Un juez demora el caso de la deuda de la familia Macri con el Estado. Como se usa en las redes, no importa cuando leas esto. Ahora es el turno de Fernando D’Alessandro, que tiene el expediente a partir de que fue recusada la jueza Marta Cirulli justo cuando comenzaba a moverlo, y que deja correr los plazos que en situación normal ya estarían vencidos para que avance el proceso de quiebra de Correo Argentino. En contexto no es menor: D’Alessandro integra la terna que ya tiene en sus manos el presidente Alberto Fernández para ocupar un lugar en Cámara Comercial. Es una vacante en la Sala B, justamente la que interviene hace 19 años en el caso Correo Argentino.
El caso de los Macri y Correo Argentino es la historia de las dilaciones, demoras, maniobras y complicidades judiciales que hicieron que este expediente lleve más de 19 años sin resolverse. En esa trama que les permitió a los Macri no pagar un centavo de su multimillonaria deuda con el Estado participaron las camaristas Maria Lilia Gómez Alonso (que incluso fue a la Casa Rosada en el gobierno de Mauricio Macri en plena tensión del expediente) y Matilde Ballerini y la jueza Marta Cirulli. Ahora se sumó al equipo D’Alessandro, que pretende además sumarse a la Sala B junto a Gómez Alonso y Ballerini.
La terna que tiene el presidente para cubrir este cargo clave en la Sala B de la Cámara Comercial es la siguiente. La encabeza el juez Sebastián Sánchez Cannavó, cuya esposa es la punta de lanza de los aprietes a la fiscala Gabriela Boquin a través de una falsa denuncia de maltrato laboral. En segundo lugar quedó D’Alessandro. La completa María Guadalupe Vázquez, que asoma como la candidata con más chances tanto por currículum y por descarte de los dos anteriores. El Presidente puede elegir y luego el pliego seleccionado deberá pasar por el Senado.
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La cronología para esta nueva demora es la siguiente. Tal como informó El Destape, en diciembre de 2019 las juezas Gómez Alonso y Ballerini resolvieron, con 15 años de demora, “la apertura del Registro de cramdown” o salvataje. El cramdown implica el llamado público a ver si alguien quiere comprar una empresa que no logra ordenar sus deudas, en este caso Correo Argentino. Si eso falla, el siguiente paso es decretar la quiebra.
En agosto de 2020 hubo 5 inscriptos para quedarse con Correo Argentino. Este medio reveló que se trataba de la Organización Courier Argentina SA (OCASA), manejada por Héctor Colella, heredero de Alfredo Yabrán y de vínculo estrecho con Mercado Libre y Marcos Galperín; Transporte Chimiray SRL, del aliado PRO Ramón Puerta; MV Cargo SAS, la figura jurídica para crear sociedades rápidas que implementó el macrismo; Valuaciones SA, que se dedica a la actividad inmobiliaria; y Jorge Alberto Anselmi, que extrañamente se presentó como individuo y no como empresa.
Según establece la ley de Concursos y Quiebras a partir de eso primero hay un informe de los evaluadores para ponerle un precio a la empresa y luego la jueza, hasta entonces Cirulli, tenía que determinar el valor de las acciones de la empresa y corrían 20 días para que finalizara el trámite. De no llegar a buen puerto pasaba a la quiebra de Correo Argentino y el traslado de la responsabilidad de sus deudas a SOCMA, su accionistas. Pero, como diría el propio Macri, pasaron cosas.
El informe se presentó el 15 de octubre de 2020 y dijo que las acciones de Correo Argentino valen cero. Pero incluyó una trampa. El Estudio Urreaga, Cichero y Asociados llegó a la conclusión de que tiene un patrimonio negativo de 15.324 millones de pesos. El Gobierno, representado por el procurador del Tesoro Carlos Zannini, advirtió el engaño y presentó un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación que arroja un negativo de 26.137 millones. La diferencia son 10.813 millones y surgen de que los Macri dan por ganados juicios multimillonarios contra el Estado, algo prácticamente imposible.
La impugnación de la valuación presentada por Zannini fue el 29 de octubre. El 3 de noviembre, Cirulli fue recusada y el expediente pasó a manos del juez D’Alessandro, que tomó nota de que lo recibió al día siguiente. Cirulli, que está imputada como parte del vaciamiento de Correo Argentino, justo había comenzado a agilizar el expediente.
Desde entonces, D’Alessandro no lo movió. De haberlo hecho, los plazos para concluir el trámite del cramdown o, si no se concretaba, la quiebra, ya estarían vencidos, ya que la ley otorga 20 días. Pasaron casi el doble.
En el interín, los Macri redoblaron las presiones mediáticas y judiciales contra la fiscala Boquin, que a su vez está atada de manos en el expediente ya que el mismo D’Alessandro no se lo envía pese a que tiene orden de la Cámara de hacerlo.
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