La Comisión de Juicio Político dictaminó contra los jueces de la Corte

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dictaminó esta tarde la acusación contra los jueces de la Corte Suprema, a varios meses de haber comenzado a discutir el tema. Con 16 votos afirmativos, la Comisión emitió los dictámenes acusatorios contra los magistrados de la Corte por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y rechazó las impugnaciones de Juntos por el Cambio al proceso. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, destacó “la transparencia en el desarrollo del proceso constitucional y publicidad del Juicio Político”, resaltando “el trabajo conjunto entre los distintos bloques que permitió avanzar en la investigación de las distintas irregularidades que constituirían mal desempeño, causal de Juicio Político previsto en nuestra Constitución Nacional”.

“Los jueces tienen inamovilidad en el cargo y debe garantizarse su independencia. A su vez, tienen la obligación de administrar justicia bien y legalmente, y si así no lo hicieren, procede el mal desempeño”, explicó Gaillard. Y agregó: “Lo que aquí se discute no es la Corte como institución, sino el mal desempeño de sus miembros, que habrían actuado con mal desempeño por desvío de poder en sus sentencias o desmanejos económicos en el caso del juez Maqueda en la casusa de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial”.

 
Luego de diez meses de trabajo ininterrumpido, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó los dictámenes de acusación contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, doctores Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en sus funciones. Durante este tiempo, se llevaron adelante 26 audiencias, donde se produjo gran cantidad de prueba (34 cuerpos), y en las que han comparecido 65 testigos.

Los cuatro dictámenes acusatorios, uno por cada juez, fueron firmados por los 16 diputados del Frente de Todos integrantes de la comisión y tienen una vigencia de 1 año para ser llevado a la cámaba baja, donde se necesitan dos tercios para poder designar a una comisión acusadora formada por tres diputados, para que sostengan la acusación ante el Senado. Si el dictamen de acusación llegara al Senado, también se necesitan dos tercios de los senadores para remover a los jueces.

Las cuatro causas 

• La primera de las causales investigadas por la Comisión fue la causa “Beneficio a Genocidas: Fallos Highton, Schiffrin y Muiña”, donde se investigó al juez Carlos Rosenkrantz y al juez Horacio Rosatti por haber orquestado una maniobra para beneficiar con el "2x1" al genocida Luis Muiña y reducir su pena abriendo la puerta a que decenas de represores también solicitaran beneficios. Para lograrlo, los diputados constataron que presionaron a la jueza Highton de Nolasco junto al gobierno del ex presidente Mauricio Macri. También paralizaron la Comisión Interpoderes para ralentizar los juicios por delitos de lesa humanidad, y buscaron beneficiar a los genocidas Amelong y Blaquier.
• La segunda causa investigada se centró en el juez Juan Carlos Maqueda, por irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Allí, se investigó la administración deficiente de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. El mal desempeño del Juez Juan Carlos Maqueda recae en el incumplimiento de los deberes que tenía a su cargo como supervisor del organismo durante el período 2008/2021. La OSPJN tuvo irregularidades en la tramitación de compras y contrataciones, haber mantenido sistemas informáticos vulnerables, haber afectado la salud de sus afiliados/as, entre otros. 
• En la causa investigada del “Consejo de la Magistratura: Fallo “Colegio de Abogados”: se investigaron las irregularidades del fallo del 16 de diciembre de 2021 de la Corte Suprema, donde se declaró inconstitucional la ley 26.080 del Consejo de la Magistratura y se resucitó la ley 24.937; todo ello con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura para que la presidencia del organismo quede en manos de Horacio Rosatti, quienes se autovotó para ser Presidente de la CSJN.
• En la causa de “Coparticipación”, donde se investigan las irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 que el gobierno nacional le pague al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto, y donde la Corte no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por el gobierno porteño, se acusa al juez Horacio Rosatti por no haberse excusado en la causa cuando era su obligación, a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de parcialidad, debido a los vínculos de íntima confianza entre el Director General de la Vocalía, Silvio Robles, con el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, que exhiben actitudes incompatibles con la dignidad del cargo que contribuyen al desprestigio del Poder Judicial.

La firma de los despachos impulsados por el oficialismo se produjo a 12 días de la asunción del presidente electo Javier Milei, que rechaza el proceso de juicio político a los cuatro cortesanos. De todos modos, los dictámenes no serán aprobados en el recinto de sesiones porque el Frente de Todos (FdT) no cuenta con los dos tercios necesarios para poder impulsar una acusación ante el Senado.