Organizaciones sociales advierten: "Si no se le gana la batalla a los devaluadores, es el final del Gobierno"

Daniel Menéndez, Secretario de Políticas de Integración y Formación en Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Coordinador nacional Barrios de Pie, lanzó esa frase en El Destape Radio. “Nuestro gobierno tiene que ver con pensar en los intereses populares”, dijo.

09 de septiembre, 2022 | 12.06

Las organizaciones sociales advierten por la puja de los devaluadores y advierten: "Si no se les gana la batalla, es el final del Gobierno". Daniel Menéndez, Secretario de Políticas de Integración y Formación en Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Coordinador nacional Barrios de Pie, lanzó esa frase en El Destape Radio. “Nuestro gobierno tiene que ver con pensar en los intereses populares”, dijo.

"Es evidente que estamos en una situación muy compleja económicamente. Hay una búsqueda de achicar el gasto. La realidad es esa, apremiada por una fragilidad macroeconómica", siguió el líder social.

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Asimismo agregó: “Está claro que hay un sector que está buscando degradar la democracia. Existe un discurso extorsivo de un sector concentrado”. Y dijo: Menéndez: “Nuestro gobierno tiene que ver con pensar en los intereses populares. Si no podemos ganar esa batalla (frente a los sectores que empujan a una devaluación), sería el fin de nuestro gobierno". “Sería intolerable socialmente”.

En Alocarla por El Destape Radio, Daniel Menéndez además se refirió al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sobre esto dijo: "Después de los inicios de conmoción, a los pocos días del atentado uno veía un nivel de naturalización de sectores de la oposición, una naturalización del hecho que nos preocupa".

"Está claro que hace un tiempo, sobre todo en la figura de CFK, ha habido niveles de odio generado y cruces de límites", afirmó. “Es imprescindible para construir una convivencia democrática y una sociedad donde se valide el pacto democrático”, expresó.

"Me parece acertado todo lo que tenga que ver con convocatorias amplias, transversal. Todos los esfuerzos que estén en esa sintonía son válidos". "Es necesario poner eso por sobre las diferencias de facción", opinó el referente de Barrios de Pie.

Suma fija para sectores vulnerables

Desde el 1 de octubre hasta fin de año va a haber una transferencia de ingresos para los más pobres, a partir de lo recaudado por la liquidación de las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre.

En el decreto 576 que salió sobre el dólar soja, en su artículo 9º se crea el "Fondo Incremento Exportador". Se tratará de una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional "que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad", relata el DNU. "A tal efecto, se tendrá en cuenta, al momento de establecerla, si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios", explica.

Será una suma fija de acá a fin de año para personas en situación de indigencia. Aún no está decidido el monto aunque se espera que sea una canasta básica alimentaria, hoy en 15 mil pesos. 

Por otro carril corre el proyecto presentado por el kirchnerismo en el Senado llamado "Refuerzo de Ingreso". "Massa está buscando los recursos para el año que viene. La idea es que la plata que se necesita para este proyecto de 2023 esté contemplada en el Presupuesto del año que viene. Y luego se debatirá la ley en el Congreso", contaron desde el Senado a este portal. 

El proyecto contempla a un universo de 1.700.000 adultos que están bajo la línea de la indigencia que serán los beneficiados y cobrarían el equivalente a una canasta básica alimentaria todos los meses. Esta suma será exclusiva para personas que no estén contempladas en otro programa social que otorgue el Estado y eso será condición sine qua non. Para las arcas públicas representará una suma mensual de más de 25 mil millones de pesos. La política tendrá un costo fiscal de 0,44 del PBI durante el año siguiente.