La familia Macri ensaya una nueva táctica para eludir su multimillonaria deuda con el Estado en el caso Correo Argentino. Ahora intentan que el expediente pase a la Justicia porteña, cooptada por Mauricio Macri durante su gestión como jefe de Gobierno y hoy controlada por Horacio Rodríguez Larreta. El objetivo es claro: que este caso lo manejen jueces y fiscales serviles. La Cámara Comercial rechazó el intento, pero todo indica que insistirán ante la Corte Suprema y, termine como termine, implicará una nueva demora en esta causa que lleva más de 19 años.
La presentación para llevar el expediente Correo de la Justicia Nacional a la porteña la hizo Edgardo Próspero Poyard, presidente de SOCMA, la historia firma del holding Macri que controla Correo Argentino. Planteó un recurso de inconstitucionalidad ante la resolución de la Sala B de la Cámara Comercial, donde las juezas María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini rechazaron la recusación de la fiscala Gabriela Boquín. En criollo: como no pudieron sacarse de encima a Boquin ahora quieren que el caso tramite en un fuero adicto.
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Las camaristas Gómez Alonso y Ballerini escribieron: "El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero y la específica cuestión concursal de este proceso, por lo que corresponde su rechazo en forma liminar". Cabe recordar que estas juezas son parte esencial del letargo de este expediente e incluso, como reveló El Destape, que Gómez Alonso visitó la Casa Rosada durante el Gobierno de Macri en pleno desarrollo de este caso.
El objetivo de los Macri es que todo sea controlado por la Justicia porteña cuyas cabezas son absolutamente propias. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presidido por Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el Gobierno de Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe. Son un tribunal que baila al ritmo PRO.
Del lado de las fiscalías, su jefe en la ciudad es Juan Bautista Mahiques, el ariete de la persecución judicial durante la presidencia de Macri que ante la derrota electoral encontró cobijo en la ciudad. Hace unas semanas, un grupo de jueces porteños alertó sobre las medidas que tomó Mahiques para tener bajo control todas las causas que puedan preocupar a Macri o Rodríguez Larreta. Sobre decir que si el caso Correo cae en la Justicia porteña pasará por su escritorio.
Tal como informó El Destape, la recusación a Boquin fue parte de la embestida que incluye aprietes mediáticos y del procurador interino Eduardo Casal, pero no prosperó ya que los fiscales del fuero comercial no pueden ser recusados.
Al recusarla, los Macri llegaron al extremo de plantear que vio afectada su objetividad porque “se siente presionada”. Una clara inversión de la carga de la prueba: es un hecho que la presionaron mediática y judicialmente, que hubo sospechosas fallas en su custodia, que le robaron papeles del caso Correo de su auto, que su gato apareció muerto en la puerta de su casa, que le armaron una falsa denuncia por violencia laboral.
El escrito de la recusación presentado por los abogados de los Macri dice: “El desasosiego personal (e incluso familiar) del que da cuenta la propia Dra. Boquin, y que lo atribuye a su intervención en la presente causa y el ‘hostigamiento y presiones’ (sic.) que siente haber sufrido desde el propio ex Presidente Macri y/o de sus allegados explican, por un lado, la parcialidad de sus opiniones y, lo que es más importante aún, la imposibilidad que siga actuando en la presente causa”. Presionan y luego piden que se aparte. En el juego de la zanahoria y el garrote dejaron de lado el tubérculo.
Ahora dicen que es inconstitucional el rechazo a su intento de apartar a la fiscala Boquin, que fue quien frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos que intentó Macri desde la Presidencia y luego descubrió distintas maniobras de vaciamiento de Correo Argentino. Todo eso terminó en una denuncia penal que, al igual que el caso de la deuda, es cajoneada pero en este caso por el juez Ariel Lijo.
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