Mientras las calles del centro porteño y de muchas plazas de todo el país se empiezan a llenar de columnas de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, partidos políticos y miles de personas autoconvocadas, el Gobierno de Javier Milei eligió este domingo y esta nueva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y Justicia para atacar la lucha de derechos humanos, a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y a toda la dirigencia política y civil que las defendió en estos 40 años de democracia.
Desde sus redes sociales, la Casa Rosada publicó un video de poco más de 12 minutos, con entrevistas a una familiar de dos víctimas de un atentado guerrillero en 1974 en Tucumán, un ex guerrillero que dice haber "inventado la cifra de los 30.000 desaparecidos" y el escritor y periodista negacionista Juan Bautista Yofré. Con música lúgubre de fondo, el Gobierno de Milei y su vice Victoria Villarruel -otra reconocida dirigente negacionista- reprodujo todos los clichés con los defensores de los genocidas y represores y de la teoría de los dos demonios han intentado cuestionar los últimos 48 años de lucha por los derechos humanos.
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La negación, la suma de las mentiras
30 mil desaparecidos
En la producción audiovisual, el Ejecutivo nacional recayó en el debate sobre los 30 mil desaparecidos poniendo en tela de juicio la cantidad de personas que fueron secuestradas y desaparecidas. Sin embargo, la propia historia sostiene este número y también lo plantea como una cifra abierta ya que aún existen archivos de la última dictadura cívico militar que no fueron revelados.
Si bien sectores de derecha y negacionistas buscan minimizar el genocidio de la última dictadura cívico militar con el dato del informe presentado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) dónde figuran las denuncias de 8.961 desapariciones. Este corresponde a 1984 y se utilizó como base del histórico Juicio a las Juntas. Años más tarde, se avanzaron con las investigaciones ya que los represores nunca confesaron los crímenes de Lesa Humanidad.
Uno de los puntos claves fue la identificación de los centros clandestinos de tortura y desaparición existentes entre 1974 y 1983 reconocidos oficialmente que fueron 762 (información en el mapa). Es decir, solo basándonos en este número oficial, con que hubieran pasado “tan solo” 40 personas por cada uno de ellos, se llegaría fácilmente a la cifra de 30 mil.
No obstante esto, debemos tener en cuenta que varios centros de tortura fueron auténticos campos de concentración a gran escala, en el que estuvieron varios miles de personas: por la ESMA pasaron unas 4.500, en Campo de Mayo 4.000, La Perla (Córdoba) unas 2.500, Vesubio unas 2.000 y Club Atlético 1.500. Es decir, si solo se considera estos cinco centros, la cantidad de personas superan el número de 15.000, cuando, repitámoslo, el número de centros de tortura y desaparición fueron unos 762. Por todo esto, vemos, el número de “30.000” no luce imprudente ni exagerado sino muy conservador en su estimación.
Agreguemos, a su vez, como lo hace Eduardo Luis Duhalde, el considerar el número de habeas corpus presentados durante esos años o el número de integrantes de las fuerzas militares y de policía destinados a la represión ilegal (unos 150 mil efectivos consignados a la caza de víctimas).
A esto se suman los archivos del año 1978 de un agente chileno, Arancibia Clavel, que contaba con un excelente acceso a las fuentes militares y altas esferas, que, en un informe secreto, indicaba que a dos años de comenzar el proceso ya había 22 mil muertos. Algo muy similar a los cables secretos en los cuales la embajada de Estados Unidos informaba a su país. Todo esto vuelve a mostrar que la cifra de “30 mil desaparecidos” está lejos de ser caprichosa o arbitraria, sino un valor bastante lógico.
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Delitos de Lesa Humanidad vs. teoría de los dos demonios
Otro de los puntos que intenta el Gobierno nuevamente poner en debate es la llamada teoría de los dos demonios, "esta idea que está asociada con la existencia de dos violencias enfrentadas: las guerrillas y las Fuerzas Armadas actuando en nombre del Estado; la relación de acción/reacción entre las guerrillas y la violencia estatal, es decir, la responsabilidad causal de las organizaciones armadas en el inicio de la violencia; la equiparación entre esas dos violencias en relaciones que van desde la equiparación por responsabilidades históricas hasta por la simetría de fuerzas y/o de métodos"; entre otras.
Sin embargo, solo los crímenes durante la última dictadura militar llevados adelante por las Juntas fueron y son considerados de lesa humanidad y no prescriben. En tanto, según una investigación de Chequeado "la jurisprudencia sobre los crímenes cometidos por la guerrilla es distinta: para la Corte Suprema no pueden considerarse delitos de lesa humanidad y, por eso, se considera que ya prescribieron y no puede perseguirse judicialmente a los responsables" (Fuente Chequeado).
Delitos de Lesa Humanidad
La Argentina adhirió, a través de una ley aprobada por el Congreso en noviembre de 2000 al estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, establece en su artículo 7 que los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Asimismo, también en la misma investigación "en 1995 la Argentina adhirió y le dio jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, que establece que este tipo de delitos no pueden prescribir, es decir que los Estados que adhieren tienen la obligación de investigar y sancionar estos hechos y no se puede alegar el paso del tiempo como obstáculo para su juzgamiento".
Es que, "los asesinatos cometidos por organizaciones armadas, de acuerdo con el derecho argentino y el internacional, no son considerados crímenes de lesa humanidad. Esto quiere decir que son delitos que prescriben: la acción penal caduca cuando pasa determinado tiempo". (Fuente: Chequeado).
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