Con ocho genocidas condenados a prisión perpetua finalizó ayer en Córdoba el 12º juicio por delitos de Lesa Humanidad donde el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) juzgó a 20 sospechosos de la causa denominada Diedrichs-Herrera acusados de privación ilegítima de la libertad, torturas, apremios ilegales, homicidio y desaparición forzada de personas durante la pasada dictadura cívico militar.
El Tribunal Oral Federal 1 que llevó adelante este juicio, fue integrado por Carolina Prado como presidenta y los vocales Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier; María Noel Costa fue jueza sustituta. El fiscal Maximiliano Hairabedian fue el acusador.
El juicio había comenzado en septiembre del año pasado en plena pandemia en forma remota. De los 20 represores juzgados, tres llegaron a juicio libres, 13 gozando del beneficio de prisión domiciliaria y sólo cuatro detenidos, uno de ellos en Campo de Mayo y los otros en el complejo carcelario “Padre Luchesse” de la localidad de Bouwer, al sur de la ciudad de Córdoba.
La mayoría de las 43 víctimas de la causa Diedrichs-Herrera, eran trabajadores y estudiantes universitarios, militantes principalmente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la organización política ligada a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). También hubo víctimas que militaban en Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL-22) de orientación peronista; un dirigente de la Juventud Radical de la Capital y estudiantes secundarios del colegio universitario “Manuel Belgrano”.
Los principales imputados fueron el coronel retirado Luis Diedrichs y el sargento ayudante José Hugo Herrera, acusados de los secuestros y torturas de 43 personas, cometidos entre los meses de marzo y septiembre de 1976; de las cuáles 36 fueron asesinadas o permanecen aún hoy como desaparecidas. Los genocidas Diedrichs y Herrera ya fueron condenados en la megacausa La Perla y llegaron a juicio gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. En enero de este año, durante la feria de verano, murió Herrera.
Con Herrera muerto, el principal represor condenado a prisión perpetua fue Diedrichs, quién siguió el juicio desde su casa de la localidad de San Javier en el valle de Traslasierras, donde fue declarado persona no grata. Las organizaciones de DDHH reclaman que el genocida nuevamente condenado cumpla su condena en “cárcel común”.
Los otros siete condenados a prisión perpetua fueron Héctor Pedro Vergez, Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Díaz, Jorge Acosta, Arnoldo José López, Emilio Morard y Ricardo Lardone, estos últimos tres, agentes civiles de inteligencia. El capitán carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro fue responsable del alzamiento de Semana Santa, mientras que el capitán Héctor Pedro Vergez fue jefe de la organización ultraderechista Comando Libertadores de América.
Mientras que los policías Miguel Angel Gómez, Yamil Jabour, Alberto Lucero, Juan Eduardo Molina y Carlos Yanicelli, fueron condenados a 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
En la primera audiencia del juicio realizada en septiembre de 2020, provocativamente, el comisario mayor Jabour llegó hasta los Tribunales Federales de Córdoba para participar en forma presencial del proceso, pese a que ya había sido informado que las audiencias para los acusados serían virtuales. La presidenta del TOF 1, Carolina Prado hizo regresar al ex policía a su casa de barrio Cerveceros, donde goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Jabour ya fue condenado a prisión perpetua en la megacausa La Perla y la causa UP-1 Cárcel de barrio San Martín. Fue miembro de la banda de ultraderecha Comando Libertadores de América y de los grupos de tareas del Departamento de Informaciones de la Policía cordobesa D-2. En este juicio está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada en reiteradas ocasiones.
En tanto que el comisario mayor Carlos “Tucán” Yanicelli fue uno de los jefes del Departamento de Informaciones D-2 de la Policía cordobesa durante la dictadura.
Dos absoluciones
Durante la sentencia dictada ayer, Fernando Rocha fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación por 8 años. Mientras que fueron absueltos Arturo Emilio Grandinetti y Carlos Horacio Meira. Estos dos militares fueron denunciados por el secuestro y asesinato de Adrián José Ferreyra, ocurrido el 29 de marzo de 1976. La esposa de la víctima, María del Carmen Pieri declaró que junto a Ferreyra militaban en el PRT y que ese día fueron detenidos en Media Naranja, un pueblito del norte cordobés, y llevados a la comisaría de Cruz del Eje. A su esposo lo interrogó el capitán del Ejército, Arturo Grandinetti, interventor municipal de Cruz del Eje; quién llegó a este juicio en libertad y es la primera vez que se somete a la Justicia, acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada.
A la mujer, que estaba embarazada”, la interrogó “el teniente Carlos Horacio Meira, quien le informó que su esposo Adrián quedaba incomunicado y sería trasladado a La Calera al día siguiente, mientras que ella sería conducida a Media Naranja, lo que efectivamente ocurrió momentos más tarde, cuando la llevaron en un vehículo oficial de la Policía hasta su domicilio de Media Naranja”. Al día siguiente la mujer llegó a las 7 a la comisaría de Cruz del Eje para saber sobre su esposo y llevarle comida, ropa y frazadas, pero recién la atendieron a las 17. La entrevistó el teniente Meira, quién le dijo que a su esposo Adrián lo llevarían a La Calera donde sería juzgado por Tribunales Militares y que ella “debía regresar a su casa y quedarse tranquila” ya que cursaba un embarazo de nueve meses. El teniente Meira le permitió a María del Carmen Pieri ver durante unos pocos minutos a su esposo Adrián. Luego el militar le informó que su marido sería trasladado esa misma noche y ella se dirigió hasta su casa materna en Río Ceballos. Al día siguiente, la mujer fue al Comando del Tercer Cuerpo de Ejército a solicitar información sobre su marido y le dijeron que no sabían nada de él. Adrián José Ferreyra continúa desaparecido y el testimonio de su viuda María del Carmen Pieri involucró directamente al capitán Grandinetti y al teniente Meira; ambos en libertad y juzgados por primera vez por delitos de lesa humanidad. Otro dato que se destaca en este caso es que Meira, por ser abogado, ejerció su propia defensa y enfrentó a su víctima durante el juicio. Ambos militares fueron absueltos por pedido del fiscal Maximiliano Hairabedian.
La última palabra
Durante el uso de la última palabra antes de la sentencia, el comisario mayor Yamil Jabour, se declaró “ajeno a los hechos” por los que lo acusaron. El ex agente civil de inteligencia Emilio Morard sostuvo que “no se pudo demostrar que yo arresté a las víctimas, que yo los torturé o que yo los haya matado o hecho desaparecer”. El ex agente señaló que fue condenado “por inferencias, por más que se crea que son culpables” y que en su caso “se violaron las leyes de la época cambiando en forma retroactiva muchos artículos de la Constitución y leyes internacionales firmadas por nuestro país”.
Otro genocida condenado, el ex agente civil de inteligencia, Arnoldo “Chubi” López, reivindicó el terrorismo de Estado: “Lo que ha sucedido en el país en todos estos hechos violentos es consecuencia de una acción armada de organizaciones terroristas que han provocado la más terrible ola de violencia que se haya producido en este país. No han sido víctimas inocentes o jóvenes que perseguían fines de altruismo o solidaridad y de extremo amor a la sociedad para el recupero de derechos”. López, ya condenado en otros juicios avanzó con su provocación: “No me arrepiento de nada”.
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