El Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich negó la entrega de legajos de efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para la investigación de Delitos de Lesa Humanidad. Los hechos que buscan esclarecer son por la “desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado”.
El rechazo a la colaboración fue mediante una nota firmada por la ministra Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete del ministerio, Carlos Manfroni. En el documento se cuestiona el decreto que permite que la CONADI puede solicitar documentación de efectivos policiales y de las fuerzas de seguridad a través de la “Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado”.
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La CONADI fue creada por ley y dentro de la comisión, por decreto, hay una unidad con atribuciones para pedir documentación a otros organismos del Estado y, a partir de ella, poder eventualmente iniciar investigaciones, puntualmente, sobre presuntos vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad con la apropiación de niños durante la dictadura. Todo esto, sin necesidad de contar con una pista o una sospecha sobre determinada persona.
En este marco, mediante 70 expedientes, la Conadi pidió al Ministerio de Seguridad diversos legajos de los efectivos de las fuerzas, una práctica que venía llevando a cabo de manera ininterrumpida desde la creación de la unidad, y se les fueron negados. “En primer lugar –expresa la nota de Seguridad–, debemos señalar que un decreto no tiene entidad suficiente para generar un organismo de investigación que pueda intervenir o requerir informes fuera del área del ministerio en el que ha sido creado”, apuntaron.
En este sentido, afirmaron que “la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional”.
La contestación de la ministra, respaldados por el jefe de Gabinete, argumenta también sobre “la improcedencia de un pedido que demanda información indiscriminada únicamente para saber si entre cientos de legajos de las fuerzas, la comisión hipotéticamente pueda encontrar algo que le sirva”.
“Resulta absolutamente inadecuado –enfatiza la nota de la ministra Bullrich– que un órgano creado por decreto dentro de una comisión que se inscribe en un organismo del Poder Ejecutivo requiera información indiscriminadamente a otros ministerios”. Según la cartera, “ese procedimiento, por sí mismo objetable, resulta aun más grave si se toma en cuenta que, de los términos de la solicitud, no aparece que se esté demandando un dato preciso unido a una pista certera, algo que de todos modos debería hacer el Poder Judicial”.
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Contrariamente a la que habilita por decreto a la Conadi, el ministerio de Seguridad justificó su rechazo a través de los artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional, “que garantizan el derecho a la intimidad”, y en la ley 25.326, de “Protección de Datos Personales”. Y cerró: “La solicitud de información realizada por la CONADI carece de fundamento jurídico adecuado” y “por ello, no se brindará la información solicitada”.
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