Ley de alquileres: Cambiemos apoya una derogación y analiza cómo responderá al planteo del FdT

Antes de tomar una decisión, sin un panorama claro y mucho menos respuestas concretas, desde el Gobierno se dio a conocer que se evalúa la suspensión de la ley de alquileres sancionada durante la pandemia. El proyecto había tenido el acompañamiento mayoritario de Juntos por el Cambio en Diputados pero, más tarde, no tuvo esa banca en el Senado aunque logró avanzar de todos modos. Ahora, la oposición se mostró a favor de derogar la normativa y avanzarán en ese sentido con una postura unificada. El problema pasará por la estrategia, saber reconocer el momento y las condiciones de posibilidad para poder llevarlo acabo en un parlamento dividido, donde nadie tiene las mayorías necesarias para manejarse en soledad.

El diputado de Frente de Todos, Carlos Selva, adelantó en El Destape Radio que el oficialismo no derogará el proyecto. En base a una conversación con el presidente del bloque, Germán Martínez, el lunes, el legislador reconoció que el tema es delicado incluso dentro de las propias filas pero garantizó que se van a suspender algunos de los artículos de la ley hasta que surja un modelo nuevo. La medida durará 180 días y pondrá en prioridad la discusión de este eje importante para una gran porción de la sociedad argentina. ¿Qué vendrá después? Todavía no se sabe pero el mandato es cuidar al sector más vulnerable, el del inquilino.

Esta posición era desconocida en el Congreso. Ni oficialistas ni opositores lograron salir de la nebulosa y cualquier especulación sobre movimientos posibles pasó al terreno de la ciencia ficción hasta no tener precisiones. Conocidos estos datos arrojados por Selva, desde Cambiemos se cuestionó que la ley no puede ser suspendida por decreto, lo que dejó la puerta abierta a una posible judicialización de la medida en caso de concretarse y un empuje para rechazarla en el parlamento.

La misma fuente parlamentaria no le encontró sentido a suspender algunos artículos por seis meses porque eso paralizaría el mercado durante el mismo período o los propietarios estarían abiertos a solicitar sumas exorbitantes de dinero a la hora de negociar un alquiler. Por eso, cuestionó la filtración de la intención antes de tener una respuesta. A la generación de incertidumbre, más incertidumbre y movimientos especulativos en la cotidiana, como pasó con el adelantamiento de un nuevo dólar soja o el anuncio del anuncio de la guerra contra la inflación.

Más allá de las críticas por los tiempos, un diputado relevante del macrismo en la Cámara Baja aseguró que todos los presidentes de los bloques que integran Juntos por el Cambio van a firmar y presentar un proyecto de derogación. Unidad frente a este tema. Eso fue corroborado por un compañero de interbloque que reconoció la casi total uniformidad en la postura pero hizo un asterisco sobre la estrategia.

Con una Cámara de Diputados partida en partes prácticamente iguales, ningún interbloque mayoritario mostró una consolidación de acuerdos para lograr, primero, el quórum necesario para habilitar cualquier sesión ni, después, los números para poder avanzar con las sanciones. Sólo se consiguió, en los últimos meses, con algunos temas de extremo consenso, como fue la Ley Lucio o el fortalecimiento de la Justicia Federal Penal en Santa Fe a raíz del crecimiento de los episodios de violencia.

Entonces, desde la oposición se empezaron a preguntar cuál podría ser la mejor forma de conseguir efectivamente la derogación. De llamar a una sesión especial para tratar un dictamen semejante, serían necesarios los dos tercios en el recinto. Un número imposible. En ese caso, podrían correr el riesgo de que el Frente de Todos colaborara con el quórum, viera caída la iniciativa de Cambiemos y avanzara con un dictamen propio que ya fue aprobado en comisión y que mantuvo los aspectos nodales de la normativa para incorporar mayores controles por parte del Estado.

Esa opción pareciera haber quedado descartada después de las declaraciones de Selva, pero el dictamen está y podría suceder en caso de querer hacerlo. Sin embargo, como reveló el diputado de Todos, en el oficialismo no se mostró una postura unificada por lo que también se deberá organizar la estrategia del Gobierno. Hasta que eso no suceda, probablemente sea muy difícil avanzar y eso dilatará también los tiempos decisorios de la bancada cambiemita.

Por lo tanto, más allá de los grises generados por la incertidumbre, todavía en Juntos por el Cambio está en discusión la convocatoria, no así el proyecto de derogación. La salida más cómoda para ellos sería que el Gobierno, en caso de querer borrar la ley, envíe el proyecto para garantizar la existencia de los dos tercios de los votos. En ese caso, el interbloque opositor estaría allí para acompañar. Se dudó que eso fuera a suceder y las declaraciones de Selva parecieron confirmar esa especulación.

Lo cierto es que varios referentes de Todos se expresaron en redes sociales a favor de la ley, perfectible pero no plausible de derogación. De ahí las diferencias. Paula Penacca, una de las legisladoras de peso en el bloque oficialista, hizo un interesante hilo en Twitter en el que explicó la complejidad del asunto, los vaivenes del mercado inmobiliario para obtener mayor renta y cómo el hecho de tener sólo un aumento anual, manejado por un índice objetivo oficial, favorece a los inquilinos.

La legisladora explicó que tras la devaluación de Mauricio Macri en 2018 crecieron los inmuebles en venta pero hubo menos transacciones, o sea menos compra. En 2020 eso no fue modificado por la ley de alquileres. O sea, las propiedades salieron del mercado de alquiler por no ser rentables y no se vendieron porque se volvieron muy caras.

Con la consiguiente destrucción de los salarios en dólares desde ese año hasta la actualidad, la presión del valor de la vivienda sobre los ingresos de los trabajadores aumentó, pero también lo hizo la intención de mejorar la renta de los propietarios. “Ahí la ley de alquileres jugó a favor de los inquilinos al darles aumentos solo una vez al año”, sostuvo.

Desde Inquilinos Agrupados, una de las organizaciones más involucradas con el proyecto, se ejemplificó esto con datos. La inflación interanual de febrero 2022 a febrero 2023 fue del 102,5% pero el alquiler subió un 89,5%. O sea, trece puntos por debajo. En el mes, el promedio de inflación del 6% quedó muy por arriba del 0% para los inquilinos. “Por eso el mercado quiere terminar con la ley de alquileres”. Para este sector, más allá de que siempre se puede mejorar una norma, el gran problema fue que no hubo controles suficientes para hacerla cumplir, por lo tanto plantear la ineficacia de una legislación que no funcionó como debía funcionar no tendría sentido.

Otro de los grandes problemas de los últimos tiempos es el de los alquileres temporales, “donde no rige la ley de alquileres”, explicó Penacca. Eso dolarizó el mercado y no le dio una solución fija a ninguna persona ni grupo familiar. “Necesitamos mejores salarios y mejorar la ley que, por otra parte, se cumple poco y nada para, encima, ser la culpable de algo”. Sólo por poner un ejemplo, también en base a datos de Inquilinos Agrupados, de septiembre a diciembre de 2022, la oferta de este tipo de rentas aumentó un 19%.