El juez Damián Ventura, titular del Juzgado Civil N° 53, rechazó dos medidas cautelares que habían sido solicitadas en las últimas semanas contra la eliminación de la Ley de Alquileres prevista en el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier MIlei. El magistrado analizó los recursos que habían solicitado la organización Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por un Hogar en Argentina para anular el apartado que suspende la aplicación de la ley de alquileres dentro del decreto desregulador del Presidente. Desde Inquilinos adelantaron a El Destape que apelarán la medida en los próximos días, luego de que el juez "entendiera que no hay conflicto, que el DNU no afecta y que no hay nada que la Justicia tenga que hacer al respecto".
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"La intervención del poder judicial no puede obtenerse pura y exclusivamente para ejercer un control sobre la legalidad de los demás actos de gobierno", precisó en su resolución. El recurso de Inquilinos Agrupados había pasado previamente por el Juzgado Contencioso Administrativo durante la feria, que se había declarado incompetente y envió la causa a este fuero.
Definidas las cuestiones de competencia, Ventura consideró que las dos asociaciones estaban invocando "la defensa general de un universo indeterminado de sujetos, y por otro lado los conflictos detallados no dejan de ser situaciones
meramente conjeturales e hipotéticas" y, del mismo modo, resaltó que no se trata de "una contienda que merezca ser resuelta judicialmente".
Si bien los alquileres en curso no sufrieron modificaciones con la eliminación de la Ley de Alquileres, las nuevas locaciones pasan a regirse por acuerdos de partes tanto en plazos de duración, precio, y moneda, al entrar en vigencia este viernes el decreto de necesidad y urgencia. El megadecreto derogó la Ley de Alquileres 27.551 sancionada en 2020 y la reforma que se realizó este año –ley 27.737-, por la cual se pretendió regular las condiciones de los contratos y fijaba un mecanismo de actualización del valor de las locaciones.
Desde su entrada en vigencia, se produjo una brusca caída de la oferta de inmuebles para alquiler y una fuerte suba de precios por la escasez de oferta. El DNU fija nuevas normas para los contratos a partir de este viernes, pero no modifica en nada los contratos que están vigentes. Sí lo hará al vencimiento de cada uno de los contratos en curso.
Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, advirtió que se trata de "una resolución netamente política". "Nosotros planteamos la nulidad del decreto por sus formas. Un decreto no puede derogar y modificar el Código Civil, también planteamos la afectación de la desregulacion y nos responden que es una hipótesis la afectación", evaluó en diálogo con El Destape, quien enfatizó: "Sabemos que los dueños de las viviendas también están en el poder judicial".
La desregulación de MIlei significa, en términos concretos, retroceder a plazos "acordados" por las partes o en su defecto a dos años de duración de los contratos, dejar de contar un plazos de referencia para la actualización del precio (podría actualizar por mes, quincena o semanal) así como la inexistencia de un índice oficial (podría tomarse la inflación, el dólar, los combustibles o lo que definan los propietarios).
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