El miércoles a la noche el presidente Alberto Fernández fue informado de cada uno de los pasos a seguir en referencia al inminente desalojo que se haría en Guernica, provincia de Buenos Aires. Le detallaron cómo se realizaría el operativo y la coordinación que ejecutaría el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.
Desde las primeras horas de la madrugada del jueves, el gobernador se comunicó a través de conversaciones telefónicas y por Whatsapp con el máximo mandatario y con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. El gobernado Axel Kicillof les fue detallando cada uno de los movimientos en Guernica.
En tanto, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni y el de Justicia, Julio Alak, fueron los interlocutores directos con los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta y Marcelo Romero. De cada decisión, Kicillof era notificado. Luego de haber solicitado dos prórrogas, que el juez Rizzo otorgó oportunamente, el gobierno acató el fallo del magistrado.
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Respecto de los incidentes ocurridos, voceros gubernamentales detallaron que “después de múltiples mesas de diálogos, un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial”. En ese sentido, “por decisión del juez y a pedido del fiscal, dentro del plazo establecido y sin posibilidad de prórroga, habiendo agotado todas las instancias de diálogo, la policía bonaerense llevó a cabo la orden de desalojo en las condiciones que ordenó el Juez y con presencia y supervisión del poder judicial”.
En esa línea, desde Gobernación detallaron que “antes de las 7 de la mañana el predio estaba completamente desalojado. Luego se produjeron incidentes en los alrededores del barrio, por los cuales hay alrededor de 40 detenidos y varios policías contusionados” y agregaron: “El objetivo primordial del gobierno fue encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley”.
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El trabajo entre el Estado y la Justicia
Meses atrás, luego de haberse realizado la respectiva denuncia, el juez interviniente Martín Rizzo, estableció un plan de trabajo para conseguir un desalojo voluntario del terreno. En ese escenario se realizó un censo entre los ocupantes que identificó 1.904 personas. La información fue cruzada con el RENAPER lo que confirmó que que había 1.098 grupos familiares que habían entregado datos correctamente.
Por su parte, el gobierno bonaerense conformó un comité interministerial encabezado por el ministro de Desarrollo de Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, que se instaló en el territorio durante 40 días para encontrar una solución pacífica y voluntaria, ofreciendo distintas propuestas para cada una de las familias.
A través del comité se llegó a un acuerdo con 734 familias que se retiraron del predio. De acuerdo a las necesidades recolectadas, se establecieron distintas medidas de auxilio como materiales de construcción, medicamentos, alimentos, productos de higiene, colchones y frazadas, y subsidios económicos.
Además, el gobierno estableció tres paradores de forma transitoria para aquellas personas que no tuvieran donde ir hasta tanto se avance en las distintas propuestas de soluciones habitacionales que está desarrollando la Provincia.
Buscando una solución del fondo, el 29 de septiembre el gobernador Axel Kicillof presentó el Plan bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que comprende distintas políticas: construcción de viviendas, reactivación de obras de viviendas, generación de lotes con servicios, mejoras habitacionales, proyectos integrales de urbanización en barrios populares, regularización de actas y escrituras, PROCREAR y un registro provincial de demanda habitacional.
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