga expresa y genéricamente la autonomía financiera y económica de Anses, sí lo hace de modo implícito y para el caso concreto que nos ocupa, al imponerle al mencionado organismo de la seguridad social, el deber de canjear los bonos en dólares del Fondo de garantía de sustentabilidad por bonos en pesos."
El Código Penal establece para el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público una pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo.
Los objetivos del canje y la defensa del Gobierno
Con el objetivo de reducir la presión sobre los dólares financieros, el Ministerio de Economía anunció la semana pasada un canje de US$ 4.000 millones en bonos bajo ley extranjera (globales) que se se encuentran en poder de organismos del sector público nacional por títulos en pesos ajustable por CER, dólar o duales; y la incorporación de los bonos en dólares bajo ley local (bonares) en la operatoria de dólar contado con liquidación (CCL).
Una vez hecho el canje, el Tesoro deslistará los bonos globales que le dieron los organismos, lo que esperan que impacte positivamente sobre el valor que tienen los globales remanentes que fueron emitidos. El objetivo, explicó el Palacio de Hacienda, es darle mayor profundidad al mercado con el que se opera dólar CCL -que actualmente está habilitado exclusivamente para bonos globales- y, al mismo tiempo, darle instrumentos al Tesoro y al Banco Central para actuar en el mercado de cambios financiero para evitar saltos en la brecha.
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A partir de ahora, el Ministerio de Economía podrá disponer de cerca de US$ 35.000 millones en títulos nominales bajo ley local - AL29, AL30, AL35 y el resto de la serie de bonaers- que posee todo el Estado nacional en distintos organismos públicos, y servir de oferta en el mercado de dólar financiero, lo cual ayudaría reducir la volatilidad sin afectar las reservas.
Uno de los entes afectados dentro de esta medida es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El FGS multiplicó casi por cinco su tenencia de bonos en dólares bajo Ley Nueva York desde 2019 y el secretario general de la Anses y subdirector ejecutivo de operación del FGS, Santiago Fraschina, explicó en los últimos días por qué la medida no es perjudicial para lar arcas previsionales: "Está saliendo en muchos lados, sobre todo vía redes sociales, que estamos despilfarrando los dólares que tiene el FGS en bonos para frenar el Dólar MEP. Eso es mentira y lo queremos demostrar con datos, con la tenencia de bonos argentinos en dólares".
Otro que salió a defender la medida el fin de semana fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía nacional, Axel Kicillof: "Los bonos que se están utilizando son los más seguros, porque además son a 13 años, lo que les da certidumbre y refuerza que la plata de los jubilados esté protegida".
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