Escándalo: el negociado del macrismo con los discapacitados

Una de las jugadas que caracterizó al gobierno de Mauricio Macri, con Gabriela Michetti a la cabeza, fue gastar millonadas en foros y consultorías mientras se dedicaba a recortar pensiones no contributivas por invalidez. A meses de haber dejado la gestión, las huellas PRO volvieron a aparecer con un préstamo millonario que generó mucho rechazo. Se trata de una solicitud hecha al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya aprobación se conoció en los últimos días, por más de 700.000 dólares. O sea, alrededor de 76 millones de pesos actuales.

Como ocurrió varias veces durante su gestión, pidieron ese monto para pagar un "trabajo de consultoría de relevamiento de procesos para el diseño de un sistema de gestión de información para integrar los flujos de procesos de todas la direcciones de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad)". El objetivo era saber, por ejemplo, cuáles son las políticas que deberían llevar adelante en materia de discapacidad.

El aviso para convocar a los individuos o empresas que quieran realizar ese trabajo se publicó en los últimos días de julio, con fecha límite del 5 de agosto. A menos que los interesados hayan tenido información privilegiada, el plazo es muy corto para generar una propuesta acorde a las necesidades y ese es el temor más grande, sumado a las irregularidades que envuelven a ese pedido. Por lo tanto, el rechazo fue claro y la jugada fue catalogada como escandalosa.

Es que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad explicita que ninguna decisión sobre las personas con discapacidad se pueden tomar sin consultas estrechas con las organizaciones representativas. Por eso, denuncian que el macrismo buscó un negocio y que nadie podrá prepararse para ofrecer una consultoría seria en tan sólo cinco días. 

Como supo hacer Cambiemos, el objetivo del servicio es "contribuir al fortalecimiento organizacional del ANDIS a través de la optimización de sus procesos, de sus sistemas de información, y de sus mecanismos de gobernanza y de gestión"; también "proporcionar datos sobre la realidad que orienten sobre los objetivos generales de actuación en el futuro inmediato", las estrategias y acciones a desarrollar y "proponer redefiniciones en los sistemas para adaptarlos a las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad".  Para el trabajo, se estipuló un plazo de seis meses: desde del segundo semestre de 2020 y hasta el primer trimestre de 2021.

El proyecto tiene como fecha de preparación el 23 de enero de 2019 y de aprobación el 4 de abril, según consta en la página web del BID, con el objetivo de "mejorar la coordinación y accesibilidad de los servicios dirigidos a las personas con discapacidad; y mejorar la transparencia y eficiencia en el otorgamiento de pensiones por discapacidad", según manifestó la gestión anterior.

Pero esta jugada PRO no llamó la atención. Ezequiel Orlando ya había revelado movimientos similares durante su Gobierno. Por poner un ejemplo, a comienzos de 2019 se conoció que Cambiemos había avanzado con un gasto de más de $ 65 millones en ceremonial para ser la sede de un congreso sobre invalidez laboral. Mientras tanto, en ese entonces el Ejecutivo había presentado un recurso judicial extraordinario para que la Corte respalde la quita de pensiones por discapacidad a 160.000 personas. 

O como cuando en 2018 el Ejecutivo debió dar de baja una licitación de $ 5,5 millones por el servicio de consultoría para la revisión de otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez, que fue ganado por la multinacional KPMG. El objetivo, nuevamente, era dar de baja a beneficiarios.