En una proclama que se conoció el 25 de mayo, más de 2.000 referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas, suscribieron a un texto en el que se buscó pedir que se suspendan los pagos por capital e intereses de la deuda.
En el texto reclaman reprogramar vencimientos con organismos financieros internacionales y, además, "priorizar la vida" con respecto a las políticas de pago al FMI. En línea con el proyecto del Frente de Todos, también sostienen que el dinero correspondiente a los Derechos Especiales de Giro (DEG) se utilice para enfrentar la pandemia y no para pagar deuda. Las firmas están encabezadas por Raúl Zaffaroni, Fernanda Vallejos, Héctor Daer, Pablo Moyano y Hugo Yasky. También acompañan Guillermo Moretti, Andrés Gallardo, María Teresa García y Víctor Hugo Morales.
Bajo el lema “Primero la salud y la vida, después la deuda”, más de 2000 referentes políticos, sindicales, científicos, religiosos, académicos, de la cultura y del periodismo, advirtieron que resulta “imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis”.
Los firmantes reclaman, además, la suspensión de los pagos por capital e intereses que el gobierno de Mauricio Macri asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de las acreencias con el Club de París.
El mensaje lo suscribe un amplio abanico de dirigentes, de la talla del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, el secretario General de la CGT, Héctor Daer, el secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Jueces promovido por el Papa Francisco.
Sumaron su apoyo a la Proclama los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, y el intendente de Ensenada, Mario Secco. También acompañaron la propuesta el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y el director de Litigios Penales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Claudio Castelli.
Entre los empresarios, figuran también, Raúl Hutín (Pro-Tejer), Roberto Marquínez (CGE), Daniel Rosatto (IPA), Juan Scioli (CEEN), Marcelo Fernández (CGERA) y Mario Derch (CGI), entre otros.
Además de los mencionados, también acompañan la Proclama del 25 de mayo, los dirigentes sindicales, Sonia Alesso (secretaria General de CTERA), Daniel Catalano (ATE Capital), Roberto Pianelli (Metrodelegados), Daniel Yofra (Aceiteros), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Roberto Baradell (Suteba), Eduardo López (UTE), Héctor Amichetti (Corriente Federal de Trabajadores), Angelica Graciano (UTE), Pablo Miceli (CTAA), Ricardo Peidró (CTAA) y Horacio Ghillini (SADOP), entre otros.
Estos reclamos se sustentan en la grave situación que atraviesa el país, con una pandemia del COVID-19 que no da respiro y amenaza con detener la recuperación económica en curso. Los contagios y las muertes se han espiralizado. La economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la emergencia sanitaria, se ha profundizado aún más.
La Proclama señala asimismo que la pandemia “exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales”. Y, a su vez, remarca que “los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo”.
En otro de sus puntos, aboga por la reprogramación de los vencimientos con los organismos financieros internacionales subordinando los plazos a las verdaderas posibilidades de pago de la República Argentina.
“La deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”, subraya en otro tramo el texto aludido.
También participaron del mensaje una docena de legisladores nacionales. Y llamó la atención la presencia de más de cincuenta economistas heterodoxos, entre ellos, Felisa Miceli, Guillermo Wierzba, Roberto Feletti, Ricardo Arondskind, Noemí Brenta y Jorge Marchini, quienes, junto a Vallejos, integraron el grupo de trabajo que redactó e impulsó la Proclama del 25 de Mayo, además del ex vicepresidente Amado Boudou, el director del Banco Nación Claudio Lozano y la ex ministra de Industria Débora Giorgi. También se solidarizaron desde España, los economistas de la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo Garzón y Jorge Fonseca.
En uno de los párrafos centrales, la Proclama, recuerda que la Argentina se encuentra en un “estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población”.
La iniciativa propone, asimismo, “utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente U$S4.350 millones), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital , intereses o gastos”.
Entre los intelectuales, pensadores y hombres de la cultura, respaldaron la propuesta Horacio González, Jorge Alemán, Rafael Bielsa, Alejandro Rofman (Plan Fenix), Norberto Galasso, Atilio Borón, Ricardo Forster, el pianista Miguel Angel Estrella, Mempo Giardinelli y Mónica Peralta Ramos, junto con más de una docena de rectores de universidades nacionales de todo el país, además de investigadores, académicos y científicos, entre los que destacan los médicos y sanitaristas, visiblemente movilizados por la pandemia.
También se comprometieron con la Proclama del 25 de mayo, los periodistas, Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Stella Calloni, Eduardo Anguita, Sandra Russo, María Seoane, Mariano Beristain, Martín García y Liliana López Foresi, entre otros.
Cabe recordar, que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el FMI una deuda por U$S57.100 millones (de los cuales se desembolsaron alrededor de U$S44.000 millones), que se efectivizó en un contexto de dudosa legalidad, y que se utilizó para para garantizar la fuga de capitales. Macri tomó el préstamo sin cumplir con ningunas de las exigencias legales y administrativas que prevé la normativa vigente de los organismos encargados de fiscalizar y controlar el endeudamiento, y tampoco contó con la aprobación del Congreso.
La Proclama del 25 de mayo pone el acento en tres puntos claves:
1.- “Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno”.
2.- “Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central”.
3.- “Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de la ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país”.
Además de Zaffaroni y Gallardo, entre los juristas también destacan las firmas del juez Juan Ramos Padilla, el ex decano de derecho de la UBA, Mario Kestelboim, el ex juez Luis Arias y los constitucionalistas, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, entre otros. Los términos de la Proclama del 25 de Mayo también contaron con el acompañamiento de los curas de Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna y Paco Olveira; el Padre Pepe (Curas Villeros), el pastor Guillermo Prein (Presidente de la Fundación Centro Cristiano Nueva Vida) y una veintena de referentes religiosos de todo el país.
Ejes centrales de la Proclama del 25 de mayo
• Impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria.
• Reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país.
• Renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes.
• Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos.
• Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI.
• Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina.
• Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país.
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