Bullrich presentó un protocolo para el uso de armas de fuego que valida la doctrina Chocobar

La ministra de Seguridad presentó el nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de las cinco fuerzas federales "para detener a un delincuente cuando ponga resistencia o impedir que se fugue".

13 de marzo, 2024 | 15.29

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad. Fue en una conferencia de prensa desde la sede del Ministerio de Seguridad, en el marco del envío de agentes a la ciudad santafesina de Rosario por los recientes crímenes producto de la lucha contra bandas ligadas al narcotráfico. Se podrá usar hasta en caso de fuga.

"Este reglamento tiene como principio contar con pautas claras para el uso de armamento", dijo en la presentación que se dio en el marco de los violentos hechos ocurridos en los últimos días en Rosario. "Estamos eliminando todas las resoluciones internas que se contrapongan a lo que está normado en esta resolución. Hace unos días dotamos a la prefectura de la posibilidad de usar armas largas. Ahora esto va a ser para las cinco fuerzas federales", adelantó. "Las armas van a usarlas en situaciones de peligro y que resulte imposible la utilización de otros medios. Si se puede no usar el arma, no se la utilizaremos", explicó.

La ministra aclaró que se usará el protocolo “cuando hay un peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos que están en peligro frente a un ataque de criminales, de delincuentes, de mafiosos, de narcotraficantes”. Como también “para impedir un delito grave que ponga en riesgo la integridad física de las personas" y "para detener a un delincuente cuando ponga resistencia o impedir que se fugue".

Este último punto es importante porque se relaciona lo ocurrido con el agente Luis Chocobar cuando asesinó a un delincuente en plena huída tras acuchillar a una persona. Sobre interpretaciones legales respecto del riesgo activo ante un delito, planteó: "Siempre se plantea que el delito termina cuando el delincuente se fuga. No es lo que dice el Código Penal. Es claro que la acción le obliga a las fuerzas a impedir la fuga. Porque implica el peligro a la sociedad, que sigue latente si el criminal con uso de armas de fuego se escapa. Es un concepto que se usó mal durante muchos años".

Sobre esto, continuó: “Los agentes deberán siempre identificarse como tales, dando la voz de alto pero hay una excepción que hay que entenderla. La excepción es que hay momentos en que, si el agente se da a conocer, pone en riesgo su vida o la de terceros”. Y cerró: “Esto va a poner por fin el fin a la injusticia de hombres y mujeres de las fuerzas que habían cortado su carrera a causa de estas situaciones de imputación”.

El 8 de diciembre de 2017, cuando salió de su casa para ir a tomar el colectivo a su trabajo, en la policía de Avellaneda, el agente Luis Chocobar se cruzó con dos delincuentes que habían acuchillado a un turista estadounidense para robarle una cámara de fotos. Inmediatamente, les disparó y mató a uno de ellos cuando huían sin resistencia. 

En 2021, lo condenaron solo a dos años de prisión en suspenso. Lo decidió el fallo del Tribunal Oral de Menores 2 de la Capital Federal, que consideró probado el caso de gatillo fácil del policía insignia de la doctrina de seguridad del macrismo. Los jueces rechazaron sin embargo el pedido de la fiscalía, que había requerido que se lo condenara a tres años de prisión. 

Chocobar se presentó hace dos semanas ante la Cámara Nacional de Casación donde expuso sus argumentos para que se revoque la condena a dos años de prisión en suspenso por homicidio en exceso de legítima defensa. Lo mismo hizo la querella, que pretende que el miembro de la fuerza de seguridad sea sentenciado por homicidio doblemente agravado.

El policía les dijo a los jueces Horacio Días, Daniel Morín y Eugenio Sarrabayrouse, del máximo tribunal penal porteño, que “no hubiese querido que muriera” Juan Pablo Kukoc, a quien le disparó cuando huía tras asaltar a un turista estadounidense, al que dejó malherido.

La querella, representada por el defensor oficial Pablo Rovatti, insistió en su acusación que esgrimió en el juicio oral: homicidio doblemente agravado por haber sido cometido cuando el delincuente huía y no representaba un peligro y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad.

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