El voluminoso y vertiginoso proceso de endeudamiento del Estado llevado a cabo por el gobierno de Macri tuvo uno de los pilares de sustentación en la persecución mediática y judicial, inédita en un gobierno constitucional, contra Cristina y varios de los funcionarios de su gobierno.
La deuda pública permite la apropiación privada de dólares y su salida al exterior. Por eso la represión política es imprescindible para neutralizar las voluntades contrarias a ese saqueo de la Nación. La reestructuración socioeconómica de la Argentina perpetrada por la última dictadura cívica-militar no pudo haberse realizado sin la combinación nefasta de capital financiero y terrorismo de Estado.
Cristina, al cierre de su alegato en el juicio del Memorando con Irán, una de las causas judiciales amañadas que conforman el menú persecutorio de la Justicia en su contra, estableció con mucha precisión el vínculo entre el capital financiero especulativo que facilita la fuga de capitales y la represión política.
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El Gobierno ha reestructurado u$s 66.000 millones de deuda pública en moneda extranjera con el sector privado y se encuentra negociando u$s 44.000 millones con el FMI. Una friolera de u$s 110.000 millones contraídos en su mayor parte durante la administración Macri. La salida de capitales durante el período 2016-2019 fue u$s 86.000 millones (BCRA).
Los números son elocuentes, tanto como la alocución de la expresidenta al describir las tropelías cometidas por el Poder Judicial arrollando garantías constitucionales, para silenciar su voz y la de otros.
La llave para abrir la puerta del endeudamiento estatal en los mercados financieros globales fue el pago a los “fondos buitres”.
Estos fondos fueron litigantes contra la Argentina para vulnerar la reestructuración de deuda defaulteada en el 2001, reestructuración que fue ejecutada durante los gobiernos de Néstor y Cristina con los canjes 2005/2010.
La deuda defaulteada recibida por Néstor en el año 2003 ascendía a u$s 82.000 millones, de los cuales se reestructuró con una quita de dos tercios del capital a través de los canjes 2005/2010 la suma de u$s 75.900 millones (92,6%), restando u$s 6.100 millones (7,4%).
Si bien los canjes fueron aceptados masivamente por los tenedores de bonos en default desde el 2001, dentro del minúsculo grupo que no ingresó, un grupo de cuatro fondos que reunían el 0,8% del total defaulteado inició juicio.
Estos fondos son conocidos como “Fondos Buitres” por su práctica de comprar juicios impagos y reclamar en los estrados judiciales resarcimientos usurarios. Lo notable es que la Justicia estadounidense hizo lugar al planteo leonino.
El cuadro que continúa permite apreciar el costo comparado del pago total a los “Fondos Buitres” y bonistas que no ingresaron al canje (7,4%) y los bonistas que sí aceptaron canjear sus acreencias originales (92,6%).
El cuadro revela la enorme diferencia entre los desembolsado durante los canjes 2005/2010 hasta el 2016, momento del pago a los “Fondos Buitres” + Bonistas que no ingresaron.
Afrontar el 92,6% de la deuda reestructurada implicó una erogación total de u$s 49.300 millones a razón de u$s 65 cada u$s 100 en default
El pago al 7,4% restante significó un desembolso de u$s 11.700 millones a razón de u$s 192 cada u$s 100 en default.
La cancelación de la deuda sólo con los “Fondos Buitres” eleva el cálculo promedio a u$s 520 por cada u$s 100 en default, negocio gigantesco de Paul Singer y sus socios. Usura que Cristina se negó tenazmente a convalidar durante su gobierno.
Además de la suma desproporcionada que se abonó para arreglar el reducido remanente de la deuda defaulteada en el 2001, esta operación reconoce otra arista de suma gravedad consistente en que la cancelación se efectuó sin oferta pública de la propuesta.
Los canjes 2005/2010 y la reciente reestructuración de deuda con el sector privado realizada en septiembre pasado se realizaron mediante el procedimiento de colocar la propuesta en las principales plazas financieras globales y recibir las aceptaciones a través de los sistemas de compensación de valores de dichos mercados. Sin duda, esto dota de transparencia a la transacción en cuanto a conocer las condiciones del oferente y la entrega de los viejos títulos para recibir los nuevos por parte de los aceptantes.
El pago del 2016 para arreglar el remanente de la deuda defaulteada en el 2001 se hizo mediante acuerdos bilaterales celebrados por la Secretaría de Finanzas, comandada por Luis Caputo. Se desconoce a quiénes se les pagó y el monto cancelado a cada uno, porque las operaciones no se transaron por los mercados de valores globales. Demasiado opaco para abonar u$s 11.700 millones.
Cristina en su alegato expresa que este daño cometido contra la Nación y el pueblo argentino, al que se agregaría el inexplicable crédito “stand by” otorgado por el FMI, no podría realizarse sin la persecución política contra los opositores.
El comportamiento de los medios de prensa hegemónicos señalando los sujetos a silenciar, la existencia de una “mesa judicial” en el Poder Ejecutivo para armar las causas que maniatarían a los líderes nacionales y la acción del Poder Judicial convalidando el esquema son claves para permitir el endeudamiento del Estado y la fuga de capitales en las magnitudes descriptas.
Este modo de operar de la oligarquía debe ser cancelado definitivamente. Las experiencias luctuosas de la última dictadura cívico-militar y la reiteración con violencia de baja intensidad durante el macrismo no pueden tener un nuevo ciclo.
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