Sabemos que es contra fáctico pero los hechos apuntan inexorables en inequívoca dirección. De haber ganado Macri las elecciones 2019, ¿el Poder Judicial hubiera dictado el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y otros en la causa “Dólar futuro”? Pregunta retórica que se acopla a otra: ¿cómo fue que la causa llegó a esta instancia?
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Hace 5 años, en aquella mañana lluviosa del 13 de abril, Claudio Bonadío ordenaba indagatoria en ese expediente donde, a su vez y sin pretenderlo, habilitaba el regreso de CFK al escenario político montado en las afueras del edificio de Comodoro Py luego de la derrota electoral de la fórmula Scioli-Zannini. La ceguera intelectual de Bonadío consagraba un “empezamos a volver” o un “volveremos”, cuestión que le reprocharon muchos de sus colegas mientras advertían por los ventanales de sus despachos a una multitud que dotaba de épica ese regreso, de la misma manera que lo fue la despedida del 9 de diciembre de 2015.
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No obstante, las absurdas decisiones jurídico – políticas de Bonadío no lo fueron producto de un arrebato personal ya que terminaron siendo convalidadas por la Cámara Federal y más tarde por la Cámara Federal de Casación Penal, cuando una pericia hecha en tiempo y forma en la etapa instructoria, donde debe hacerse, hubiera evitado los agravios, los embargos, la persecución y la vindicta pública. ¿Por qué evitarlo si eso era lo pretendido?
No quedan dudas que de haber ganado Macri las elecciones del 2019 el fallo no hubiera sido este que mencionamos. Sucede que el lawfare ha perdido su dispositivo político – partidario (la Mesa Judicial) quedándole, nada más y menos que los soportes judicial y mediático. Con esto Sus Señorías aguantan los trapos hasta donde pueden, máxime cuando día a día van quedando al descubierto las burdas maniobras articuladas a luz y sombra de la impunidad gestada durante el gobierno de Macri.
El lawfare no es el capricho de un juez cuestionado, impresentable o que haya prevaricado, se llame Bonadío, Oyarbide, Trovato, Galeano o cualquiera de los que siempre existirán; el lawfare es la arremetida planificada de un poder judicial organizado en todas sus instancias y grados de apelación. Lo existente no pudo haber pasado sin la venia de la Corte Suprema. Cuando a un ciudadano lo persiguen, hostigan, roban o amedrentan, recurre al Poder Judicial o al Ministerio Público, ahora cuando el que persigue, roba o amenaza es el Poder Judicial y sus fiscales ¿a quién acudir?
En diciembre de 2019 escribía en relación a estos falsos positivos de Bonadío: “Es factible que la mayoría de las causas judiciales seguidas contra Cristina Fernández sean desestimadas en razón a las nulidades e ilegalidades incurridas. La dinámica empleada por Bonadío – Stornelli y otros es sencilla: se realiza una instrucción deficiente, rápida, imprecisa, desprolija, en especial con fingida espectacularidad mediática… De inmediato se la tramita para elevación a juicio oral para que sean los jueces del tribunal superior quienes deban tomar decisiones dentro del laberinto al que los somete Bonadío. La disyuntiva para los juzgados superiores es sobreseer, anular, archivar o dictar cualquier otra medida no condenatoria… La mejor opción tal vez les resulte dejar que las causas vayan agonizando lentamente por falta de impulso procesal, tal como sucedió con la causa por la muerte del fiscal Nisman. El paso del tiempo irá dictando las prescripciones y, en todo caso, sería uno de los tantos problemas de la deficiente administración de justicia, no así de deliberada conducta humana”. (“Lawfare -o la continuación de la política por otros medios-”).
El problema es que todavía queda gente presa.
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